jueves, 4 de mayo de 2017

Granada en el centro granadahoy.com



ALBERTO MATARÁN

Dice Javier García Fernández (historiador del CES de Coimbra y de la UGR) que la conquista de Al-Andalus, y por tanto, también de Granada, fue un ensayo para la colonización del resto del mundo que siguió pautas similares al proceso que dejó marcada nuestra ciudad para siempre.
La onda larga de este tipo de seísmos históricos se hace patente durante siglos y permite entender algunas cosas que en otros lugares de Europa (y de España) serían inexplicables pero que asumimos fácilmente cuando hablamos de África o de América Latina. Por ejemplo, este análisis histórico aporta luz a la permanente subalternidad andaluza y en particular al arrinconamiento secular de Granada, a pesar de las cualidades evidentes de nuestra tierra y de nuestra gente.
Como ocurre en los regímenes neocoloniales, Susana Díaz en Andalucía y en su momento el exalcalde imputado José Torres Hurtado en Granada, se han encontrado muy a gusto en el agravio continuo de tal manera que han tendido a mantener ese espacio de confort, blindado a través de un sistema clientelar que poco tiene que ver con los intereses de la mayoría.
El 15-M nos despertó de ese letargo, aunque la particularidad histórica andaluza está retrasando aquí los cambios culturales y también políticos que se han producido más allá de Despeñaperros.
Las victorias del movimiento por los dos hospitales completos en Granada han mostrado por primera vez que el cambio es posible y por tanto están sirviendo de ejemplo para otras protestas y propuestas también importantes para nuestra tierra. Cuando el neocolonialismo y el clientelismo se tambalean son más evidentes sus corruptelas (como ha ocurrido con la operación Nazarí), su incapacidad para ceder ni un milímetro (como ocurrió durante meses con la fusión hospitalaria), y también se hacen más visibles sus maniobras para mantener el poder a toda costa, incluyendo ataques desmedidos contra la propia ciudad como la desconexión ferroviaria y contra los líderes de la sociedad civil a los que los gobiernos temen como a una vara verde.
Sin embargo, todo esto está multiplicando la indignación y dando alas a las gentes de Granada que ya no nos resignamos a protestar sólo en las barras de los bares. Así nos hemos dado cuenta de que el futuro nunca estuvo en las negociaciones en despachos lejanos de Sevilla, Madrid, o Bruselas, sino en la capacidad de nuestra gente para reclamar aquello que le corresponde. Cada día somos más conscientes de la fuerza nuestra ciudad para construir un proyecto común y soberano en el que Granada sea el centro y no la periferia como algunos pretenden.

Cereales y subtropicales, a la espera de un 'milagro' ante la grave sequía granadahoy.com


COSTA TROPICAL

La falta de precipitaciones se lleva por delante plantaciones enteras y pone en riesgo 2.000 hectáreas de chirimoya, aguacate y mango

Si persiste la escasez de lluvia, la situación se agravará a partir el mes de agosto. FOTOS: ROSA FERNÁNDEZ

La falta de agua durante esta primavera, sumada al bajo índice de precipitaciones durante las tres últimas campañas está haciendo saltar todas las alarmas con respecto a determinados cultivos de gran trascendencia en la provincia, como los cereales, la proteaginosas (guisantes secos, altramuces dulces, habas y haboncillos) y leguminosas (judías secas, lentejas o garbanzos), así como el almendro y el olivar, que ya muestran evidentes signos de desecación, y que provocarán una escasez de pasto que disparará los costes en la alimentación del ganado. La situación precaria de los embalses granadinos (al 49,9%) va a condicionar, además, el riego de numerosos cultivos que verán mermada su dotación de agua a la mitad, como el espárrago o los frutales.
"En el límite" están los cultivos subtropicales, según un portavoz de la asociación Agua para el Campo, Jesús Ruiz, que representa el sector más crítico de los regantes de la Costa. "Las pocas gotas de agua que cayeron paliaron un poco la situación, pero en ningún caso la ha solucionado", comenta refiriéndose el riesgo de desaparición que soportan 2.000 hectáreas de chirimoya, aguacate y mango desde hace años por la sequía.
EUROPA DEMANDA 380 MILLONES DE KILOS DE AGUACATE QUE LA COSTA NO PUEDE ATENDER
"En estos momentos estamos con un alto grado de necesidad y de falta de agua, mirando al cielo y pensando en qué pasará con la climatología, si se alargará el otoño o si lloverá en septiembre, pues lo más grave puede llegar a partir de agosto", relata Ruiz.
Lo que más lamenta el también miembro de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo es que "en Europa hay una demanda de 380 millones de kilos de aguacates, y que nosotros estamos produciendo en España (fundamentalmente en Granada y Málaga) tan sólo 50, por lo que existe una gran salida hacia la UE de estos cultivos". Además, está el aliciente de que el precio de este producto está en alza y de que "tendríamos que aumentar unas 4 veces la actual producción para poder garantizar el consumo europeo, pues nosotros estamos dentro del continente y, ahora, para satisfacerlo, tienen que traerlo de miles de kilómetros".
Asimismo, Ruiz destaca que la Costa tiene "tierra, clima y mano de obra para ello", pero es imposible aumentar la producción porque faltan unas infraestructuras cruciales: las conducciones de la presa de Rules. Y es que también la zona tiene agua, pero no llega a las plantaciones, sino que se tira al mar a pocos kilómetros de sus tierras.
Los regantes del Valle del Río Verde se muestran "muy decepcionados por la no inclusión de partidas suficientes en los PGE y, por tanto, porque no se va a acometer a corto ni medio plazo las obras de las tuberías, a pesar de que había un compromiso". Una vez más, asegura, las administraciones han "desilusionado" a la Costa Tropical. "Lo hemos pasado muy mal y vamos a seguir pasándolo muy mal, pero no podemos estar toda la vida así, tirando el agua de Rules al mar y viendo cómo nuestras plantaciones (árboles que tienen muchos años) siguen en peligro", añade el regante.
Los agricultores están organizándose para celebrar reuniones en las que estén los presidentes de todos los pozos de la zona y analizar qué medidas van tomar. "No entendemos cómo un proyecto como Rules, que va a crear 10.000 puestos de trabajo -6.000 directos y 4.000 indirectos-, con la situación de paro y necesidad de trabajo que hay, y que podría aliviar el alto desempleo de la provincia, los políticos no le ponen interés", señala el agricultor.
"Es lamentable. Tenemos ese embalse con agua y muchísimos propietarios se podrían estar aprovechando de ella, pues en esta zona existe mucho minifundio, por lo que hacemos un llamamiento a las administraciones a que se tomen en serio las canalizaciones de Rules", añadió.
Desde esta asociación han solicitado una reunión con Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente, para tratar el problema de la sequía que aqueja a esta zona del Valle del Río Verde.

miércoles, 3 de mayo de 2017

Violencia e infancia: algo gravísimo está pasando elhuffingtonpost

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO
Dos niños de 5 y 8 años son asesinados por su padre, presunto maltratador de su madre, en Campo de Criptana y una bebé de año y medio es ahorcada por su madre en un municipio mallorquín; otra niña de 14 años, obligada a prostituirse por su madre y hermanos, es liberada por la Policía en Madrid; cuatro menores, residentes en el País Vasco, sufren una mutilación genital durante sus vacaciones familiares en Mali; una chica de 16 años, "cansada de vivir", se tira al vacío desde su domicilio después de ser víctima de acoso escolar y otro chico de 11 hace lo mismo porque "es la única forma de no ir al colegio"; diez menores, desde bebés hasta niños de 14 años, son identificados por la Guardia Civil como víctimas de abusos sexuales tras una macrooperación contra la pornografía infantil que concluye con 102 personas detenidas en 38 provincias españolas; varios niños de edades inferiores a 4 años llegan a las costas andaluzas en una patera junto a sus madres; la red de trata de seres humanos que los trae a España los utiliza para coaccionarlas a ellas y lograr que, prostituyéndose, paguen su deuda, para terminar explotando sexualmente también a los menores al cabo de un tiempo...
Algo gravísimo está pasando y es imprescindible ponerle nombre y conocerlo en toda su magnitud. Niños y niñas sufren en silencio distintos tipos de violencia sin poder defenderse ni librarse de ella. Si la sociedad no actúa, seguirán viviendo, e incluso muriendo, sumidos en el dolor que les causan otros, que con frecuencia son quienes más deberían velar por su feliz desarrollo.
Conocer la realidad es la primera condición para poder cambiarla, de ahí la imperiosa necesidad de llevar a cabo encuestas, estudios e investigaciones potentes sobre la violencia en la infancia. Como ejemplo, en 2015, la Macroencuesta de violencia sobre la mujersacó a la luz el mapa de la violencia de género en nuestro país, alertando sobre cuestiones como la gravedad de la actitud de control y dominación que padecían nuestras jóvenes. Los medios se hicieron eco de este trabajo y, desde entonces, el problema de la violencia de género y la juventud se ha convertido en un tema conocido socialmente y sobre el que se ha comenzado a actuar con intensidad. Lo mismo sucedió con otros estudios realizados. Lógicamente, en el caso de las encuestas, no se podrá preguntar directamente a los menores, como se hacía con las mujeres, pero sí, quizás, a las personas jóvenes para acercarnos, a través de su experiencia, a la realidad actual de la violencia en la infancia.
Según la 'Macroencuesta de violencia sobre la mujer' de 2015 , más del 63% de las víctimas de malos tratos tenían hijos que presenciaron las situaciones de violencia contra sus madres y el 64% de ellos sufrieron directamente esta violencia.
No se puede actuar a base de intuiciones. Por eso, la importancia de la labor investigadora y estadística es enorme: el estudio permite conocer la realidad y diagnosticarla mejor; como consecuencia de ello, las políticas públicas pueden orientarse de manera más efectiva; finalmente, los medios de comunicación, interesados en las cifras y las conclusiones obtenidas, las difunden y realizan así una verdadera campaña institucional gratuita y duradera a través de sus reflexiones en prensa, televisión, blogs, radios... Hemos comprobado cómo, en violencia de género, el altavoz mediático sobre los datos ayuda a aumentar la sensibilización de la opinión pública acerca de sus características y de sus posibles soluciones, cumpliendo una labor social impagable. Y es que los números son neutros ideológicamente, irreprochables, y retiran el velo de la ignorancia más que cualquier discurso político. Si se acompañan de testimonios individuales, el impacto en las conciencias está casi asegurado. Y con él, el comienzo de la solución para problemas que requieren un cambio cultural y mucha implicación social.
Por desgracia, a día de hoy, no disponemos de estos datos para los niños. Desconocemos el mapa de la violencia en la infancia, más allá de informaciones parciales o estudios dispersos que han ido saliendo a la luz y que, indudablemente, tienen un mérito inmenso.
Sin embargo, España cuenta con un buen camino, ya trazado, tras la aprobación de las leyes de protección a la infancia y a la adolescencia hace menos de dos años, lo que facilita que en el futuro próximo se pueda dar un paso más. Las autoridades están concienciadas. Se anuncia por el Gobierno la elaboración de un proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia que, parece lógico pensar, contará con el apoyo de todas las fuerzas políticas, en su momento, y con la bienvenida de la sociedad más consciente. En ese contexto, la realización de una batería de encuestas y estudios requiere mucho trabajo, pero no representa un coste elevado en proporción a su utilidad y aparece como una herramienta clave para conocer los contornos del problema, acertar en su diagnóstico y aportar soluciones eficaces.
Algunos de esos contornos nos los proporcionan los estudios antes mencionados, con números que, aunque sobrecogedores, son solo la punta del iceberg: la mayoría de la violencia sobre la infancia está oculta. En el Registro unificado de maltrato infantil se recogieron, en 2015, casi 14.000 notificaciones. Según la Macroencuesta de 2015 antes citada, más del 63% de las víctimas de malos tratos tenían hijos que presenciaron las situaciones de violencia contra sus madres y el 64% de ellos sufrieron directamente esta violencia; el 7.2% de las mujeres menores de 16 años han sido objeto de violencia sexual por conocidos, amigos o familiares masculinos y el 25% de las jóvenes entre 16 y 19 años han sufrido violencia de control por sus parejas. También el 25% de las adolescentes reconoce haber padecido control abusivo a través del móvil, según el estudio del Ministerio de Sanidad sobre el ciberacoso. La Fundación Anar, por su parte, alerta sobre el incremento en un 75% de las denuncias por acoso escolar, el uso de las nuevas tecnologías para ejercerlo y el ocultamiento de los menores a los padres. Se está produciendo una disminución de la edad de las víctimas de trata y explotación sexual, según el Plan de Trata en vigor, y los informes de Save the Children, y los Mapas de la Mutilación Genital en España se refieren a una población en riesgo que aumenta.
Después de leer estas cifras, es difícil permanecer impasible. Imaginemos si fueran completas... Son números que nos muestran dramas humanos como los del principio, al margen de ideologías y preferencias. Hay que actuar sin demora.

Riesgos del consentir granadahoy.com

                                                                        TRIBUNA


MANUEL BUSTOS RODRÍGUEZ
Catedrático de Historia Moderna de la UCA

Riesgos del consentir
El maestro Julián Marías tituló hace años uno de sus artículos con este mismo nombre. Desde entonces he vuelto con frecuencia al tema, pues los efectos que nuestro filósofo adelantaba en él se han hecho bien evidentes en la actualidad.
Vaya por delante que soy el primero en comprender la complejidad del mundo en que vivimos, las distintas caras que muestra cualquier realidad, la variedad de opiniones contrapuestas que resultan de su consideración. En definitiva, la dificultad de mantener un criterio e, incluso, de aplicar la medida que parece más lógica y justa. Entiendo por ello las dificultades que hoy tienen quienes poseen responsabilidad política, religiosa, económica, familiar o en varios campos a la vez para ejercer la autoridad que les corresponde en cada caso. Cualquier asunto que se mueva desequilibra otros, pudiendo llegar a suscitar reacciones violentas, dependiendo de su alcance.
Pocas veces como ahora ha existido tal diversidad de valoraciones sobre cualquier cosa. No digamos ya las que son importantes. Jovellanos recordaba, en el lejano siglo XVIII, y de ello tuvo buena experiencia, la necesidad de contemplar las reformas, incluso cuando son necesarias o convenientes, calculando al ponerlas en marcha la tupida red de relaciones en que se insertan, las inercias y la variedad de combinaciones nuevas que se tejen alrededor cuando se aplican.
Sin embargo, tales complejidades no debieran anular, cuando toque y a quien toque, el legítimo uso de la autoridad siempre que sea necesario. Con mayor motivo si el tema urge o la situación sobre la que es preciso actuar se deteriora. No hacerlo, o no hacerlo a tiempo, provocaría efectos perniciosos que pueden afectar a tan variados ámbitos como la justicia, el buen gobierno o el bien común en general, si no varios de ellos a la vez. Sin olvidar la pérdida de su valor ejemplarizante.
Viene todo esto a cuento de lo que suele pasar hoy entre las personas llamadas por su cargo o función a comprometerse en la toma de decisiones, necesarias, aunque a veces difíciles por el desgaste político que conllevan y los riesgos (independientemente de que se deba minimizarlos todo lo que se pueda) a que van asociadas, ya sea para contrarrestar peligros, defender la legalidad, reponer la justicia castigando al culpable o reprimir conductas abusivas contra los sectores más débiles de nuestra sociedad. Ante la urgencia de una respuesta, la autoridad no puede quedarse inactiva, ni su titular cruzado de brazos; por el contrario, ha de evitar que el problema se agrande o dejar que se pudra.
Quienes somos padres o profesores, cuando no ambas cosas a la vez, sabemos que cambiar autoridad por regalos o inacción no suele ser nunca una buena medida. El beneficiado se crece, y sabedor de la debilidad de quien debiera reprenderle, desea de él aún más favores. Popularmente suele citarse como ejemplo el de Hitler durante el tiempo previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Temerosas del conflicto, las potencias democráticas buscaron aplacar al Führer y evitar así el conflicto haciendo concesiones o mirando hacia otro lado cuando se produjeron los primeros desaguisados del dictador. Los resultados son de sobra conocidos. Y, salvando las distancias, el telón de fondo es el mismo de los independentistas catalanes, a los que, de la misma forma, se quiere aplacar con más regalos.
Sucede también, a otra escala menor, cuando un maestro, para evitar que el chico se ponga impertinente, grite o cometa faltas mayores, decide contentarlo dándole más facilidades, y no tomando en consideración su reprobable conducta. O con ese padre poniéndose de parte del hijo amonestado amenazando al maestro. Y asimismo, cuando por interés o miedo a actuar contra el agresor, la autoridad le apoya en contra de la víctima, a la que, para más inri, a veces se acusa de provocarle.
El abandono de la autoridad puede tener varios orígenes: evitar complicaciones, temor a salir en los medios, el deseo de sacar beneficio de la inacción, de pasar a otro la patata caliente, o esperar del problema que se resuelva solo. El riesgo que se corre es tener luego que asumir otro mucho mayor, o no llegar a tiempo por estar ya el mal bien consolidado. Y el de haber contribuido a la vez a crear una sociedad más escéptica, sin capacidad de reacción ni de autodefensa, adocenada, inútil para asumir el más mínimo sacrificio. Peor aún, la responsabilidad de haber fomentado un universo de contravalores y de podredumbre moral. En definitiva, aumentar los riesgos del consentir de los que escribió Marías.

Granada: sede del TSJA granadahoy.com

JOAQUÍN A. ABRAS SANTIAGO

Los profesionales de la Justicia parecen querer dirimir una cuestión que sólo debiera corresponder al Pueblo Soberano

No me voy a referir, siquiera, al traslado de la Real Chancillería de Ciudad Real a Granada, recién conquistada esta última por los Reyes Católicos, en 1500; en cuyo documento fundacional aquellos monarcas justificaban la medida en que la ciudad, que había sido, hasta poco antes, cabeza del reino nazarí, al pasar a formar parte de su reino cristiano, más se ennoblezca e mejor se pueble; porque de eso, además de hacer mucho tiempo, ya hubo quien se ocupó de descabezarla en la decimonona centuria.
Ni siquiera entraré en asunto de la fundación de su antiguo Colegio de Abogados, en la promulgación de sus Ordenanças, o en las huellas que todo esto dejó en el callejero urbano de esta Granada que cuenta, entre otras muchas históricas denominaciones, con una vía conocida como de Oidores que, junto con los otros oficios, que eran prolongación de los sentidos de la corona, conocían de los asuntos de la Justicia que venían a producirse desde la línea del Tajo hasta las Islas Canarias.
Ni siquiera habría que citar la imperial instalación de los universitarios estudios de Derecho, en el viejo edificio de la Curia, que aún persiste en la plaza de Las Pasiegas, frente a esa primera catedral católica existente en nuestro país. Y en cuyos muros, aún subsisten los Víctores en honor de aquellos que lograban alcanzar la plenitud académica en los laureles del doctorado.
Tampoco, pues, la presencia de la Universidad medio milenaria de la que formó parte desde su principio la facultad de la que han salido no ya ministros, ni tan siquiera gobernadores o virreyes, pues sólo son éstos ejercicios de políticos gobiernos, sino aulas donde se han formado y cátedras desde las que se han dictado las más sabias y valiosas clases para que juristas de todo género se aprestasen a defender las causas en las que brillase la justicia, esa que ahora, como en todo tiempo, se anhela por la ciudadanía.
Sí, por esa ciudadanía que es la única que legítimamente puede modificar una disposición con rango de ley orgánica, cual es el Estatuto de Autonomía de Andalucía, texto en el que se consagra la voluntad popular que establece el domicilio y residencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -TSJA- y en el que se determina que ese domicilio y residencia es la Ciudad de Granada, por encima de cualesquiera intereses meramente profesionales, aunque en este caso lo sean de los profesionales de la Justicia, incluso, que ahora parecen querer dirimir cuestión que sólo debiera corresponder al Pueblo Soberano, para que más se ennoblezca la ciudad y sus gentes. ¿O no?

Cocina granadahoy.com

MILENA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

Pululan becarios que trabajan muchas horas gratuitamente y que se felicitan por su suerte

Hace ya unos años que la cocina, ese trabajo antes perteneciente al ámbito de lo privado, asociada a lo femenino y considerada una actividad inferior y poco valorada, comenzó a formar parte del espacio público. Llegaron luz y focos a alumbrar la cocina, y milagrosamente, esta empezó a convertirse no solo en un lugar con reconocimiento social sino, más aún, en un sitio de élite. De esas cocinas de élite surgieron, como aves fénix que resucitaban de las cenizas de los fogones, cocineros-estrella. Aunque, curiosamente, cuando la cocina recibió la luz y se metamorfoseó, y pasó del caldero al lujoso laboratorio, quienes aparecieron en ella no fueron antiguas Cenicientas, sino llamativos ex Cenicientos. Numerosos cocineros, casi todos hombres, antes escondidos bajo delantales y gorros, empezaron a salir en multitud de las cocinas. Cocineros (muy pocas cocineras, insisto) que cambiaron de nombre: ahora se llaman chef. Y se tornaron en caballeros elegantes, glamurosos, limpísimos (sin una mancha de grasa), casi tan mediáticos como futbolistas o presentadores televisivos. Unos cocineros que hoy son aclamados por las redes sociales y por la academia cocinística (supongo que se llama así), que los solicita para impartir cursos y conferencias.
Hace pocos días, uno de estos chef estrella (las estrellas las pone Michelín, que otorga esa especie de Premio Oscar de las cocinas), defendió públicamente la existencia de becarios o aprendices (stagiers, les dicen en la época del glamour cocinístico) que no cobran en las refinadas, y carísimas, cocinas de estos restaurantes. Según el chef, estos becarios deben estar agradecidos porque tienen la oportunidad de aprender y formarse en lugares privilegiados y además (¿podrían pedir otra cosa?) reciben alojamiento y comida. Y añade, con total naturalidad: "Para ofrecer un servicio de excelencia necesito muchas manos. Podría tener solo a 12 cocineros contratados y el servicio sería excelente, pero si puedo tener a 20, será incluso mejor". Las cocinas, ya lo decíamos, son ahora espacios de lo público. Y en ellas ocurre lo mismo que está sucediendo en sitios similares: pululan becarios que trabajan muchas horas gratuitamente y que se felicitan por su suerte. Y es que parece que la luz en las cocinas no ha sido total: quedan en ella zonas ocultas, en sombra, oscuras y llenas de grasa, donde siguen habitando, con otros nombres, viejas, y nuevas, Cenicientas.

Granada eleva la presión al Gobierno para no perder la capitalidad judicial granadahoy.com

Ayuntamiento, Diputación, Junta y profesionales de la Justicia amenazan con un contencioso si el CGPJ permite el desplazamiento de las secciones penales a Sevilla y Málaga

La nueva plataforma estudia convocar una manifestación este mismo mes.

G. S. MALDONADO - L. MINGORANCE

Lo que la semana pasada fue un clamor se ha concretado ahora en un movimiento que une a las instituciones, a los ciudadanos y a los operadores jurídicos. Granada se ha rebelado contra la decisión de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de desplazar a Sevilla y a Málaga las dos nuevas secciones penales, y lo ha hecho en bloque. El Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, el Consejo Consultivo, el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores y el Consejo Social de Granada escenificaron ayer su posición unánime contra la dispersión del TSJA. El encuentro no se quedó en una foto o en una demostración de fuerza de cara a la galería, sino que sirvió para definir una hoja de ruta para proteger a Granada como capital judicial de Andalucía.
La primera medida -que el alcalde, Paco Cuenca, formalizó ayer mismo- es la petición de una reunión "urgente" con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. La intención es trasladarles la unidad de las instituciones granadinas en torno a la capitalidad judicial y asegurarles que la permanencia de las secciones penales en Granada es una garantía de "la eficacia, la eficiencia y el buen funcionamiento de la Justicia en Andalucía". Cuenca recordó ayer que la defensa de la concentración del TSJA en Granada "no es una cuestión de confrontación de territorios", sino que se trata de poner por delante la Justicia y de defender el Estatuto de Autonomía, "que se ve amenazado" por una decisión sobre la que tiene la última palabra el CGPJ.
Además, el Ayuntamiento va a iniciar una campaña de recogida de firmas por la capitalidad judicial, y apoyará a la plataforma impulsada desde el ámbito jurídico para evitar la división del Tribunal Superior de Justicia.
Ahora bien, si la oposición institucional, política y social contra el desplazamiento de las secciones penales no es suficiente, Granada está dispuesta a seguir batallando hasta las últimas consecuencias. Así lo acordaron ayer todos los presentes en la reunión en defensa del TSJA, que anunciaron que si el Consejo General del Poder Judicial decide finalmente seguir adelante con el desplazamiento se estudiará acudir a los tribunales. "Estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario, incluso hasta un contencioso, si hiciera falta", aseguró Cuenca.
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, recordó ayer que el Estatuto de Autonomía, en su capítulo 4, determina que Granada es la sede del TSJA, y que el hecho de que contemple el desplazamiento de sedes es "una excepción", no una norma. "Las decisiones que ahora se están abordando van en el sentido de vaciar de contenido la capitalidad y esto es una cuestión intolerable porque el Estatuto de Autonomía no es solo una ley orgánica, sino, sobre todo, un pacto político entre la comunidad autónoma y las instituciones del Estado y las Cortes Generales".
La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sandra García, también sacó a colación el "pacto" que estableció la capitalidad de la justicia en Granada. Además, García indicó que la decisión de la ubicación de las dos nuevas secciones penales no corresponde a la Junta, pero que el Gobierno autonómico "sí tiene que poner los medios" para que los magistrados desarrollen su trabajo, y desde un punto de vista operativo lo más lógico sería que se refuerce la actual sede del TSJA y no la creación de cero de nuevas secciones.
LAS INSTITUCIONES GRANADINAS MANTUVIERON AYER UN ENCUENTRO PARA FIJAR LA HOJA DE RUTA ANTE LA DECISIÓN DEL TSJA.
El argumento del sobrecoste -que ya fue utilizado por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en su voto particular en contra del desplazamiento-, fue esgrimido también ayer por el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera. La batalla por la capitalidad judicial cuenta en este caso con un aliado en el departamento andaluz de Justicia, que ayer envió una carta al Ministerio y al CGPJ dejando clara la postura de la Junta. De Llera asegura que "no concurren circunstancias objetivas" que recomienden el traslado a Sevilla y Málaga, y que el Consejo General necesitaría un informe favorable de la Junta para aprobar el desplazamiento, puesto que comportaría un incremento del gasto.
El consejero explica en su misiva, a la que ha tenido acceso Efe, que la ley orgánica del Poder Judicial prevé una serie de casos para acordar el desplazamiento de la sede de un órgano a una determinada circunscripción territorial dentro de su ámbito de competencia, pero que en este caso "no existen". De Llera, tal y como hizo Lorenzo del Río, apuesta por mantener las nuevas secciones penales, sin perjuicio de que transcurridos 18 meses desde su entrada en vigor el Ministerio de Justicia evalúe la situación real de las cargas de trabajo y las necesidades judiciales con el objetivo de valorar de nuevo la dotación de plazas y el desplazamiento.
El consejero también aprovechó su escrito para solicitar una reunión formal tanto con el ministro de Justicia como con el presidente del CGPJ, con el objetivo de estudiar con más detalle la salida a una situación que ha levantado a Granada.