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| La nueva plataforma estudia convocar una manifestación este mismo mes. |
G. S. MALDONADO - L. MINGORANCE
Lo que la semana pasada fue un clamor se ha concretado ahora en un movimiento que une a las instituciones, a los ciudadanos y a los operadores jurídicos. Granada se ha rebelado contra la decisión de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de desplazar a Sevilla y a Málaga las dos nuevas secciones penales, y lo ha hecho en bloque. El Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, el Consejo Consultivo, el Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores y el Consejo Social de Granada escenificaron ayer su posición unánime contra la dispersión del TSJA. El encuentro no se quedó en una foto o en una demostración de fuerza de cara a la galería, sino que sirvió para definir una hoja de ruta para proteger a Granada como capital judicial de Andalucía.
La primera medida -que el alcalde, Paco Cuenca, formalizó ayer mismo- es la petición de una reunión "urgente" con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. La intención es trasladarles la unidad de las instituciones granadinas en torno a la capitalidad judicial y asegurarles que la permanencia de las secciones penales en Granada es una garantía de "la eficacia, la eficiencia y el buen funcionamiento de la Justicia en Andalucía". Cuenca recordó ayer que la defensa de la concentración del TSJA en Granada "no es una cuestión de confrontación de territorios", sino que se trata de poner por delante la Justicia y de defender el Estatuto de Autonomía, "que se ve amenazado" por una decisión sobre la que tiene la última palabra el CGPJ.
Además, el Ayuntamiento va a iniciar una campaña de recogida de firmas por la capitalidad judicial, y apoyará a la plataforma impulsada desde el ámbito jurídico para evitar la división del Tribunal Superior de Justicia.
Ahora bien, si la oposición institucional, política y social contra el desplazamiento de las secciones penales no es suficiente, Granada está dispuesta a seguir batallando hasta las últimas consecuencias. Así lo acordaron ayer todos los presentes en la reunión en defensa del TSJA, que anunciaron que si el Consejo General del Poder Judicial decide finalmente seguir adelante con el desplazamiento se estudiará acudir a los tribunales. "Estamos dispuestos a llegar hasta donde sea necesario, incluso hasta un contencioso, si hiciera falta", aseguró Cuenca.
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, recordó ayer que el Estatuto de Autonomía, en su capítulo 4, determina que Granada es la sede del TSJA, y que el hecho de que contemple el desplazamiento de sedes es "una excepción", no una norma. "Las decisiones que ahora se están abordando van en el sentido de vaciar de contenido la capitalidad y esto es una cuestión intolerable porque el Estatuto de Autonomía no es solo una ley orgánica, sino, sobre todo, un pacto político entre la comunidad autónoma y las instituciones del Estado y las Cortes Generales".
La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sandra García, también sacó a colación el "pacto" que estableció la capitalidad de la justicia en Granada. Además, García indicó que la decisión de la ubicación de las dos nuevas secciones penales no corresponde a la Junta, pero que el Gobierno autonómico "sí tiene que poner los medios" para que los magistrados desarrollen su trabajo, y desde un punto de vista operativo lo más lógico sería que se refuerce la actual sede del TSJA y no la creación de cero de nuevas secciones.
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| LAS INSTITUCIONES GRANADINAS MANTUVIERON AYER UN ENCUENTRO PARA FIJAR LA HOJA DE RUTA ANTE LA DECISIÓN DEL TSJA. |
El argumento del sobrecoste -que ya fue utilizado por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en su voto particular en contra del desplazamiento-, fue esgrimido también ayer por el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera. La batalla por la capitalidad judicial cuenta en este caso con un aliado en el departamento andaluz de Justicia, que ayer envió una carta al Ministerio y al CGPJ dejando clara la postura de la Junta. De Llera asegura que "no concurren circunstancias objetivas" que recomienden el traslado a Sevilla y Málaga, y que el Consejo General necesitaría un informe favorable de la Junta para aprobar el desplazamiento, puesto que comportaría un incremento del gasto.
El consejero explica en su misiva, a la que ha tenido acceso Efe, que la ley orgánica del Poder Judicial prevé una serie de casos para acordar el desplazamiento de la sede de un órgano a una determinada circunscripción territorial dentro de su ámbito de competencia, pero que en este caso "no existen". De Llera, tal y como hizo Lorenzo del Río, apuesta por mantener las nuevas secciones penales, sin perjuicio de que transcurridos 18 meses desde su entrada en vigor el Ministerio de Justicia evalúe la situación real de las cargas de trabajo y las necesidades judiciales con el objetivo de valorar de nuevo la dotación de plazas y el desplazamiento.
El consejero también aprovechó su escrito para solicitar una reunión formal tanto con el ministro de Justicia como con el presidente del CGPJ, con el objetivo de estudiar con más detalle la salida a una situación que ha levantado a Granada.
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