El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha alertado este miércoles durante su intervención ante el Pleno del Parlamento del aumento de la desigualdad en la comunidad, como uno de los legados de la crisis, y de la "situación crítica de pobreza" que están soportando muchas familias.
Durante la presentación del Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2016, Maeztu ha explicado que en ese año se recibió un 15 por ciento más de quejas y consultas que en 2015 y ha indicado que la crisis económica ha vuelto a protagonizar "gran parte" de las actuaciones de la institución, lamentando que "la desigualdad económica haya pasado a ser una desigualdad social" y que "la brecha se haya agudizado tanto que es insoportable la situación de desigualdad que se está dando.
Tras señalar que 22.492 personas requirieron su intervención, Maeztu ha indicado que la Defensoría gestionó durante el pasado año 10.128 quejas, de las que 7.103 fueron nuevas --6.900 a instancia de parte y 203 de oficio--, un 15,1 por ciento más que en 2015, y atendió 10.811 consultas (también un 15,7% más), lo que sumado a las 507 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etcétera) ofrece un balance global de 21.446 actuaciones por parte del Defensor del Pueblo Andaluz en 2016.
Según el Defensor, dichas quejas están relacionadas un año más con el personal del sector público (1.272 quejas), la vivienda (1.061), la educación (968) o los menores (878).
Respecto a la situación de desigualdad, Jesús Maeztu ha puesto el acento en varios asuntos a partir de las quejas de los ciudadanos: la prestación sanitaria no es igual en todos los territorios por razones geográficas; la educación no es equitativa para los niños que reciben clases en infraestructuras deficientes o para el grupo de alumnos con discapacidad; no todas las casas son un techo digno, o tienen suministros vitales de luz y agua; no todos tienen acceso a una justicia igual para todos, por la situación que padecen algunas sedes judiciales ante la falta de recursos, infraestructuras o medios humanos; no todos disfrutan de la siempre prometida reforma de la política fiscal ni pagan todos según sus ingresos y bienes, y la condición de muchos de diversidad funcional, de inmigrantes y solicitantes de asilo, los convierte en ciudadanos excluidos y marginados.
Igualmente, ha resaltado la preocupación especial que este año ha provocado la crisis de los refugiados; los retrasos en el pago del salario social, o la preocupación ciudadana sobre el acoso escolar, que motivaron sendos informes especiales.
Ha apuntado que las materias que afectan al Estado de Bienestar han copado el 59 por ciento de las actuaciones, seguidas de las relacionadas con la sostenibilidad de las ciudades y el territorio, y las reclamaciones en materia de justicia. La Administración ha aceptado la actuación de la Defensoría en el 94 por ciento de los casos cerrados en los que había detectado que existía una irregularidad y solo en el seis por ciento no se han atendido sus resoluciones, dando cuenta de ello al Parlamento.
Por materias, en sanidad, el informe del Defensor se refiere a la "intensa" movilización social de 2016 por las denominadas fusiones hospitalarias, y "la sensación de pérdida de calidad de la atención sanitaria", aunque la institución reitera "su apoyo decidido" al sistema público de salud" y precisa que su intervención ha sido mayormente requerida en el ámbito de la atención especializada.
En educación, señala que la institución continúa la tendencia a una reducción de quejas por los procesos de escolarización y un repunte de protagonismo de la equidad en la educación, con un "incremento" de reclamaciones sobre el servicio complementario de comedor escolar, de padres "lamentándose de que los centros no dispongan de todos los recursos para atender debidamente a sus hijos afectados por algún tipo de discapacidad" o sobre el acceso a las becas.
En relación a los servicios sociales, el Defensor ha lamentado que los problemas en torno a las ayudas por dependencia "siguen apareciendo irremediablemente año tras año en el informe anual" y considera que continúa siendo "especialmente problemática" la situación especial de las personas dependientes afectadas por una discapacidad.
En el tema de la vivienda, Maeztu ha insistido en que "no existen" viviendas protegidas públicas "suficientes" destinadas al sector de población con una economía precaria, y alude a los problemas que ha ocasionado la tramitación de algunas convocatorias como las ayudas al alquiler.
Por su parte, en el ámbito del empleo, la Defensoría ha incidido un año más en la "mala orientación" de las políticas activas de empleo y ha abogado por "evaluar las políticas públicas de empleo o se repetirán los mismos errores". Ha considerado "bastante grave que no se haya empleado el dinero de la formación por el deterioro de la gestión procedimental de los cursos de formación".
Sobre menores, Maeztu ha instado a no olvidar a los niños afectado por la pobreza, especialmente en los últimos tiempos debido a la crisis económica, al tiempo que asegura que asisten a una infancia "todavía demasiado invisible" como son los menores víctimas de trata de seres humanos, los menores extranjeros no acompañados y los menores refugiados. INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS
Por su parte, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha indicado que en Andalucía no se han cerrado ni colegios ni hospitales y los ciudadanos saben que tenemos unos servicios públicos de calidad y ha denunciado la "deslealtad" del Gobierno del PP con esta comunidad, sobre todo con lo que está ocurriendo con el techo de gasto y el déficit.
La diputada del PP-A Rosalía Espinosa ha indicado que el Gobierno andaluz no ha trabajado para atajar los problemas que el informe del Defensor del Pueblo refleja en su informe, como la pobreza infantil y de las familias o los relativos a la sanidad y educación pública. Ha indicado que en varios informes se constata que son miles de millones los que la Junta ha dejado de ejecutar en materia de políticas activas de empleo, que son tan importantes para una comunidad con tanto desempleo y desigualdad.
La diputada de Podemos Lucía Ayala ha indicado que el informe del Defensor parte de una conclusión que su grupo comparte, como es la situación de desigualdad y la clara fractura social que se ha producido a raíz de la crisis. Ha indicado que la recuperación económica no viene aparejada de la recuperación social, sino que se está produciendo solo para unos pocos. Ha denunciado que el 43,25 de los andaluces está en riesgo de exclusión social y que más de un 12 por ciento está en situación de pobreza extrema.
La parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet ha mostrado la preocupación de su grupo por los retrasos en el pago del salario social a las familias y por el riesgo de pobreza en que se encuentran personas que están trabajando. Ha alertado de que la brecha social aumenta y son urgentes medidas para solucionar esta situación.
La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha mostrado su especial preocupación por la situación de pobreza y de desigualdad social que ha descrito el Defensor y alertado de la falta de vivienda digna que tienen muchos andaluces. Ha alertado de los desahucios de familias que viven actualmente en el parque público y que son desalojadas sin tener una alternativa.
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