martes, 12 de abril de 2011

La Fiscalía investiga al Ayuntamiento de Albuñol por los vertidos a la playa granadahoy.com

ANA LOZANO / GRANADA

Imagen de los vertederos denunciados ante la fiscalía.

La Sección de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía de Granada está investigando al Ayuntamiento de Albuñol por la posible comisión de un delito contra el medio ambiente y otro de desobediencia contra la autoridad, por haberse negado a facilitar información.

Tras evaluar los informes aportados a las diligencias de investigación, la fiscalía decidió abrir una investigación penal para averiguar si Ayuntamiento de Albuñol podría haber cometido un delito contra el medio ambiente. Además, durante esa investigación, que se ha prolongado más de un año, se le requirió un informe de la situación de las playas de su término municipal hasta en cuatro ocasiones, sin haber obtenido aún respuesta. Por ello, el ministerio público también estudiará si el consistorio albuñolense ha cometido otro delito de desobediencia contra la autoridad.

Los hechos se remontan a principios de 2010, cuando la fiscalía comenzó a investigar la posible "constitución de vertederos ilegales de residuos químicos y no degradables, supuestamente tóxicos" en varias playas del litoral granadino, a raíz de diversas informaciones periodísticas publicadas a finales de 2009. En esas playas supuestamente se acumulaba "gran cantidad de residuos agrícolas, plásticos, alambres, plaguicidas, fertilizantes y pesticidas".

La fiscal delegada de Medio Ambiente solicitó entonces al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) "un informe detallado sobre la veracidad de los hechos". Según explica un decreto de la fiscalía hecho público ayer, los agentes debían realizar una inspección en las playas bajo sospecha: las del Pozuelo, la Rábita, los Yesos, Castell de Ferro, y en "cualquiera otra de la costa granadina en la que aparecieran vertidos", para poder así "verificar si se habían convertido en vertederos ilegales, con el consecuente riesgo para la salud de las personas y el medioambiente". Además, la fiscalía mandó un oficio solicitando información a los Ayuntamientos de Albuñol, Castell de Ferro y Sorvilán sobre los supuestos vertidos en las playas investigadas y las medidas adoptadas en relación a los mismos.

El informe del Seprona resultó incontestable. Habían examinado todas las playas de la provincia sospechosas de haberse convertido en vertederos, en especial las de los términos municipales de Albuñol, Sorvilán, Polopos, Rubite, Lujar. Las playas de los cuatro últimos encontraban "en buen estado de limpieza de residuos", ya que habían sido "convenientemente mantenidas por los servicios de limpieza del municipales".

Sin embargo, la situación cambiaba en el término municipal de Albuñol. Los agentes de la Guardia Civil encontraron residuos procedentes de los invernaderos situados "en primera línea de playa", en las playas de Huarea y del Pozuelo. En ellas pudieron detectar hasta "cuatro infracciones por realizar vertidos de residuos vegetales en zona de dominio público marítimo terrestre". En La Rábita, al igual que en las anteriores, también detectaron vertidos de "diferentes clases de residuos". Además alertaron de la presencia de "invernaderos deteriorados y en estado de abandono".

El informe del Seprona reflejaba una descripción detallada de todos los residuos encontrados en estas tres playas albuñolenses: "residuos vegetales, plásticos, alambres, envases vacíos de productos fitosanitarios, garrafas, cañaveras...". En algunos casos los agentes recogen que los productos podrían haber sido "abandonados por los propietarios de los invernaderos en diferentes lugares tales como cauces de ramblas y barrancos, en algunos casos lejanos a la playa, siendo arrastrados por las lluvias hasta el mar y posteriormente con las mareas expulsados a la playa".La única la playa limpia y "en buen estado" de Albuñol, según el Seprona, era la naturista de El Ruso.

Tras el primer oficio de la Fiscalía, el 26 de enero de 2010, el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro remitió un informe en el aclaraba que en playas de su término municipal nunca había existido ningún vertedero, "ya que no se arrojan residuos por los agricultores, ni el Consistorio lo permite". Además adjuntaron al informe fotografías que acreditaban el perfecto estado de su litoral, así como copias de los escritos que la Consejería de Salud remite al Ayuntamiento durante la temporada de baño, donde constan los resultados analíticos y situación higienico-sanitarias de las aguas. Ante el mismo requerimiento fiscal, Sorvilán informó de que "en la playa de Los Yesos ni se había observado, ni se tenía conocimiento de ningún tipo de vertido". El informe del Seprona vino a confirmar posteriormente ambas respuestas municipales.

Una vez más, la nota discordante llegó desde Albuñol. El ministerio público recoge en su escrito que les solicitó información "a la mayor brevedad posible" el 26 de enero de 2010. Posteriormente, "y por si el oficio librado hubiese sufrido extravío" se reenvió el 26 de mayo. El 31 de diciembre se le vuelve a requerir y el 26 de enero de 2011 se insiste en que remita el informe, que, a fecha de ayer, no había llegado a la sede del ministerio fiscal en Plaza Nueva.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente, asegura en su informe a la Fiscalía Provincial que "los municipio son los encargados del servicio obligatorio de gestión, recogida, transporte y al menos, eliminación de los residuos urbanos", considerando Andalucía, como residuo urbano los procedentes de actividades agrícolas. Además, recuerda que, según la Ley de Costas, "es responsabilidad municipal mantener las playas y lugares públicas de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la administración del Estado". La Consejería agrega que habría que "clarificar la naturaleza de los residuos depositados y de la ubicación física de los mismos" para poder enfocar adecuadamente el problema.
El Consistorio también está siendo investigado por desobediencia a la autoridad, al haberse negado a aportar información sobre las playas de su término municipal




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