El retorno es cada vez más difícil.
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| EFE |
Parecía que con el final de año estábamos ante la más o menos discreta conclusión de la estrepitosa y sistemática deconstrucción de su propia ejecutoria por parte del rey emérito, como consecuencia de la codicia y el orgullo desmedido. Ahora, con las noticias sobre el final de la instrucción, súbitamente ha aparecido la soberbia de la real gana y la mentalidad de súbditos de una parte de los sectores políticos influyentes para desbaratarla.
En los últimos días se ha producido el anuncio de la prórroga de otros seis meses de las diligencias abiertas por parte de la fiscalía anticorrupción sobre los turbios negocios del rey emérito, hasta tanto culmine el trámite de la comisión rogatoria aún pendiente, en este caso por parte de la justicia Suiza. Todo ello, después de una serie de comentarios en boca de periodistas de su círculo de confianza que habrían reiterado el deseo del rey emérito de retornar a España finalmente para antes de las fechas de Navidad, después de más de un año de autoexilio, primero en paradero desconocido y luego en los Emiratos Árabes Unidos.
Se trata de una nueva sorpresa como parte de una cadena de imprevistos, cuando con anterioridad la propia fiscalía había anunciado la probable fecha de cierre de la investigación, después de los sucesivos escándalos seguidos de regularizaciones fiscales por parte del emérito, también para antes de finalizar el año, todo en base a los conocidos argumentos de la inviolabilidad extendida más allá del ejercicio de su cargo, de la prescripción de los posibles delitos y de unas regulaciones fiscales, realizadas más bajo la presión de las informaciones publicadas y con todas las facilidades que propiamente voluntarias.
Meses antes, la fiscalía del Tribunal Supremo ya había hecho todo lo contrario con otra filtración en la que entonces atribuía al rey emérito el papel de comisionista, aprovechando su alta responsabilidad en la jefatura del Estado por posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias. En definitiva, un proceso de continuas idas y venidas que, vistas con perspectiva, más parecen deberse a razones de oportunidad política que a los indicios y pruebas relacionados con la propia evolución de las investigaciones.
Más recientemente, el rey emérito ha hecho saber, como respuesta ante estas previsiones, que su próxima vuelta, aparte del cierre de las investigaciones judiciales, ha de cumplir con otros requisitos previos como la garantía de retorno al palacio de la Zarzuela, junto a la reposición de la asignación que le fuera retirada por su hijo el rey Felipe VI cuando empezaron a conocerse públicamente sus irregularidades con la Hacienda pública, sin dar dar tampoco ningún tipo de explicaciones, echando con ello por tierra las condiciones mucho más discretas de retorno contempladas en las conversaciones encabezadas por la exvicepresidenta Carmen Calvo con el interlocutor de la casa real.
Un asunto siempre complicado en el seno de un gobierno de coalición de izquierdas de convicciones republicanas, pero con la mayoría del PSOE comprometida con los pactos heredados de la Constitución del 78, y sin embargo con una oposición conservadora abonada a la teoría populista de la conspiración, en este caso también contra la institución monárquica, que hace prevalecer los innegables servicios del rey Juan Carlos a la transición democrática para utilizarlos como ariete contra el gobierno, borrando con ello las innegables consecuencias de las graves irregularidades éticas, legales, institucionales, económicas y fiscales para la credibilidad del rey emérito y por extensión de la monarquía.
Con ello, la derecha vuelve a la concepción de la monarquía propia del antiguo régimen, al igual que la de la justicia, situando como consecuencia al rey y a la casa real por encima de la ley, al tiempo que muestra su relativismo moral, considerando normal (y hasta legítima) la utilización del cargo público para beneficio personal, así como el fraude fiscal, salvo para los adversarios políticos. Además, los expresidentes Rajoy y González consideran que su contribución a la democracia bien valía entonces mirar hacia otro lado y exigen hoy una presunción de inocencia que evite no solo su procesamiento sino también el reproche ético y cualquier consecuencia institucional para mejorar la transparencia de la jefatura del Estado.
De este modo, el rey emérito actúa como si se pudiera volver sin más al punto de partida, olvidando las irregularidades que en el mes de agosto de 2020 provocaron su salida intempestiva del país con un portazo hacia un destino desconocido, gestionada luego mediante una carta sobre un supuesto acuerdo con el jefe del Estado y el gobierno con el objetivo último de eludir el ojo público y preservar el papel del rey Felipe Vl.
A estas alturas sigue negando la realidad del deterioro irreversible de su imagen pública al pretende el borrón y cuenta nueva sobre todo lo ocurrido, mientras su hijo, el actual jefe del Estado, y el gobierno, a pesar de haber saludado sino colaborado activamente para favorecer el cierre de la investigación, no quieren saber nada de su próximo retorno con todas las prerrogativas al encontrarse inmerso en una serie de procesos que no tiene visos de haber finalizado todavía, y aún menos con sus negativas consecuencias para el actual rey Felipe VI y para la institución monárquica.
Sobre todo cuando sigue abierta la investigación en España y por parte de la fiscalía suiza, a las que se han sumado recientemente las diligencias previas sobre el supuesto acoso y vigilancia ilegal de doña Corina Larsen por parte del responsable de los servicios secretos españoles, al servicio de los intereses económicos personales de don Juan Carlos. El juez británico acaba de preguntar al gobierno español sobre el mantenimiento o no de la inmunidad del rey emérito y de su pertenencia a la casa real, aunque según la ley de abdicación 3/2014, tan solo mantendría desde entonces el privilegio del aforamiento ante el Tribunal Supremo.
En definitiva, la actual estrategia de cortafuegos, a diferencia de la seguida con la infanta Cristina, se ha reorientado a evitar al rey emérito la apertura de cualquier proceso penal, aunque no ha podido evitar el deterioro irreversible de su imagen por las regularizaciones fiscales y las investigaciones internacionales en marcha. Todo ello no aconseja ni el olvido ni el perdón sin explicaciones ni mucho menos la vuelta a palacio, al objeto de que no éstas no interfieran en el curso del reinado de Felipe VI.
Entre tanto, los anuncios del Gobierno y del jefe del Estado sobre nuevas medidas de transparencia, e incluso sobre un hipotético Estatuto para la Casa Real que contemplasen, entre otras cuestiones, la auditoría de cuentas, las declaraciones de actividades, las incompatibilidades y el patrimonio de sus miembros o hasta una interpretación de la inviolabilidad vinculada en exclusiva al ejercicio del cargo, tan pronto se anuncian como se aplazan sine die, desaprovechando así la oportunidad de dotar de mayor credibilidad a la institución, situándola al margen del deterioro del anterior Jefe del Estado.
En definitiva, el retorno a palacio es cada vez más difícil.
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