Hacienda les puede retener el dinero que utilizan para pagar las nóminas de sus empleados hasta que cumplan con su obligación
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La situación de asfixia financiera que padecen numerosos ayuntamientos de la provincia granadina no deja de crecer en esta recta final de año. Un día sí y el otro también, los nuevos regidores municipales que se han hecho cargo de las riendas de los consistorios locales tras las elecciones del pasado 22-M, denuncian públicamente la situación que han heredado y el voluminoso 'paquete' de facturas sin pagar que se acumulan en sus respectivos despachos. La situación ha llegado a tal punto que algunos alcaldes, como el de Albuñol, el 'popular' José María Rivas, no han dudado en tachar la coyuntura de extremadamente crítica, prácticamente de «quiebra técnica».
Y por si fuese poco la situación descrita, resulta que también un buen número de municipios de toda la geografía provincial han agotado ya los anticipos recibidos a cuenta de la recaudación de los impuestos y tasas que les corresponden en el presente ejercicio de 2011. No tienen, por tanto, más capacidad de maniobra que no sea la simple y dura receta de la austeridad. El cortar por lo sano en el gasto corriente de sus consistorios. Y ello puede alcanzar de una forma u otra a las nóminas de sus empleados.
Medidas urgentes
Ante tal panorama, la Agencia Provincial de la Administración Tributaria (APAT), dependiente de la Diputación de Granada, ha tomado medidas de urgencia para insuflar un poco de oxígeno financiero a los ayuntamientos con mayores problemas. Una de las primeras decisiones que ha adoptado a este respecto ha sido, precisamente, aumentar del 75% al 80% los anticipos a cuenta solicitados por los consistorios locales con mayores problemas. Siempre sobre la recaudación de los tributos que les corresponden y para dar liquidez a sus maltrechas arcas. La APAT ya ha concedido tales anticipos a 47 municipios, entre los que se encuentran casos tan significativos como los de 332.000 euros destinados a Santa Fe, los más de 290.000 que han ido a parar a Íllora o los 90.487 que beneficiarán a Montefrío.
Otra de las medidas de urgencia que la Diputación ha decidido poner en marcha y que ha sido muy bien acogida por los ayuntamientos, ha sido la rebaja de la tasa por recaudación de impuestos que la APAT cobra a los consistorios y que pasará del 4% al 2%, lo que supone de entrada un ahorro de 412.998 euros anuales a los 53 municipios que se van a beneficiar de la misma. Si esta medida se extendiese a los 168 ayuntamientos, que no será así puesto que diez no trabajan con la APAT ni parece que tengan ninguna intención de hacerlo, implicaría un ahorro cercano a los dos millones de euros. Entrará en vigor el uno de enero de 2012.
«Lo cierto es que la mayoría de los ayuntamientos granadinos tienen graves problemas de tesorería, porque sus participaciones en los ingresos del Estado son menores debido a los ajustes que ha hecho el Gobierno de España en las liquidaciones de 2008 y 2009», afirma Inmaculada Hernández, diputada de Economía y Hacienda de la Corporación Provincial. Unos ajustes que simple y llanamente, derivan de unas previsiones de ingresos que el Ejecutivo hizo al alza, que supuso que se transfirieran en su momento más fondos de los que en realidad correspondían y ahora al liquidar las cuentas toca pagar, reintegrar el dinero percibido de más por parte de los ayuntamientos. Y éstos se encuentran sin un duro.
El mejor ejemplo de lo relatado lo da la propia Diputación, que a lo largo del próximo ejercicio, como es conocido, tendrá que devolver al Estado la friolera de 50 millones de euros. No será mediante aportación monetaria, sino por compensación. Es decir, la institución granadina recibirá del Estado menos fondos de los que teóricamente le hubieran correspondido. «Nosotros no generamos ingresos, sino que funcionamos con los tributos que nos pasa el Estado y tenemos, por tanto, un problema agravado», apostilla Hernández. La guinda del pastel para la Diputación es su imposibilidad de acudir al endeudamiento externo, por haber superado sobradamente el nivel del 75% que establece la ley.
Más dificultades
Pero como toda situación problemática es susceptible de empeorar -como ha dejado claro la crisis que azota a buena parte del mundo occidental-, ahora los ayuntamientos granadinos tienen en el horizonte inmediato otros nubarrones también considerables. El Estado ya ha advertido a todas las corporaciones locales españolas que no hayan liquidado la denominada 'Cuenta General' en plazo, que vence el uno de octubre, que tendrán retenidas 'sine die' las transferencias que les corresponden. En este punto, Hernández precisa que muchos ayuntamientos granadinos no habían liquidado las citadas partidas de 2010 al 30 de junio pasado por falta de recursos humanos, porque no tienen interventores ni personal cualificado para sustituirles.
Era en esa fecha cuando tenían que haber dado a conocer con pelos y señales la resolución del pasado ejercicio presupuestario. Pero las elecciones municipales de por medio, el cambio en los equipos de gobierno de muchos municipios de todo el país, hizo aconsejable al Ejecutivo central que prorrogase el mencionado plazo hasta el día de hoy, viernes 30 de octubre. Y así lo hizo, tras constatar que prácticamente la mitad de todos los consistorios españoles no habían cumplido con el primero de los plazos.
«A todos los que nos han pedido ayuda, se la hemos prestado y han podido cumplir con esta obligación legal», apunta la diputada de Economía y Hacienda. Y cita los casos de Albondón, Albuñán, Albuñol, Lújar, Orce, Guadahortuna, La Peza además de la entidad local autónoma (ELA) de Fornes y el de Órgiva como los que han sido amparados por la Corporación Provincial.
El último empujón realizado por los consistorios granadinos en el tramo final del mes de septiembre ha permitido que de 40 municipios que quedaban por liquidar su 'Cuenta General' respecto del ejercicio de 2010, la cifra quedara reducida a tan solo quince a la fecha de hoy, último día hábil para presentar la liquidación. Se trata de Alhendín, Galera, Los Guájares, Murtas, Pórtugos, Alamedilla, Chauchina, Gor, Ítrabo, La Tahá, Láchar, Pampaneira, Sorvilán, Valle del Zalabí y Güevejar.
Según la información de que dispone la Diputación Provincial, tales consistorios tienen un presupuesto de ingresos y gastos por un importe total de 21.791.431 euros, que son los que deben de comunicar y justificar ante el Gobierno de España para que éste a su vez no les deje fuera de las transferencias que perciben y con las que hacen frente, entre otras cosas, a las nóminas de sus trabajadores, puesto que tienen el carácter de no finalistas. Esto es, ingresos que cada ayuntamiento puede dedicar a lo que crea más oportuno o más perentorio.
Hoy, por tanto, se agota el plazo para este ramillete de consistorios granadinos. «Están ya en el límite y no deben de jugar con fuego», advierte en este punto Hernández a tan solo una jornada para que se cumpla la obligación establecida por el Gobierno para todos los consistorios españoles.
La citada 'Cuenta General' no es otra cosa que la plasmación de los ingresos y gastos de cada consistorio, los resultados obtenidos, referidos a un ejercicio en concreto. Fruto de las políticas que cada equipo de gobierno ha llevado a cabo. La misma va acompañada de la documentación pertinente, más un informe de la Intervención del municipio. Si el Estado da conformidad a la misma, los ayuntamientos tienen acceso no solo a unos ingresos mensuales directos como los antes citados, sino también a todo tipo de partidas económicas para emplear en campos tan diversos como son el cultural, el de equipamientos, infraestructuras, rehabilitación de edificios. Un dinero que se oferta públicamente y al que los municipios pueden acudir para sufragar sus proyectos. Pero siempre y cuando no mantengan deudas ni con la Seguridad Social ni con Hacienda.
Para José Entrena, portavoz del grupo socialista en la Diputación, el hecho de que aún haya ayuntamientos que no hayan cumplido con su obligación legal de presentar la liquidación de 2010, no obedece a otra cosa que a su falta de medios para poder hacerlo. «Por eso, ya solicitamos hace más de dos semanas que Diputación reforzase el servicio de apoyo a estos pequeños municipios y llevamos al último pleno de la institución una moción a este respecto», afirma el responsable socialista.
Entrena no resta gravedad al hecho de que pueda haber algún ayuntamiento que hoy no presente tal liquidación. Pero acto seguido matiza que las corporaciones locales no se quedan definitivamente sin la transferencia con la que poder funcionar, sino que no la perciben hasta que se ajusten a la legalidad. O lo que es lo mismo, tardarán tanto tiempo en cobrar ese dinero como retrasen la presentación de su 'Cuenta General'.
«Si finalmente quedan cuatro o cinco ayuntamientos fuera de plazo, nosotros le pedimos a la Diputación que les facilite anticipos sobre la recaudación de sus impuestos para que puedan seguir adelante y no queden colapsados», agrega en este punto Entrena.
Causas
Las causas que explican la situación tan grave a la que han llegado numerosos consistorios de toda la provincia son muy diferentes. Para la responsable de Economía y Hacienda de la Diputación, se conjugan varias de ellas, como la caída de recaudación -el galopante impago de impuestos y tasas por parte de los vecinos de sus respectivos municipios-, una menor participación en los ingresos del Estado, un aumento en los costes de funcionamiento de cada consistorio... «Yo no soy partidaria de hablar de situaciones de quiebra técnica, porque los ayuntamientos, pese a todo, sí pueden tomar medidas correctoras, establecer planes de saneamiento, congelar la deuda antigua y refinanciarlas y sobre todo, aplicar una política de contención del gasto», asegura Hernández.
La cuestión, a su modo de ver, es que muchos ayuntamientos granadinos todavía han de ajustarse a la realidad del complicado momento económico en el que viven y no «disparar con pólvora de rey» -como explica Inmaculada Hernández- «como han venido haciendo en los últimos años».
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