La decisión permite tramitar el elevado número de alegaciones presentadas
R. FERNÁNDEZ GRANADA , COSTa
El Consejo de Gobierno, celebrado ayer en el Palacio de San Telmo de Sevilla, ha acordado ampliar en seis meses el plazo de dos años fijado inicialmente para la aprobación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que se cumple este mes de noviembre. La decisión, que se adopta a través de un decreto ley, permitirá tramitar adecuadamente el elevado número de alegaciones (3.547) presentadas al documento durante el periodo de información pública, tanto por los municipios afectados como por grupos profesionales, centros universitarios y organizaciones empresariales, sindicales y ecologistas. El nuevo período facilitará también los trabajos de concertación para alcanzar el necesario grado de consenso sobre el contenido del plan.
Junto con la ampliación del plazo, el decreto ley también mantiene la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados en los 52 municipios costeros que no tienen adaptada su normativa al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Entre otras exigencias de sostenibilidad, este instrumento limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30% de la población y en un 40% del territorio.
La suspensión, que se mantiene desde el 2012 para garantizar el cumplimiento de las previsiones del Plan de Protección del Corredor Litoral durante su elaboración, afecta exclusivamente a los suelos protegidos ya identificados expresamente en el documento Independientemente de ello, los municipios que actualmente se encuentran en proceso de revisión y adaptación al POTA podrán continuarlo con normalidad.
Junto con la ampliación del plazo, el decreto ley también mantiene la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados en los 52 municipios costeros que no tienen adaptada su normativa al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Entre otras exigencias de sostenibilidad, este instrumento limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30% de la población y en un 40% del territorio.
La suspensión, que se mantiene desde el 2012 para garantizar el cumplimiento de las previsiones del Plan de Protección del Corredor Litoral durante su elaboración, afecta exclusivamente a los suelos protegidos ya identificados expresamente en el documento Independientemente de ello, los municipios que actualmente se encuentran en proceso de revisión y adaptación al POTA podrán continuarlo con normalidad.
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