La Diputación de Granada afirma que percibió 6.000 euros por la decoración de un museo en Marruecos "sin trámite administrativo" mediante
EUROPA PRESS El equipo de Gobierno en la Diputación de Granada ha asegurado este martes que la mujer de Francisco Cuenca, portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, percibió casi 6.000 euros por decorar un museo en la ciudad marroquí de Xauen sin que existiera "resolución ni trámite administrativo" pertinente.
Este pago se realizó dentro del proyecto Magrec que el área de Cooperación Local, gestionado en el anterior mandato por IU, desarrolló en Marruecos y que tenía como objeto dar a conocer la cultura marroquí a través de una exposición itinerante que finalmente se convirtió en un museo permanente ubicado en un edificio marroquí "sin seguir trámites administrativos, sin informes jurídicos ni resoluciones para las reformas que se llevaron a cabo".
"Qué casualidad que hace unos meses el señor Paco Cuenca defendía que su mujer no tenía relación contractual alguna con la Diputación de Granada y ahora sí aparecen contratos. Porque, señor Cuenca, su mujer sí ha tenido relaciones contractuales con la Diputación en la que gobernaban sus compañeros de partido", ha señalado en rueda de prensa María Merinda Sádaba, diputada delegada de Desarrollo Provincial y Empleo.
La responsable provincial también ha indicado que el citado museo se dotó de mobiliario, material de última tecnología por valor superior a los 10.000 euros e incluso con 1.000 ejemplares de la edición empresa de un libro "que no sabemos cómo se enviaron, pero que nos costaron 30.000 euros". "Pero tal fue la mala actuación del exdiputado de IU Julio Bernardo que él mismo firma un convenio con el gobierno marroquí para cederle todos los bienes instalados en el museo, cuando no tenía competencias para ello", ha apostillado.
Sádaba ha afirmado además que se realizaron trabajos "sin que las personas que facturaron tuvieran capacitación ni cualificación para hacerlo, como el caso de una costurera que cobró por organizar un coloquio sobre lengua marroquí o un arquitecto que vendió muebles al museo". Igualmente, informó que los trabajos se hicieron con contratos menores "sin pasar por pleno ni contar con resolución administrativa".
La diputada ha recordado que Julio Bernardo, diputado de IU y responsable del área de Cooperación Local en ese periodo, achacó estas irregularidades a un "error administrativo", pero señaló María Merinda Sádaba que tendrá que ser un juez "el que determine si se ha podido cometer malversación, trato de favor o cohecho".
Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno y diputado delegado de Función Pública, José Torrente, ha señalado que su área trabaja en la recopilación de información y datos a fin de realizar un expediente informativo que justifique la actuación del anterior gobierno provincial en Marruecos, a través de la empresa pública Granada Desarrollo Innova, "chiringuito que IU puso en marcha para, presuntamente, tramitar proyectos que no se ajustaban a la legalidad sin que tuviéramos conocimiento y manejar nada menos que 3 millones de euros con la absoluta connivencia del expresidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, quien incluso, con fecha 26 de mayo de 2010, firma una resolución a favor de Julio Bernardo delegando en él todas las decisiones sobre el programa Poctefex".
En este sentido, ha adelantado que la próxima semana se citará a todas las personas implicadas en el proyecto Magrec para que den "su versión de los hechos". En concreto, se citará a empresarios, funcionarios y políticos. "Resulta curioso que dentro de este proyecto se dejara fuera a los técnicos", resalta Torrente, quien tampoco se sorprende ante este hecho "dado que todos los procedimientos se han hecho a escondidas".
El portavoz del equipo de gobierno ha tachado de "esperpento político, jurídico y económico" en el que el fin "no justifica los medios" lo sucedido en Marruecos "y que tendrá respuesta en los tribunales, como así anunció el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, se llevaría". "Se han conculcado principios fundamentales para un político, como el de transparencia al pagar dinero a escondidas; igualdad, al contratar a los amigos como el caso de la mujer de Paco Cuenca; legalidad, al haber personas sin competencia firmando contratos que no le correspondían", ha censurado.
A este respecto, ha preguntado qué opina Cuenca de que su mujer percibiera casi 6.000 euros "progresistas" de la Diputación "cuando él lo negó hasta la saciedad". "Ahora nos falta que su número dos en el Ayuntamiento de Granada, María Escudero, aclare cuántos contratos ha firmado su marido, arquitecto de profesión, con la Junta de Andalucía", ha añadido.
La Diputación de Granada ha denunciado que Magrec, Enorcop y Mercamed, los tres proyectos que conforman el programa Poctefex, desarrollado por el anterior equipo de gobierno y con un importe de 3 millones de euros provenientes de fondos europeos, están plagados de "irregularidades". Por un lado, asegura que Enorcop, encaminado a potenciar el desarrollo sostenible en la provincia de Granada, ha acumulado una dejación de funciones manifiesta, poniendo en peligro la rehabilitación del castillo de Carchuna como centro de coordinación y capacitación de energías renovables en la provincia.
Mercamed, creado para fomentar las relaciones entre el tejido empresarial granadino y marroquí, presenta duplicidad de facturas en una feria empresarial, realizada en Tetuán y que costó 300.000 euros, por instalaciones de moqueta, organización o montaje de carpas, cuyos importes son reclamados por empresas granadinas y marroquíes. "Una empresa marroquí, a través del consulado reclama más de 86.000 euros, de los que se supone ha cobrado 30.000 euros desde Granada Innova, cuando esta empresa no podía realizar trabajo porque no tenía actividad ni personal.
También se da el caso de dos empresas granadinas que han certificado que han cobrado pero no han realizado ningún trabajo en la feria Mercamed", ha mantenido María Merinda Sádaba, quien ha aclarado que estas y otras irregularidades "tendrán que ser resueltas por la justicia".
Este pago se realizó dentro del proyecto Magrec que el área de Cooperación Local, gestionado en el anterior mandato por IU, desarrolló en Marruecos y que tenía como objeto dar a conocer la cultura marroquí a través de una exposición itinerante que finalmente se convirtió en un museo permanente ubicado en un edificio marroquí "sin seguir trámites administrativos, sin informes jurídicos ni resoluciones para las reformas que se llevaron a cabo".
"Qué casualidad que hace unos meses el señor Paco Cuenca defendía que su mujer no tenía relación contractual alguna con la Diputación de Granada y ahora sí aparecen contratos. Porque, señor Cuenca, su mujer sí ha tenido relaciones contractuales con la Diputación en la que gobernaban sus compañeros de partido", ha señalado en rueda de prensa María Merinda Sádaba, diputada delegada de Desarrollo Provincial y Empleo.
La responsable provincial también ha indicado que el citado museo se dotó de mobiliario, material de última tecnología por valor superior a los 10.000 euros e incluso con 1.000 ejemplares de la edición empresa de un libro "que no sabemos cómo se enviaron, pero que nos costaron 30.000 euros". "Pero tal fue la mala actuación del exdiputado de IU Julio Bernardo que él mismo firma un convenio con el gobierno marroquí para cederle todos los bienes instalados en el museo, cuando no tenía competencias para ello", ha apostillado.
Sádaba ha afirmado además que se realizaron trabajos "sin que las personas que facturaron tuvieran capacitación ni cualificación para hacerlo, como el caso de una costurera que cobró por organizar un coloquio sobre lengua marroquí o un arquitecto que vendió muebles al museo". Igualmente, informó que los trabajos se hicieron con contratos menores "sin pasar por pleno ni contar con resolución administrativa".
La diputada ha recordado que Julio Bernardo, diputado de IU y responsable del área de Cooperación Local en ese periodo, achacó estas irregularidades a un "error administrativo", pero señaló María Merinda Sádaba que tendrá que ser un juez "el que determine si se ha podido cometer malversación, trato de favor o cohecho".
Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno y diputado delegado de Función Pública, José Torrente, ha señalado que su área trabaja en la recopilación de información y datos a fin de realizar un expediente informativo que justifique la actuación del anterior gobierno provincial en Marruecos, a través de la empresa pública Granada Desarrollo Innova, "chiringuito que IU puso en marcha para, presuntamente, tramitar proyectos que no se ajustaban a la legalidad sin que tuviéramos conocimiento y manejar nada menos que 3 millones de euros con la absoluta connivencia del expresidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, quien incluso, con fecha 26 de mayo de 2010, firma una resolución a favor de Julio Bernardo delegando en él todas las decisiones sobre el programa Poctefex".
En este sentido, ha adelantado que la próxima semana se citará a todas las personas implicadas en el proyecto Magrec para que den "su versión de los hechos". En concreto, se citará a empresarios, funcionarios y políticos. "Resulta curioso que dentro de este proyecto se dejara fuera a los técnicos", resalta Torrente, quien tampoco se sorprende ante este hecho "dado que todos los procedimientos se han hecho a escondidas".
El portavoz del equipo de gobierno ha tachado de "esperpento político, jurídico y económico" en el que el fin "no justifica los medios" lo sucedido en Marruecos "y que tendrá respuesta en los tribunales, como así anunció el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, se llevaría". "Se han conculcado principios fundamentales para un político, como el de transparencia al pagar dinero a escondidas; igualdad, al contratar a los amigos como el caso de la mujer de Paco Cuenca; legalidad, al haber personas sin competencia firmando contratos que no le correspondían", ha censurado.
A este respecto, ha preguntado qué opina Cuenca de que su mujer percibiera casi 6.000 euros "progresistas" de la Diputación "cuando él lo negó hasta la saciedad". "Ahora nos falta que su número dos en el Ayuntamiento de Granada, María Escudero, aclare cuántos contratos ha firmado su marido, arquitecto de profesión, con la Junta de Andalucía", ha añadido.
La Diputación de Granada ha denunciado que Magrec, Enorcop y Mercamed, los tres proyectos que conforman el programa Poctefex, desarrollado por el anterior equipo de gobierno y con un importe de 3 millones de euros provenientes de fondos europeos, están plagados de "irregularidades". Por un lado, asegura que Enorcop, encaminado a potenciar el desarrollo sostenible en la provincia de Granada, ha acumulado una dejación de funciones manifiesta, poniendo en peligro la rehabilitación del castillo de Carchuna como centro de coordinación y capacitación de energías renovables en la provincia.
Mercamed, creado para fomentar las relaciones entre el tejido empresarial granadino y marroquí, presenta duplicidad de facturas en una feria empresarial, realizada en Tetuán y que costó 300.000 euros, por instalaciones de moqueta, organización o montaje de carpas, cuyos importes son reclamados por empresas granadinas y marroquíes. "Una empresa marroquí, a través del consulado reclama más de 86.000 euros, de los que se supone ha cobrado 30.000 euros desde Granada Innova, cuando esta empresa no podía realizar trabajo porque no tenía actividad ni personal.
También se da el caso de dos empresas granadinas que han certificado que han cobrado pero no han realizado ningún trabajo en la feria Mercamed", ha mantenido María Merinda Sádaba, quien ha aclarado que estas y otras irregularidades "tendrán que ser resueltas por la justicia".
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