VALME CORTÉS - Granada
El municipio granadino de Albuñol también está en los planes de Costas. Al menos, los agricultores denuncian que la Dirección General pretende desahuciarlos para recuperar el dominio público de la zona. En concreto, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) cree que la acción desmantelará ocho explotaciones que afectarían a más de un centenar de familias. En mayo ya llegaron algunas cartas, aunque los afectados han alegado.
Costas, admite la elaboración de un estudio para conocer el impacto medioambiental estas construcciones tienen que sobre la zona. Después ya decidirá, avanzan desde la Subdelegación del Gobierno en Granada. La situación es compleja porque hay invernaderos abandonados a la orilla del mar y otros que siguen siendo explotados. El problema es que no todos los agricultores son propietarios.
Los afectados dicen que se les permitió la ocupación de esas tierras hace décadas después de que en 1973 el desbordamiento de la rambla ganara terreno al mar. Desde entonces, han cultivado las fincas y, según afirman, las han convertido en fuente de riqueza. Por eso, no están conformes con la expropiación, aunque los que las ocupan de forma ilegal no piensan poner resistencia. Aclaran, eso sí, que el desmantelamiento supone dejar sin protección la franja de terreno que pretende recuperarse y es muy probable que el mar erosione.
La recuperación de esa zona es una histórica aspiración del municipio. Ecologistas en Acción denuncia desde hace años las "barrabasadas" que se hacen y pone como ejemplo la pedanía de La Rábita, donde algunos agricultores han convertido la playa de El Pozuelo en un vertedero de residuos agrícolas. La Fiscalía, de hecho, investiga por riesgo de contaminación la acumulación de residuos en esa parte de la costa oriental de Granada, que cuenta con numerosos invernaderos abandonados a escasos metros del mar.
COAG asegura que Costas quiere desahuciar a los trabajadores del campo sin contar con un proyecto de defensa para la zona. El restablecimiento de esa parte del litoral es un asunto pendiente también para los Ayuntamientos de la comarca. Desde hace una década, Costas elabora estudios jurídicos-administrativos y de dinámica del litoral para buscar "vías de corrección" a la situación actual, fruto de una "deficiente gestión" de las administraciones, según señalan en varios escritos.
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