Hoy habrá una reunión oficial entre arqueológos y responsables de la Consejería de Cultura
Los arqueólogos parecen respirar tranquilos después de que se les comunicara ayer extraoficialmente que la Consejería de Cultura ha decidido dar marcha atrás en su decisión de paralizar la tramitación de autorizaciones para intervenciones arqueológicas, lo que en la práctica suponía un frenazo a cientos de proyectos de obras privadas y públicas en Andalucía. La Consejería de Cultura no aclaró ayer quiénes ejercerán como inspectores arqueólogos en esas obras: si podrán ser laborales o sólo funcionarios.
Marcos Hunt, presidente del Consejo Andaluz de colegios de Licenciados y Doctores de Ciencias, Letras y Filosofía, en los que se encuadra el colectivo de arqueólogos, se reúne hoy con Mar Alfaro, secretaria general de la Consejería de Cultura para aclarar la situación de los proyectos de intervención arqueológica que llevan paralizados un mes en ese departamento a la espera de autorización, entre ellos la reforma de la Fábrica de Artillería de Sevilla.
Francisco Díaz Morillo, delegado provincial de Cultura y presidente de la Comisión Provincial de Patrimonio, comunicó la pasada semana a los miembros de este organismo que las autorizaciones de los proyectos de intervención arqueológica habían sido paralizadospor una orden interna de la Junta tras la existencia de un informe jurídico que ponía en entredicho la posibilidad de que los laborales pudieran ser inspectores arqueólogos por tratarse de labores correspondientes a funcionarios. La noticia sorprendió a los miembros de la Comisión de Patrimonio, un órgano que tiene que dar el visto bueno a todos los proyectos de obras con cautelas arqueológicas.
El problema es que, salvo en las delegaciones de Cultura de Granada y Málaga, en el resto no hay inspectores arqueólogos funcionarios. Por esa razón, durante los últimos treinta años han sido arqueólogos laborales los que han sido nombrados inspectores en los proyectos de intervención arqueológica autorizados por la Junta.
Para Marcos Hunt, «la orden interna de la Junta de paralizar las intervenciones arqueológicas porque no hay inspectores arqueólogos funcionarios es consecuencia del efecto Alaya. Ahora todo el mundo en la Junta de Andalucía se cuida mucho de no hacer nada que le pueda perjudicar, aunque ello suponga que la Administración andaluza no funcione». Jacobo Vázquez, presidente de la sección de Arqueología del colegio de Huelva y Sevilla de Licenciados y Doctores en Ciencia, Letras y Filosofía, insistió en que «no entendemos cómo se ha podido plantear la paralización de las autorizaciones de los proyectos de intervención arqueológica cuando durante treinta años arqueólogos laborales han estado realizando tareas de inspección sin que haya surgido ningún problema»
Florentino Pozo, arqueólogo contratado para la reforma en la Fábrica de Artillería de Sevilla, recordó que «en la Gerencia Municipal de Urbanismo se planteó en su día si distintos colectivos estaban realizando funciones correspondientes a los funcionarios. Finalmente hubo una sentencia que determinó que los arquitectos laborales podrían realizar tareas de inspección, no así firmar expedientes sancionadores, tarea que sí correspondería a los funcionarios».
En la delegación provincial de Cultura de Sevilla hay sólo tres inspectores arqueólogos laborales, según Vázquez Paz. «No dan abasto con la carga de trabajo en la provincia y no pueden visitar todas las excavaciones arqueológicas. Por lo general sólo pueden ir a las obras importantes, como las realizadas en el Patio Banderas, el Antiquarium de la Plaza de la Encarnación o la plaza del Picadero de Écija».
En la reunión que mantendrán hoy los arqueólogos con la secretaria general de Cultura Mar Alfaro, el colectivo conocerá la versión oficial de la Junta de Andalucía sobre la orden y contraorden respecto a las tramitaciones de proyectos de intervención arqueológicas en obras con cautelas. En esa reunión se clarificará si los arqueólogos laborales de las delegaciones provinciales de Cultura podrán seguir realizando funciones de inspectores y, en caso de no ser así, cómo se solventará el problema.
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