MARÍA CAMPOS
Son tiempos malos para hablar de ciudad, vivienda y vecindad en nuestro municipio y tiempos complicados para lograr que se escuche la propuesta de emprender un camino hacia ciudades integradoras para las personas que vivimos en ella. Ante este contexto, ¿es tan disparatado plantear que la ciudad debe diseñarse para las personas que la van a habitar y entender que la planificación urbanística tiene un gran impacto en las dinámicas sociales? ¿Es tan complicado buscar una solución lógica a la premisa "gente sin casa, viviendas vacías" y reclamar que la administración intervenga en un mercado desproporcionado que no responde a una realidad socioeconómica dramática?. ¿Es tan difícil de entender que el derecho a una vivienda digna implica mucho más que el derecho a un techo y que existe también el derecho a la vecindad, a desarrollarse comunitariamente en un barrio?
Nuestra realidad local, la de la gente empobrecida por la situación laboral y la falta de recursos sociales, sólo podemos definirla como emergencia habitacional. El precio medio de alquiler de la vivienda en el mercado libre supera con creces los ingresos mensuales de muchas familias, rondando en una media de entre 300 y 500 euros. Y a ello hay que añadirle los gastos de suministros, los cuales son desproporcionados, no sólo por el atraco avalado por los poderes públicos de las suministradoras, sino también por la falta de eficiencia energética de las mismas. Esto implica que el alquiler de una vivienda convencional se convierta en una utopía para muchas unidades familiares, que se ven abocadas a compartir gastos conviviendo con otras familias y/o personas. De esta manera, el hacinamiento es la única estrategia posible para mantener un techo, siendo una solución poco estable, porque la convivencia en espacios reducidos con familias completas conlleva unas dificultades añadidas que hacen que la duración de este remedio casero sea muy temporal.
¿Y qué proponen las administraciones ante esta situación? Ayudas económicas que casi caen en el olvido, como es el caso de la que propone la Junta de Andalucía, con una espera de más de un año para percibir las concedidas en el 2015... y el pronóstico de las ayudas de 2016 no pinta mejor. Una ayuda económica para paliar una necesidad urgente no puede tardar años en resolverse, ya que se pierde el sentido de la misma y se convierte en una burla a la ciudadanía y a su situación de precariedad. Y no se trata de que no sepan hacerlo (recordemos la eficacia de la renta de emancipación, también gestionada por la Junta de Andalucía), es que no se puede continuamente vender humo.
A nivel municipal hay ayudas de emergencia puntuales y un acuerdo para paralizar los cortes de luz y fraccionar los pagos. Las entidades sociales somos parte de esta dinámica de ayudas puntuales que se dan 'sobre la marcha' y que funcionan más como tirita que como cura. La intervención siempre se centra en las personas empobrecidas, nunca en los sectores que contribuyen a ello, como el sector inmobiliario o las suministradoras. ¿Sería posible empezar a pensar en cambiar dinámicas para que el pobre deje de tener que ser ayudado?
Nuestros vecinos están perdiendo sus hogares constantemente. La imposibilidad de pago de las rentas de alquiler hace que tengan que mudarse una y otra vez de vivienda, cambiando de barrio y de vecinos. Huir de un posible desahucio debido a impagos reiterados hace que las unidades familiares se vean obligadas a una especie de nomadismo habitacional que impide el arraigo y el desarrollo comunitario en nuestra ciudad. Caso especialmente vulnerable es el de la población con la que trabaja Granada Acoge, que no tiene apoyos familiares y para la que el efecto dominó (pérdida de trabajo-pérdida o falta de derecho a prestación social-pérdida de ingresos-pérdida de vivienda-pérdida de libertad) va mucho más rápido, por lo que la pérdida de la vivienda llega antes, con las consecuencias que esto supone.
Además, en muchas ocasiones no tiene acceso a recursos porque prima su situación administrativa. A esto hay que añadir la feminización de la pobreza y la situación tremendamente dramática de las mujeres inmigrantes cabezas de familia monoparental, que suelen sufrir la precariedad laboral en su máxima expresión, dada la falta de recursos de apoyo para la conciliación, la desprotección y el desamparo.
¿Y a donde se mudan? Pues a las únicas zonas donde los alquileres pueden sufragarse; a los barrios ignorados y maltratados, segregados. Éstos están cada vez más cargados de problemas porque nos empeñamos en no integrar el barrio a la ciudad, donde los alquileres son gestionados por la ineficiencia de la administración en su parque público. Y ahí ubicamos dispositivos de acogida, viviendas de protección social, etc., creándose un submundo que queda ajeno al parque temático de la ciudad.
Hay que posicionarse políticamente ante las viviendas vacías. Hay que intervenir en el mercado de alquiler. Hay que hablar del derecho al arraigo en un barrio, a la vecindad, a la convivencia.
Hay que visionar la ciudad como un todo integrado y no desmigado. Hay que trabajar en red y entender que todos los campos están interrelacionados. Hay que intervenir en el sistema que provoca el problema y no sólo en las situaciones de quienes lo padecen. La Oficina Social de la Vivienda Municipal está siendo una herramienta importante para afrontar la problemática. Y la red vivienda, espacio al que pertenecemos, es una experiencia positiva de coordinación y trabajo conjunto de entidades del ámbito habitacional. De ahí nace el espacio técnico de coordinación, donde además de la red vivienda participan las administraciones competentes, como la oficina social de la vivienda del Ayuntamiento de Granada y VISOGSA (Empresa Provincial de Vivienda suelo Equipamiento de Granada). Son espacios que generan coordinación, propuestas y apuestas por una ciudad para todas y todos.
Podemos hacerlo mejor y es el momento de aunar fuerzas y cambiar la perspectiva.
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