La mediación no es una opción, su desarrollo es una obligación por parte de las universidades.
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ISABEL INFANTES/EUROPA PRESS VIA GETTY IMAGES |
La Ley de Convivencia Universitaria cumple con el compromiso adquirido con la comunidad universitaria de derogación del Reglamento de Disciplina Académica de 1954, y con el impulso de una nueva normativa en consonancia con los principios y valores democráticos.
En primer lugar, es necesario comenzar agradeciendo a todos los grupos políticos que han enriquecido esta ley durante su tramitación parlamentaria y también a los que dieron su apoyo, porque sin él, no sería posible y no podríamos cumplir con uno de nuestros compromisos de gobierno. Y también hay que agradecer las aportaciones de la comunidad universitaria, tanto de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) como del estudiantado, que se han involucrado en su desarrollo. Por lo que somos sensibles a las manifestaciones y al posicionamiento que mantuvieron durante su tramitación parlamentaria.
“Era fácil de imaginar que un gobierno progresista no desarrollaría una ley entendida como norma disciplinaria con la misma filosofía que el reglamento preconstitucional”
Aun así, es necesario destacar que la ley sigue apostando claramente por el desarrollo de medidas alternativas de solución de los conflictos de la convivencia basadas en la mediación. Ahí está la enmienda transaccional firmada por el Grupo Socialista durante su tramitación en el Congreso que dice claramente que “las universidades desarrollarán en sus Normas de Convivencia medios alternativos de solución de los conflictos de convivencia basados en la mediación, para ser aplicados antes y durante el procedimiento disciplinario”. Es decir, la mediación no es una opción, su desarrollo es una obligación por parte de las universidades.
El PP, que se presentó durante su trámite parlamentario como defensor del texto original de la norma, presentó una enmienda a la totalidad a ese texto inicial. Aunque ofrecían su colaboración y decían que les importaba mucho la política universitaria, a la hora de la verdad, no tuvieron piedad y presentaron su enmienda a la totalidad a la Ley de Convivencia en el Congreso, posición a la que dieron continuidad en el Senado.
Era fácil de imaginar que un gobierno progresista no desarrollaría una ley entendida como norma disciplinaria con la misma filosofía que el reglamento preconstitucional. Sino que lo haría como una norma que apostase por una universidad basada en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y poniendo el foco del asunto en la prevención de conflictos, la mediación y la resolución pacífica de los mismos.
“Las universidades públicas y privadas aprobarán sus propias Normas de Convivencia, que serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad universitaria”
Las medidas de sanciones sustitutivas no se eliminaron, siguen estando en la ley intactas, al igual que las medidas de prevención. El único cambio que se produjo para llegar a un consenso parlamentario fue que los mecanismos de mediación los desarrollarán las universidades. También sigue intacto el artículo 24 que dice que si las partes quieren hacer mediación la comisión de convivencia abrirá el procedimiento de mediación y se parará el disciplinario. Las universidades públicas y privadas aprobarán sus propias Normas de Convivencia, que serán de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad universitaria.
La ley deja claro que las universidades elaborarán esta regulación con la participación y audiencia de todos los sectores de la comunidad universitaria a través de sus respectivos órganos de representación. También, como no podría ser de otra manera, del estudiantado.
Estos avances normativos ven la luz al mismo tiempo que otros avances en derechos, como el importante esfuerzo que se hace en los Presupuestos Generales de 2022, que incorporan la mayor partida de becas de la historia de nuestro país.
Apostamos por la convivencia universitaria, pero también por una universidad para todas las personas, en la que las desigualdades socioeconómicas no sean un obstáculo para obtener un título universitario. Esta ley hace a la universidad más moderna, apostando en su normativa por la convivencia, porque lo que para las formaciones de la derecha es ideología, para el PSOE son valores y cultura democrática.
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