Arrojar carretillas llenas de matas, plásticos, fitosanitarios y todo tipo de basura de los invernaderos a una playa como la de El Pozuelo, en Albuñol, no tiene justificación ni perdón posible. Ahora bien, si hay un hecho incuestionable es que los agricultores de la Costa oriental no lo tienen fácil para deshacerse de los miles de kilos de residuos que generan cada año sus invernaderos. Los traslados en camiones de la basura hasta la planta de tratamiento de Motril -que ahora, para más inri está cerrada- son inasumibles para muchos por sus altos costes y encima no tienen una planta de transferencia acondicionada para hacer acopio provisional de la basura y poder trasladarla días después, con un volumen más reducido, a una instalación de tratamiento.
Por fortuna, los puntos negros como la playa de El Pozuelo -un auténtico escándalo de vertidos que la justicia ya está investigando- son hoy en día la excepción. La concienciación de los agricultores en la Costa granadina ha dado un giro de 180 grados en los últimos cinco años y los vertederos ilegales que proliferaban en ramblas y cunetas han desaparecido en general de la comarca. Pero aún así la eliminación correcta y definitiva de las más de 60.000 toneladas de residuos agrícolas que producen cada año las instalaciones bajo plástico desde Motril a Albuñol sigue siendo la asignatura pendiente del campo de la Costa granadina.
El cierre temporal por problemas técnicos de la planta de tratamiento de residuos agrícolas de Motril, que gestiona Resur, dependiente de la Diputación provincial, ha vuelvo a poner el foco de atención en el problema. La Diputación intenta resolver la reapertura de la planta, que ha funcionado durante tres años en pruebas y nunca al 100% de su capacidad, mediante la adjudicación de la gestión a una empresa, pero la solución aún está en el aire. Además no existe un sistema regulado de recogida de los residuos y sin plantas de transferencia los costes de los portes en camión se disparan para los agricultores de la Costa oriental.
«Nunca han querido coger el toro por los cuernos, hay poco interés y poca apuesta de la Administración por atajar definitivamente el problema de los residuos vegetales», resume el secretario general de Coag Granada, Miguel Monferrer. Las normativas europeas, los exigentes clientes y las certificaciones a las que se acogen la mayoría de las empresas productoras han provocado una progresiva concienciación sobre la necesidad de realizar buenas prácticas de higiene rural. Pero el sector agrícola demanda un paso al frente definitivo de la administración para resolver toda la cadena de eliminación de residuos. «Los profesionales agrarios están concienciados de la necesidad de gestionar de manera correcta los residuos, lo que contribuye a dar una buena imagen de un sector profesionalizado y comprometido con la salud ambiental de nuestras poblaciones rurales, pero esta concienciación debe ir de la mano del compromiso de las administraciones para el desarrollo de un sistema de recogida y tratamiento de residuos eficaz que cubra las necesidades reales del sector agrario», señala Monferrer.
Tasas «razonables»
Durante los meses de abril, mayo y junio, más de 3.200 hectáreas de tomate, pepino y judía finalizarán su ciclo de cultivo en la comarca, lo que significa la producción de miles de toneladas de residuos por el cambio de cosecha. Y precisamente ahora, la planta de Motril no funciona. Aunque durante los años en los que ha estado abierta en pruebas el tratamiento de los residuos ha sido gratuito, los agricultores de toda la Costa sí han tenido que asumir el coste del traslado de la basura desde el invernadero hasta la planta. La cuantía del transporte, que realizan camioneros autónomos y empresas de forma privada, oscila en torno a los 700 euros por hectárea, en casos de cultivos de tomate y unos 400 euros por la basura que produce una hectárea de pepino, según los cálculos de Coag.
Y es que de una hectárea de plantaciones pueden salir hasta nueve contenedores de basura de 6.000 metros cúbicos. Algunos agricultores mantienen acuerdos con los ganaderos de la zona, pero «cada vez quedan menos» por lo que tan solo una mínima parte de los residuos vegetales pueden eliminarse de esta forma tan ecológica.
Los costes de la eliminación de residuos se incrementarán en los próximos meses cuando se solventen los problemas de la planta de tratamiento y la instalación se reabra, gestionada por una empresa privada que cobrará a los agricultores un canon por el tratamiento de la basura. De ahí que el sector agrícola demande un sistema de recogida «con tasas no abusivas, lo que acabaría por completo con los vertidos ilegales». «Cuando algo funciona y es justo los agricultores pagamos sin problemas», subraya Monferrer. Coag pide a la Diputación que vele por que la empresa que se haga cargo de la planta implante tasas «razonables» como los 2,40 euros por metro cúbico que les planteó Diputación en la última reunión. «Lo que no podemos asumir son los 30 euros por tonelada que piden en la planta de compostaje de Vélez», apunta Monferrer. Una alternativa que nadie utiliza durante el cierre temporal de la planta de Motril excepto las grandes empresas, que no se pueden permitirse la acumulación de destríos.
Lo saben bien en Granada-La Palma, una cooperativa puntera en materia de calidad que no se permite ni un un fallo en higiene rural. «Debemos ser los primeros autocríticos y exigir a los agricultores un campo limpio, pero también exigir servicios a la administración para que nadie contamine de lo que vivimos. Eso requiere esfuerzo y costes», resume David del Pino, director de la cooperativa.
