La Junta aprobará en las próximas semanas la ley para frenar desahucios ideal.es

Griñán ha adquirido este compromiso en la sesión parlamentaria de control al gobierno

 

EFE | SEVILLA

Griñán es interpelado por Zoido. /EFE

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará en las próximas semanas el proyecto de Ley de Defensa de los Consumidores sobre Productos Hipotecarios, que pretende frenar las cláusulas abusivas de las entidades financieras.

Griñán ha adquirido este compromiso en la sesión parlamentaria de control al gobierno, en la que ha respondido a una pregunta de IU sobre la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en relación a la Ley Hipotecaria española, de la que ha dicho que supone "un gran paso adelante porque ampara a los ciudadanos".

Según el presidente de la Junta, se está dando ya "aspecto formal", desde la vicepresidencia del Gobierno, en manos de IU, al proyecto de ley de Defensa de los Consumidores sobre Productos Hipotecarios y, próximamente, se remitirá al Parlamento.

El objetivo de esta normativa es "proteger a la parte más débil" cuando se formaliza un contrato hipotecario.

"Se trata, por tanto, de frenar los desahucios y las ejecuciones hipotecarias, de dar protección a los más débiles", ha insistido Griñán, que ha criticado que se haya tratado de "culpabilizar" de la crisis a quienes suscribieron hipotecas con el argumento de que los españoles han vivido "por encima de sus posibilidades".

"La realidad es que las entidades financieras prestaron por encima de sus posibilidades, lo que está llevando a una situación nueva de exclusión social, una situación profundamente injusta que requiere la atención de todos", ha enfatizado.

El presidente de la Junta ha considerado "urgente" aportar soluciones y, en este sentido, ha recordado las iniciativas adoptadas por la Junta, dentro de sus competencias, como la puesta en marcha en octubre pasado del servicio público del programa andaluz de defensa de la vivienda, que presta apoyo a los afectados por las hipotecas en las ocho provincias.

Además, la Consejería de Fomento y Vivienda se ha dirigido a todas las entidades financieras para que, a través de los registros públicos municipales, se canalice la demanda de viviendas protegidas.

Ya en el ámbito estatal, ha defendido que la iniciativa legislativa popular para la paralización de los desahucios pudiera salir adelante en el Congreso "tal y como se planteó", y ha apostado por una reforma orientada hacia una legislación integral que abarque aspectos como la dación en pago y el "amparo" a las familias afectadas.

Portavoz de IU

El portavoz de IU, José Antonio Castro, ha alertado sobre el drama que viven miles de familias y, en el caso de Andalucía, ha llamado la atención sobre los 84.000 desahucios que se han producido desde 1994.

Ha criticado que ningún gobierno, ni el actual ni los anteriores, haya optado por modificar la Ley Hipotecara, sino más bien por "endurecerla", una realidad "injusta" que ha llevado a que la sociedad civil organizada haya promovido una Iniciativa Legislatura Popular para exigir la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social y la paralización inmediata de todos los desahucios.

"La sociedad civil organizada demuestra más coherencia que la derecha y ha optado por oponerse pacíficamente", ha elogiado Castro, que se ha mostrado convencido de que no va a quedar "impasible" ante la posibilidad de que el PP vote en contra en el Congreso.

Ha acusado al Gobierno central de ejercer la "violencia" contra miles de ciudadanos, una "violencia estructural sobre quienes se han quedado en paro y no pueden hacer frente a una hipoteca abusiva, y violencia contra quienes se atreven a protestar".

"Para el PP, todo el que quiera señalar a los culpables, que tienen nombre y apellidos, comulga con el terrorismo", ha lamentado el portavoz de IU, que ha agregado: "Tenemos la obligación de acabar con esta masacre y de señalar con el dedo la desalmada estrategia del PP".

Castro ha denunciado la supuesta estrategia de "demonización" de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y ha considerado que el Gobierno andaluz tiene la obligación de contribuir a cambiar la situación.

A su juicio, los pasos que ha dado el Gobierno andaluz para acabar con los desahucios "no son suficientes", por lo que ha emplazado al presidente de la Junta a que adopte las medidas oportunas para que la vivienda "deje de ser un bien embargable y sea considerada un derecho, al menos en nuestra tierra".