Como antropólogo y como andaluz, Doñana me interesa extraordinariamente. Sus especificidades geológicas, hidrológicas, de flora y de fauna, le han merecido el reconocimiento como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Pero esta su situación actual de santuario de la naturaleza no hubiera sido posible si no fuera porque en su territorio se ha venido dando, a través de siglos, una especial interacción entre los factores naturales y las poblaciones del entorno: unas formas no agresivas de aprovechamiento económico y de intervención que produjeron específicas formas de vida y de culturas del trabajo y un imaginario sobre las marismas y su hábitat cargado de simbolismos, rituales y evocaciones (baste citar la aldea del Rocío y su famosa romería como un ejemplo, aunque existen muchos más).
Por ello, Doñana es hoy uno de los referentes identitarios de Andalucía como país, y no sólo de las comarcas a las que pertenece o la circundan. Doñana es Patrimonio de la Humanidad porque, antes de nada, es Patrimonio Andaluz; un bien común de los andaluces que hemos sabido mantener para goce propio y de cuantos sean sensibles con los prodigios de la Naturaleza y de la Cultura.
Por estas razones, no puedo entender, o en cualquier caso no puedo, ni quiero, aceptar, que ese bien común, ese Patrimonio de los andaluces y de la humanidad, se ponga en riesgo por la avidez de quienes no tienen otra ética que la de conseguir los mayores beneficios económicos al más corto plazo a costa de lo que sea. En este caso, a costa de Doñana.
Ya desde hace unas décadas, la complicidad explícita o la permisividad de las administraciones (estatal y de la Junta de Andalucía) vienen poniendo en peligro la continuidad del Parque (tanto del "Nacional" como del "Natural") al hacerse un uso inadecuado del acuífero y las corrientes de agua imprescindibles para mantener el humedal que constituye el corazón del mismo. El establecimiento, en su inmediata vecindad, de una agricultura intensiva que requiere un volumen muy alto de agua ha hecho multiplicarse no sólo las hectáreas de cultivo -de las que hoy nada menos que 3.000 son ilegales- sino las balsas de riego, de las que existen más de 1.700 cuando legalmente no deberían pasar de 300. El resultado, bien previsible, es que cada año hay menos agua para Doñana, por lo que la sostenibilidad de su frágil ecosistema se hace inviable.
Las actividades mineras en el entorno son otra amenaza. Hace ya casi dos décadas, el Parque pudo sufrir daños irreversibles cuando la riada de residuos tóxicos resultado de la catástrofe de la mina de Aznalcóllar estuvo a punto de entrar en él. Tras la paralización de varios años, ahora la fiebre extractivista y la demagogia política quieren abrirla otra vez, como han abierto otras explotaciones cercanas igualmente peligrosas.
Ahora, un tercer factor, más peligroso aún que los anteriores, amenaza con destruir Doñana: la utilización de su subsuelo como almacén de gas. Esta barbaridad, que no es sólo un proyecto sino que ya está en ejecución parcial, junto con las prospecciones marinas (Plataforma Poseidón) que se están desarrollando, con muy poca publicidad, en las costas del Algarve y el Golfo de Cádiz para detectar petróleo o gas, ponen en riesgo no sólo al Parque sino a las poblaciones de un territorio mucho más extenso. Y ello, no sólo por posibles accidentes o mareas negras sino, sobre todo, por la "sismicidad inducida" que dichas actividades provocan, como señalan los Informes de los geólogos. Dicho con otras palabras, las inyecciones de gas en el subsuelo y los sistemas de prospección (fracking y otros) pueden producir movimientos sísmicos y tsunamis en una zona ya de por sí propensa a tenerlos por razones naturales, como atestigua lo ocurrido en los dos mil últimos años. El suroeste peninsular es un verdadero "polvorín sísmico", pero esto no parece importar a las multinacionales petroquímicas y gasísticas. Ellas a lo suyo, que es multiplicar sus beneficios, con la complicidad o aceptación de quienes, en las instituciones políticas, deberían ponerles freno.
Frente a esta situación, la sociedad civil está comenzando a moverse y a exigir medidas de protección integral para Doñana, que es no sólo Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad sino también Patrimonio Cultural y Bien Común de los andaluces: uno de los más importantes referentes de nuestra identidad como pueblo.
Catedrático Emérito de la Universidad de Sevilla
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