Con amplia experiencia de gestión en el ámbito social, la política malagueña asume el reto de reducir los índices de pobreza y trabajar con los colectivos más desfavorecidos.
CARLOS ROCHA
-Se habrá quitado un peso de encima al librarse de las competencias de Salud.
-No, no. Qué va. Salud hace buen maridaje con Igualdad y Políticas Sociales, pero la gestión de casi el 50% del Presupuesto en una sola consejería hace que el responsable pueda centrarse menos. Lo que pretendía la presidenta era reforzar los pilares del estado del bienestar, pero hay temas que compartimos porque las políticas sociales son muy transversales.
-Pero su Consejería sigue siendo muy amplia. ¿Dónde están las mayores urgencias?
-Uno de nuestros objetivos es consolidar el sistema público de servicios sociales, donde el Gobierno ha recortado un 68%. Tenemos una red que llega a todos los pueblos y es la puerta de entrada de los problemas de las personas.
-¿Cómo piensa hacerlo?
-Vamos a llevar pronto al Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Servicios Sociales, que va a permitir universalizar la prestación. La idea es que todos los ciudadanos tengan un centro y un profesional de referencia. Sería una forma de implantar la atención primaria en servicios sociales, como la que ya existe en salud. Habrá una cartera de servicios básicos y otros que dependerán de la situación de las personas. A ello dedicaremos un presupuesto de 550 millones en colaboración con las entidades locales.
-Muchos ayuntamientos tienen problemas financieros. ¿Será un problema?
-Nosotros hemos mantenido la financiación, pero han dejado de recibir la parte del plan concertado que dependía del Gobierno. Somos una de las comunidades que más aporta a los servicios sociales, pero los ayuntamientos han recibido un mazazo con la ley de la reforma local de Montoro.
-¿A qué se refiere?
-El ahorro de esa ley se hace en el capítulo de personal, pero en Andalucía hay 45.000 personas trabajando en dependencia y 30.000 en servicios sociales. Si los consistorios no son competentes para atender a sus vecinos estaremos ante un grave problema a 31 de diciembre. Finalmente, parece que no, porque lo han resuelto mediante una carta que vincula la aplicación de la ley a la reforma de la financiación autonómica. El Gobierno es como un bombero pirómano, que ha incendiado la administración local, ha provocado una preocupación en los profesionales y lo apaga con una carta.
-Otra de las tareas de su Consejería es reducir las cifras de pobreza y riesgo de exclusión social.
-El mapa de la pobreza ha cambiado. Antes se concentraba en determinadas zonas, pero ahora hay muchas personas de clase media que no cobran ninguna prestación y no tienen empleo. El Gobierno de Andalucía está comprometido con la generación de puestos de trabajo, pero a nosotros nos toca la protección social y trabajar con los colectivos especialmente vulnerables. Ahí contamos con el decreto de inclusión, que saldrá el año que viene y pretende vincular estas políticas al empleo.
-La Junta cuenta en este ámbito con el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el llamado salario social.
-Es un ingreso para las personas que no tienen trabajo. En colaboración con la Consejería de Empleo, hemos conseguido que los beneficiarios de los planes extraordinarios de empleo sean personas que reúnan los requisitos para optar a un salario social para que puedan conseguir trabajo antes que un ingreso sin empleo. De esta manera, las personas cobran más, cotizan y generan sus propios derechos. Además la gente no quiere cobrar sin trabajar.
-¿Está teniendo resultado?
-Cuesta trabajo, porque hasta que no lo rodemos vamos a tener dificultades. Uno de los objetivos europeos para 2020 es luchar contra la pobreza y en las zonas más desfavorecidas vamos a hacer programas específicos. Para todo ello tenemos un presupuesto de 16 millones de euros en 2016.
-¿Es compatible con el Ingreso Mínimo Vital que propone el PSOE en su programa?
-La idea responde a dos realidades. Cada vez hay más personas que no tienen ningún tipo de ingreso y, por otra parte, hay familias que se mantienen con sueldos tan bajos que casi viven en la pobreza. Hay que complementar entre la sustitución de rentas del trabajo, que correspondería al Gobierno, y el apoyo a las familias con pocos ingresos, que sería competencia de las comunidades. Una sociedad avanzada no se debe permitir que haya personas que se queden descolgados. Sería inmoral.
-¿Contempla medidas inmediatas para ayudar a estas familias?
-En el decreto de inclusión hay una partida para financiar las ayudas de los ayuntamientos para pagar suministros básicos, como la factura de la luz o el agua. Ese decreto mantiene las líneas y la financiación de otros anteriores, con 160 millones en las cuentas para 2016.
-¿Quiénes son los más afectados por estos problemas?
-La crisis está teniendo cara de mujer y de niño. Para nosotros es muy importante el programa de garantía alimentaria y el de tres comidas. En lo que llevamos de curso se han superado los 20.000 niños que reciben ese suplemento. También destacan las personas mayores, para los que hay planes específicos en alimentación y con el complemento de las pensiones contributivas, que mantenemos.
-La convocatoria de ayudas para el trabajo con colectivos vulnerables en 2015 se quedó en algo más de dos millones de euros, frente a los casi 30 millones de otros ejercicios.
-Sólo sacamos una parte muy pequeña de las subvenciones de 2015. Con los créditos de este año abonamos las ayudas de 2014 y ahora contemplamos una partida doble en los presupuestos de 2016 para atender las de este año a ejercicio vencido, pero también las del año próximo. Eso dará a la gente tranquilidad, porque estaban trabajando sin saber qué iba a pasar con la financiación.
-¿Hay algún proyecto preparado para atender a los refugiados?
-Aunque es competencia de la Consejería de Justicia e Interior, estamos coordinados con ellos para atenderlos en temas de alojamiento. Nuestra labor en este ámbito la realizamos en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que trabaja con ONG en el territorio para evitar que haya movimientos de población y tiene incluso más presupuesto que su entidad homóloga a nivel nacional, aunque este año la dotación sea la misma que la de 2015, con 46 millones.
-¿Ve solución al problema de financiación de la dependencia?
-El Gobierno andaluz y la presidenta pedimos un pacto nacional para desarrollar un derecho importantísimo que parece que se quieren cargar. El propio Rajoy dijo hace poco que no era sostenible. Hay 179.413 beneficiarios en Andalucía que son personas que no se valen por sí mismas y que las familias o no pueden atender o están desbordadas. Además, tenemos que sumar las 190.000 personas del programa de teleasistencia, que financia la Junta. Sin ese proyecto, muchas familias tendrían que llevarse al mayor a su casa o ponerle una persona para que lo cuide y eso puede provocar un problema económico.
-¿La Junta está al límite de sus posibilidades de gasto en lo que a dependencia se refiere?
-Estamos priorizando, que es lo que hay que hacer en política. El 83% del Presupuesto para 2016 se dedica a derechos sociales. Podríamos cubrir toda la demanda de la dependencia si el Gobierno en vez de poner el 22% de la financiación pusiera el 50% que es lo que había cuando el Rajoy llegó a Moncloa. En Andalucía primamos los servicios de cercanía, la ayuda a domicilio, la teleasistencia y las unidades de distancia diurna. Dejamos la residencia para cuando el resto de prestaciones no cubren las necesidades. Hay un compromiso de aumentar la dotación para la dependencia en un 10% en la legislatura y este año comenzamos con 25 millones más.
-Juanma Moreno dijo en un Pleno de octubre que hay 25.000 personas que se han dejado de atender en los últimos años.
-Claro. Se han dejado de atender incluso más. Todos los que estaban en 2012 cuando ellos paralizan la ley y otros que desgraciadamente ya no están. Que lo diga el secretario de Estado que firmó el recorte... Creo que hay cierto grado de desfachatez cuando el ministro Alonso nos pregunta en qué nos gastamos el dinero de la dependencia. Nos lo gastamos en atender a la gente y en reforzar lo que ellos dejan de financiar. Hay que llegar a un acuerdo para sostener un derecho básico que es de los más queridos y reconocidos por la ciudadanía. Las encuestas dicen que a la gente no le importa pagar más impuestos si sirven para pagar el servicio de dependencia.
-Respecto a la violencia de género, ¿dónde se centran las políticas de su Consejería?
-La prioridad es la prevención y la protección de las mujeres. Educar en igualdad es básico y hay que prestar mucha atención a la violencia de género en personas de menos de 30 años a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Hemos detectado que hay una gran actitud sexista en los adolescentes y tenemos programas al respecto. También tenemos un proyecto de ley de lucha contra la violencia de género que abre el concepto de víctima a los hijos de las mujeres maltratadas.
-No, no. Qué va. Salud hace buen maridaje con Igualdad y Políticas Sociales, pero la gestión de casi el 50% del Presupuesto en una sola consejería hace que el responsable pueda centrarse menos. Lo que pretendía la presidenta era reforzar los pilares del estado del bienestar, pero hay temas que compartimos porque las políticas sociales son muy transversales.
-Pero su Consejería sigue siendo muy amplia. ¿Dónde están las mayores urgencias?
-Uno de nuestros objetivos es consolidar el sistema público de servicios sociales, donde el Gobierno ha recortado un 68%. Tenemos una red que llega a todos los pueblos y es la puerta de entrada de los problemas de las personas.
-¿Cómo piensa hacerlo?
-Vamos a llevar pronto al Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Servicios Sociales, que va a permitir universalizar la prestación. La idea es que todos los ciudadanos tengan un centro y un profesional de referencia. Sería una forma de implantar la atención primaria en servicios sociales, como la que ya existe en salud. Habrá una cartera de servicios básicos y otros que dependerán de la situación de las personas. A ello dedicaremos un presupuesto de 550 millones en colaboración con las entidades locales.
-Muchos ayuntamientos tienen problemas financieros. ¿Será un problema?
-Nosotros hemos mantenido la financiación, pero han dejado de recibir la parte del plan concertado que dependía del Gobierno. Somos una de las comunidades que más aporta a los servicios sociales, pero los ayuntamientos han recibido un mazazo con la ley de la reforma local de Montoro.
-¿A qué se refiere?
-El ahorro de esa ley se hace en el capítulo de personal, pero en Andalucía hay 45.000 personas trabajando en dependencia y 30.000 en servicios sociales. Si los consistorios no son competentes para atender a sus vecinos estaremos ante un grave problema a 31 de diciembre. Finalmente, parece que no, porque lo han resuelto mediante una carta que vincula la aplicación de la ley a la reforma de la financiación autonómica. El Gobierno es como un bombero pirómano, que ha incendiado la administración local, ha provocado una preocupación en los profesionales y lo apaga con una carta.
-Otra de las tareas de su Consejería es reducir las cifras de pobreza y riesgo de exclusión social.
-El mapa de la pobreza ha cambiado. Antes se concentraba en determinadas zonas, pero ahora hay muchas personas de clase media que no cobran ninguna prestación y no tienen empleo. El Gobierno de Andalucía está comprometido con la generación de puestos de trabajo, pero a nosotros nos toca la protección social y trabajar con los colectivos especialmente vulnerables. Ahí contamos con el decreto de inclusión, que saldrá el año que viene y pretende vincular estas políticas al empleo.
-La Junta cuenta en este ámbito con el Ingreso Mínimo de Solidaridad, el llamado salario social.
-Es un ingreso para las personas que no tienen trabajo. En colaboración con la Consejería de Empleo, hemos conseguido que los beneficiarios de los planes extraordinarios de empleo sean personas que reúnan los requisitos para optar a un salario social para que puedan conseguir trabajo antes que un ingreso sin empleo. De esta manera, las personas cobran más, cotizan y generan sus propios derechos. Además la gente no quiere cobrar sin trabajar.
-¿Está teniendo resultado?
-Cuesta trabajo, porque hasta que no lo rodemos vamos a tener dificultades. Uno de los objetivos europeos para 2020 es luchar contra la pobreza y en las zonas más desfavorecidas vamos a hacer programas específicos. Para todo ello tenemos un presupuesto de 16 millones de euros en 2016.
-¿Es compatible con el Ingreso Mínimo Vital que propone el PSOE en su programa?
-La idea responde a dos realidades. Cada vez hay más personas que no tienen ningún tipo de ingreso y, por otra parte, hay familias que se mantienen con sueldos tan bajos que casi viven en la pobreza. Hay que complementar entre la sustitución de rentas del trabajo, que correspondería al Gobierno, y el apoyo a las familias con pocos ingresos, que sería competencia de las comunidades. Una sociedad avanzada no se debe permitir que haya personas que se queden descolgados. Sería inmoral.
-¿Contempla medidas inmediatas para ayudar a estas familias?
-En el decreto de inclusión hay una partida para financiar las ayudas de los ayuntamientos para pagar suministros básicos, como la factura de la luz o el agua. Ese decreto mantiene las líneas y la financiación de otros anteriores, con 160 millones en las cuentas para 2016.
-¿Quiénes son los más afectados por estos problemas?
-La crisis está teniendo cara de mujer y de niño. Para nosotros es muy importante el programa de garantía alimentaria y el de tres comidas. En lo que llevamos de curso se han superado los 20.000 niños que reciben ese suplemento. También destacan las personas mayores, para los que hay planes específicos en alimentación y con el complemento de las pensiones contributivas, que mantenemos.
-La convocatoria de ayudas para el trabajo con colectivos vulnerables en 2015 se quedó en algo más de dos millones de euros, frente a los casi 30 millones de otros ejercicios.
-Sólo sacamos una parte muy pequeña de las subvenciones de 2015. Con los créditos de este año abonamos las ayudas de 2014 y ahora contemplamos una partida doble en los presupuestos de 2016 para atender las de este año a ejercicio vencido, pero también las del año próximo. Eso dará a la gente tranquilidad, porque estaban trabajando sin saber qué iba a pasar con la financiación.
-¿Hay algún proyecto preparado para atender a los refugiados?
-Aunque es competencia de la Consejería de Justicia e Interior, estamos coordinados con ellos para atenderlos en temas de alojamiento. Nuestra labor en este ámbito la realizamos en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que trabaja con ONG en el territorio para evitar que haya movimientos de población y tiene incluso más presupuesto que su entidad homóloga a nivel nacional, aunque este año la dotación sea la misma que la de 2015, con 46 millones.
-¿Ve solución al problema de financiación de la dependencia?
-El Gobierno andaluz y la presidenta pedimos un pacto nacional para desarrollar un derecho importantísimo que parece que se quieren cargar. El propio Rajoy dijo hace poco que no era sostenible. Hay 179.413 beneficiarios en Andalucía que son personas que no se valen por sí mismas y que las familias o no pueden atender o están desbordadas. Además, tenemos que sumar las 190.000 personas del programa de teleasistencia, que financia la Junta. Sin ese proyecto, muchas familias tendrían que llevarse al mayor a su casa o ponerle una persona para que lo cuide y eso puede provocar un problema económico.
-¿La Junta está al límite de sus posibilidades de gasto en lo que a dependencia se refiere?
-Estamos priorizando, que es lo que hay que hacer en política. El 83% del Presupuesto para 2016 se dedica a derechos sociales. Podríamos cubrir toda la demanda de la dependencia si el Gobierno en vez de poner el 22% de la financiación pusiera el 50% que es lo que había cuando el Rajoy llegó a Moncloa. En Andalucía primamos los servicios de cercanía, la ayuda a domicilio, la teleasistencia y las unidades de distancia diurna. Dejamos la residencia para cuando el resto de prestaciones no cubren las necesidades. Hay un compromiso de aumentar la dotación para la dependencia en un 10% en la legislatura y este año comenzamos con 25 millones más.
-Juanma Moreno dijo en un Pleno de octubre que hay 25.000 personas que se han dejado de atender en los últimos años.
-Claro. Se han dejado de atender incluso más. Todos los que estaban en 2012 cuando ellos paralizan la ley y otros que desgraciadamente ya no están. Que lo diga el secretario de Estado que firmó el recorte... Creo que hay cierto grado de desfachatez cuando el ministro Alonso nos pregunta en qué nos gastamos el dinero de la dependencia. Nos lo gastamos en atender a la gente y en reforzar lo que ellos dejan de financiar. Hay que llegar a un acuerdo para sostener un derecho básico que es de los más queridos y reconocidos por la ciudadanía. Las encuestas dicen que a la gente no le importa pagar más impuestos si sirven para pagar el servicio de dependencia.
-Respecto a la violencia de género, ¿dónde se centran las políticas de su Consejería?
-La prioridad es la prevención y la protección de las mujeres. Educar en igualdad es básico y hay que prestar mucha atención a la violencia de género en personas de menos de 30 años a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Hemos detectado que hay una gran actitud sexista en los adolescentes y tenemos programas al respecto. También tenemos un proyecto de ley de lucha contra la violencia de género que abre el concepto de víctima a los hijos de las mujeres maltratadas.
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