El delegado de Fomento, Manuel Morales, anuncia que se analizará la situación de cada familia
VÍCTOR OLIVENCIA GRANADA 
La llamada ley antidesahucios, aprobada recientemente por la Junta de Andalucía, permite que el Gobierno autonómico expropie temporalmente a los bancos domicilios que pertenecían a desahuciados en situación delicada. En toda la provincia, ya han sido dos familias las que se han acogido al derecho que garantiza este decreto. Además, en breve, se remitirá otro expediente de expropiación temporal de uso de una vivienda para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, lo que permitirá beneficiarse a una tercera. A la expectativa están muchas más, como admitió el delegado de Fomento en Granada, Manuel Morales: "Hay 40 familias más que se han visto abocadas al desahucio y cuya situación familiar, económica y social está siendo estudiada para ver si se pueden acoger a esta ley".
La valoración de cada situación es un aspecto primordial. Y es que, como aseveró Morales, sólo podrán ampararse los grupos familiares que no puedan hacer frente a su hipoteca como "consecuencia de la crisis económica". Al mismo tiempo, afirmó que existía un conflicto entre distintos puntos de vista: "De un lado están los intereses del pueblo y, del otro, los de la gran banca, que es la que ha provocado esta coyuntura de la que pretende lucrarse cada día".
No una, sino dos veces el Partido Popular de Mariano Rajoy trató de obstaculizar la iniciativa de IU y el PSOE, que pretendía auxiliar a los desahuciados en situaciones límite. Eso, al menos, señaló el delegado. Para él, se trata de un hecho que "violenta la soberanía popular" ya que, como aseguró, la mayoría de la población granadina y andaluza apoya la iniciativa.
Manuel Morales cifró en 200.000 las familias en Andalucía que reclaman una vivienda a la que no pueden acceder, mientras que serían 600.000 las casas actualmente vacías. Su partido realizará actos informativos sobre el problema en diversos barrios de la capital y ayer ya comenzaron con esa labor al repartir folletos con el lema 'Ellos no quieren, pero sí se puede; Andalucía sin Troika'. "Queremos que haya un movimiento ciudadano que muestre al Gobierno y al Partido Popular que queremos una ley que proteja y preserve a las familias y que no se le vaya a ocurrir volver a intentar bloquearla", puntualizó.
La valoración de cada situación es un aspecto primordial. Y es que, como aseveró Morales, sólo podrán ampararse los grupos familiares que no puedan hacer frente a su hipoteca como "consecuencia de la crisis económica". Al mismo tiempo, afirmó que existía un conflicto entre distintos puntos de vista: "De un lado están los intereses del pueblo y, del otro, los de la gran banca, que es la que ha provocado esta coyuntura de la que pretende lucrarse cada día".
No una, sino dos veces el Partido Popular de Mariano Rajoy trató de obstaculizar la iniciativa de IU y el PSOE, que pretendía auxiliar a los desahuciados en situaciones límite. Eso, al menos, señaló el delegado. Para él, se trata de un hecho que "violenta la soberanía popular" ya que, como aseguró, la mayoría de la población granadina y andaluza apoya la iniciativa.
Manuel Morales cifró en 200.000 las familias en Andalucía que reclaman una vivienda a la que no pueden acceder, mientras que serían 600.000 las casas actualmente vacías. Su partido realizará actos informativos sobre el problema en diversos barrios de la capital y ayer ya comenzaron con esa labor al repartir folletos con el lema 'Ellos no quieren, pero sí se puede; Andalucía sin Troika'. "Queremos que haya un movimiento ciudadano que muestre al Gobierno y al Partido Popular que queremos una ley que proteja y preserve a las familias y que no se le vaya a ocurrir volver a intentar bloquearla", puntualizó.
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