El Gobierno anuncia un alza de la revalorización máxima en tiempos de bonanza económica. El tope mínimo en caso de crisis sigue en el 0,25%.
EUROPA PRESS, MADRID
El Gobierno ha decidido elevar en el Senado el tope máximo de revalorización de las pensiones en tiempos de bonanza económica al IPC más el 0,5%, desde la inflación más el 0,25% que figuraba hasta ahora en el proyecto de Ley de reforma de las pensiones. Este cambio no afecta al tope mínimo fijado en la nueva fórmula de revalorización anual de las pensiones, que permanecerá en un incremento del 0,25%.
Esta modificación formaba parte de un paquete de enmiendas transaccionales presentado por el Grupo Parlamentario Popular al resto de las fuerzas políticas en el debate para la aprobación del proyecto de Ley de reforma de las pensiones en el Congreso de los Diputados. Concretamente, este cambio era una propuesta de enmienda transaccional con UPyD, que esta formación ha rechazado, con lo que no se ha llegado a votar.
Toda la oposición ha rechazado las ofertas de transacción planteadas por el PP, de modo que el proyecto de Ley ha sido aprobado por la Comisión parlamentaria de Empleo con el único respaldo de los populares y ahora será enviado al Senado. Fuentes del Ministerio de Empleo señalaron que, tras no introducirse esta modificación en el Congreso de los Diputados, se hará con seguridad cuando el proyecto de Ley debatido en el Senado. Desde Empleo señalan que la razón de esta enmienda es "reforzar el compromiso con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones".
El gabinete que dirige Fátima Báñez ha indicado también que otra de las enmiendas transaccionales propuestas se refiere a la posibilidad de elaborar cada cinco años un informe sobre los efectos de la Ley en la suficiencia de las pensiones de la Seguridad Social, informe que, según Empleo, se presentará a los agentes sociales y al Congreso de los Diputados. Asimismo, el Gobierno ha mostrado su disposición a estudiar, en el marco del diálogo social y político la asunción progresiva por el Estado de la financiación de las prestaciones derivadas de muerte y supervivencia. También se ha mostrado dispuesto a analizar, en el marco de la reforma fiscal, la tributación de las pensiones con el objeto de garantizar en cada caso el tratamiento fiscal más adecuado.
El Ejecutivo ha ofrecido asimismo presentar al Congreso, en el plazo de un año, una propuesta para establecer un sistema de cotización de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social acorde con los rendimientos obtenidos de su actividad, para conseguir así una mayor aproximación de las prestaciones de este régimen a las del Régimen General de la Seguridad Social. Otra de las propuestas se refiere a la posibilidad analizar las medidas necesarias para poner fin al proceso de unificación de los regímenes de la Seguridad Social, con el objeto de que sólo haya un régimen de trabajadores por cuenta ajena y un régimen de trabajadores por cuenta propia, tal y como estipula el Pacto de Toledo.
Esta modificación formaba parte de un paquete de enmiendas transaccionales presentado por el Grupo Parlamentario Popular al resto de las fuerzas políticas en el debate para la aprobación del proyecto de Ley de reforma de las pensiones en el Congreso de los Diputados. Concretamente, este cambio era una propuesta de enmienda transaccional con UPyD, que esta formación ha rechazado, con lo que no se ha llegado a votar.
Toda la oposición ha rechazado las ofertas de transacción planteadas por el PP, de modo que el proyecto de Ley ha sido aprobado por la Comisión parlamentaria de Empleo con el único respaldo de los populares y ahora será enviado al Senado. Fuentes del Ministerio de Empleo señalaron que, tras no introducirse esta modificación en el Congreso de los Diputados, se hará con seguridad cuando el proyecto de Ley debatido en el Senado. Desde Empleo señalan que la razón de esta enmienda es "reforzar el compromiso con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones".
El gabinete que dirige Fátima Báñez ha indicado también que otra de las enmiendas transaccionales propuestas se refiere a la posibilidad de elaborar cada cinco años un informe sobre los efectos de la Ley en la suficiencia de las pensiones de la Seguridad Social, informe que, según Empleo, se presentará a los agentes sociales y al Congreso de los Diputados. Asimismo, el Gobierno ha mostrado su disposición a estudiar, en el marco del diálogo social y político la asunción progresiva por el Estado de la financiación de las prestaciones derivadas de muerte y supervivencia. También se ha mostrado dispuesto a analizar, en el marco de la reforma fiscal, la tributación de las pensiones con el objeto de garantizar en cada caso el tratamiento fiscal más adecuado.
El Ejecutivo ha ofrecido asimismo presentar al Congreso, en el plazo de un año, una propuesta para establecer un sistema de cotización de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social acorde con los rendimientos obtenidos de su actividad, para conseguir así una mayor aproximación de las prestaciones de este régimen a las del Régimen General de la Seguridad Social. Otra de las propuestas se refiere a la posibilidad analizar las medidas necesarias para poner fin al proceso de unificación de los regímenes de la Seguridad Social, con el objeto de que sólo haya un régimen de trabajadores por cuenta ajena y un régimen de trabajadores por cuenta propia, tal y como estipula el Pacto de Toledo.
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