El Gobierno insiste en recuperar las únicas 20,6 hectáreas de litoral público que están ocupadas ilegalmente en Granada
LAURA UBAGO / CARLOS MORÁN | GRANADA
El término tormenta se queda muy pequeño para describir lo que ocurrió en La Rábita y Albuñol, en la costa de Granada, el 19 de octubre de 1973. Fue una catarata. Cuentan las crónicas que el diluvio dejó en poco rato más de mil litros de lluvia por metro cuadrado. No hay quien resista algo así. A las cuatro de la madrugada llegó "La nube", que es como los lugareños bautizaron a aquel extraordinario y destructor fenómeno meteorológico. Descargó alrededor de las cuatro de la mañana y prácticamente aplastó La Rábita y Albuñol. Fallecieron 46 personas. Una desoladora catástrofe. El paisaje después de la batalla era sobrecogedor: cadáveres y viviendas sumergidas bajo una espesa costra de lodo que lo cubría todo.
La riada que generó el colosal chaparrón arrastró tanta tierra hacia el mar que la provincia de Granada creció. Así como suena. El Mediterráneo retrocedió para dejar paso una península de barro, a un territorio nuevo y surgido de la tragedia.
Sin prisa, pero sin pausa, las castigadas gentes de La Rábita y Albuñol fueron ocupando las parcelas alumbradas por la violencia de la naturaleza. Y lograron hacerlas fértiles. Florecieron los invernaderos. Un mínimo consuelo para la ruina que trajo "La Nube", pero consuelo, a fin de cuentas.
Pasó el tiempo y las heridas fueron cicatrizando, pero había un problema legal: las plantaciones envueltas en plástico estaban en tierra de todos, en lo que técnicamente se llama "dominio público marítimo terrestre", o lo que es lo mismo, una "línea roja" que nadie puede traspasar. El conflicto entre el Estado y los "colonos" estaba servido. Hubo compraventas y aparecieron títulos de propiedad que, sencillamente, no podían existir: es imposible tener la titularidad de un suelo que es propiedad de toda la ciudadanía. La madeja se enredaba cada vez más. Hechos consumados, frente a las razones del Estado. El conflicto entre la administración y los "colonos" estaba servido.
Entre 2010 y lo que va de 2012, el Servicio Provincial de Costas en Granada -organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente- ha abierto 129 expedientes para recuperar el litoral invadido por los invernaderos ilegales, trece de los cuales ya se han convertido en pleitos judiciales. Con esta ofensiva, espera recobrar 20,6 hectáreas, una superficie equivalente a más de veinte estadios de fútbol. Bueno, en realidad, ya ha conseguido hacerse con 1,6 hectáreas: es decir, que aún restan 19 por "rescatar". «La superficie ocupada alcanza las 20,6 hectáreas. Para la recuperación de esta superficie se han incoado 129 expedientes entre los años 2010 y 2012 que se encuentran en distintas fases de tramitación. Son trece los expedientes que se encuentran en vía judicial una vez agotada la vía administrativa, y pendientes por tanto de resolución judicial. Se ha recuperado en marzo de 2011 una superficie total de 1,6 hectáreas, que corresponde a ocho de los expedientes de recuperación posesoria tramitados y acabados», explicaron fuentes del Servicio de Costas a IDEAL.
Se da la circunstancia de que, a finales de 2011, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictó un auto -una resolución motivada- en el que paralizaba el desalojo y la demolición de los invernaderos ilegales de Albuñol. Era una medida cautelar: hasta tanto no se resolvieran los litigios que estaban en marcha -que, a fecha de hoy, como ya se ha dicho, son trece-.
Para el TSJA, las cosechas de las tierras en disputa son «el único sustento» de los agricultores que las explotan desde hace décadas, «por lo que su abandono provocará perjuicios de imposible reparación, afectando a numerosas familias y empresas que generan trabajo». Además de las pérdidas económicas que generaría la demolición de los invernaderos que reclama Costas, los jueces tenían en cuenta que la medida «haría imposible recuperar las fincas» por lo que consideraba necesario aplazarla hasta tanto no se resolviera el fondo de la cuestión. «Por otra parte -agregaba aquel auto- la suspensión (de la demolición) no causará perjuicios al interés público ya que no existe programa o plan alguno para la zona a corto o medio plazo, ni de recuperación ni turístico o similar». También entendía el TSJA que los agricultores «fueron poseyendo los terrenos de forma pacífica de buena fe y sin que la Administración haya cuestionado su titularidad».
A pesar del criterio del Alto Tribunal Andaluz, Costas ha seguido incoando expedientes de «recuperación posesoria del dominio público marítimo terrestre». Las espadas siguen en alto.
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