La extracción de arena para regenerar Playa Granada se hizo sin permiso granadahoy.com

Medio Ambiente movió 71.000 metros cúbicos de arena en una Zona de Servidumbre Arqueológica para la recuperación de Playa Granada · Cultura investiga el caso y estudia sancionar al Ministerio

NACHO MARTÍN / GRANADA | ACTUALIZADO 02.04.2010 - 01:00
La responsabilidad de que no se dé una solución definitiva al problema de erosión en Playa Granada ha sido hasta ahora tan escurridiza como la propia arena del mar cuando se coge entre las manos. Cultura ha descubierto, a través de la denuncia de un particular, que no se le ha pedido ninguna autorización para realizar actividades de regeneración en este lugar, como hubiera sido preceptivo, ya que se encuentra incluido dentro de la Zona de Servidumbre Arqueológica, ZSA, que se extiende desde Cerro Gordo hasta el Faro de Sacratif, según una Resolución de 17 de enero de 2008 de la Dirección General de Bienes Culturales, en vigor desde el 20 de abril de 2009. El mismo delegado, Pedro Benzal, asegura que no han autorizado en su departamento ninguna actuación en este tramo que goza de especial protección.

Sin embargo, no han emitido aún ninguna denuncia, aunque se encuentran investigando los hechos para determinar responsabilidades y posibles daños. El asunto lo destapa un aficionado a los detectores de metales que solicita realizar esta actividad en las playas de Granada. Se lo deniegan, apelando a que "se ocasionaría daño al patrimonio" y "destrozos en la estratigrafía del suelo". Sin embargo, se queda impresionado cuando ve cómo "permiten el movimiento de 71.000 metros cúbicos de arena - el equivalente a 28 piscinas olímpicas o a un poco menos del volumen del cubo de CajaGranada- de una ZSA cuando a nosotros no nos dejan excavar 20 centímetros". A partir de ahí, Francisco José Medina, que es presidente de la Asociación Granadina de Detectoaficionados Iliberri, presenta un escrito a Cultura solicitando que les reconozcan como parte interesada en el procedimiento para conocer el informe de Cultura que autorizaba el movimiento de tierras dentro de la zona protegida.

Tal y como asegura la propia Delegación de Cultura, nadie ha autorizado nada. Por tanto, dichas actuaciones se pueden haber realizado al margen de la legalidad. Desde Medio Ambiente se limitan a desviar el asunto hacia la Dirección General de Costas, dependiente de este Ministerio. Esta última se dedica a preguntar "¿quién sabe si estamos o no autorizados?". Desde luego, por Cultura no.

Esta última delegación, dependiente de la Junta de Andalucía, por su parte, dice estar en este momento verificando los hechos "para conocer si son reales o no. De serlo, se abriría un expediente sancionador, que aún no está abierto, ya que no se conoce quién es el responsable".

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino aprobó en octubre de 2009 la adjudicación del proyecto de regeneración de las playas de Playa Granada y La Cagaílla, situadas en los términos municipales de Motril y Salobreña, respectivamente. El proyecto de intervención, con un mes de plazo de ejecución, tuvo un presupuesto global de 429.963,86 euros y fue adjudicado el día 30 de octubre a la empresa Tragsa. En el mismo se decía que sería necesaria la aportación de 71.000 metros cúbicos de arena acumulada en la playa del Cable, junto al Dique de Poniente del Puerto de Motril, e incluso de otras zonas de la playa de Poniente si se considerara conveniente, a las zonas más dañadas por los temporales sufridos entre el 29 y el 30 de noviembre de 2008, es decir, a Playa Granada y La Cagaílla. Las obras afectaron a alrededor de 1,7 kilómetros.

Pero no ha sido la única actuación. Playa Granada recibió 50.000 metros cúbicos de arena entre el periodo comprendido entre el año 2004 y 2008. Posteriormente, se aprobó este otro de 70.000 m3. El volumen total supone un gasto de 780.000 euros que, sin embargo, se los lleva el mar. La prueba está en que el último aporte iniciado en noviembre y finalizado en diciembre de 2009 se evaporó en dos semanas.

Desde hace años, se está dando esta solución que -según todas las asociaciones de vecinos del anejo y el propio Ayuntamiento de Motril- no satisface a nadie, ya que piden espigones, una medida que creen que es más duradera y que ha funcionado en otras zonas, como Torrenueva, Castell o La Mamola.

También Ecologistas en Acción se une a las críticas: "Al ser tierra el componente mayoritario de los depósitos arrojados, sus finísimas partículas contribuyen a la turbiedad de las aguas, con consecuencias muy graves para toda la vida marina de la costa, ya que cambia la luminosidad, y al depositarse sobre los seres bentónicos los mata rompiendo un elemento esencial en la cadena trófica, de gravísimas consecuencias ecológicas y económicas para los pescadores de la zona", explica Javier Egea, presidente de la agrupación en Granada.

En las playas andaluzas se pueden dar situaciones tan absurdas como que un vecino de La Herradura que se encuentre en Cerro Gordo no pueda utilizar un detector de metales en la arena por no haber conseguido la autorización correspondiente (se han denegado más de 300 solicitudes), pero unos metros más allá, ya en la provincia de Málaga, sí. Aunque también esta zona sea igualmente protegida como una servidumbre del patrimonio andaluz. Simplemente porque la delegación de cultura de la provincia vecina sí le haya permitido realizar esa misma actividad, sin que crea que puede dañar el patrimonio oculto bajo la arena.

El delegado de Cultura, Pedro Benzal, lamenta la laguna existente sobre el desarrollo de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, ya que en la actualidad no existe ningún reglamento que detalle cómo otorgar los permisos en las Zonas de Servidumbre Protegida. De ahí que Benzal reivindique que se dicte "una normatiza que concrete cómo dar este tipo de permisos y, sobre todo, que siente unos criterios a la hora de interpretar determinadas actuaciones de manera uniforme en todas las provincias andaluzas".