Diputación asume la gestión directa de la instalación después de solventar los problemas técnicos que han provocado su cierre durante 41 días
22.04.10 - 01:53 -
Cuarenta y un días ha durado el cierre de la planta de residuos agrícolas de la Costa granadina, que ha mantenido en vilo a los productores y empresarios del sector al quedarse sin ninguna alternativa para eliminar la basura justo en el peor momento, el del cambio de cosecha, cuando se genera un pico de producción de residuos. La Diputación ha dado un paso al frente para solventar el problema y ayer reabrió las puertas de la instalación después de resolver los «fallos técnicos» que obligaron a su cierre.
A pesar de que la empresa a la que se le había adjudicado el servicio, la UTE Guadalquivir, renunció, la institución provincial ha cumplido su compromiso de reabrir con sus propios medios esta instalación vital para el sector agrícola de la Costa y, según anunció ayer, asumirá la gestión directa de la planta, a través de Resur, «en tanto se resuelve de forma definitiva la adjudicación» a otra empresa. Este trámite, según informa Diputación, «está pendiente de un dictamen del Consejo Consultivo preceptivo para que se pueda volver a licitar la explotación de la misma».
La planta, que tiene capacidad para el tratamiento de hasta 60.00 toneladas de residuos agrarios al año, fue construida por la propia Diputación y ha funcionado en pruebas durante tres años, en los que la institución provincial ha prestado el servicio de forma gratuita a los agricultores. Después realizó la adjudicación a la UTE Guadalquivir, que no llegó a hacerse cargo de la planta, al renunciar a la cesión. Justo en medio de ese proceso, el pasado 12 de marzo la Diputación cerraba sin previo aviso la planta, alegando problemas técnicos que suponían un riesgo de vertidos, lo que le valió una avalancha de críticas por parte del sector, que se quedaba desamparado.
Organizaciones agrarias y empresariales alertaron del riesgo de vertidos incontrolados de basura y denunciaron la «falta de previsión». Pero las más duras críticas, sin duda, llegaron del Ayuntamiento motrileño, que acusó directamente a la Diputación de cerrar la planta para que se acumulara basura y «hacer caja» después con los agricultores, ya que el servicio dejaría de ser gratuito al ser gestionado por una empresa privada. Por el momento no es una empresa privada sino la propia Diputación la que ha vuelto a poner en marcha la instalación, pero eso sí, ya no es gratis para los agricultores.
Resur ha impuesto las tasas «que en su día fueron aprobadas por la asamblea general del Consorcio Provincial de Residuos». Los agricultores tendrán que pagar 3,20 euros por metro cúbico en el caso de las matas y 12 euros por metro cúbico para los destríos de frutas y verduras. Según explicó la diputada de Medio Ambiente Pilar Peramos, durante los 41 días en los que la planta ha permanecido cerrada «hemos resuelto técnicamente que el agua de lluvia no vuelva a colapsar las balsas de lixiviados y además las hemos vaciado, resolviendo así un problema que estaba generando contaminación». Peramos subrayó que se han realizado actuaciones de emergencia especialmente sobre el nivel de las balsas de lixiviados, rebajando su nivel, y otras actuaciones «que han disminuido sustancialmente el riesgo ambiental de las instalaciones».
«Hemos querido ser sensibles con las necesidades de los agricultores de la Costa que ven peligrar sus cosechas como consecuencia de la acumulación de residuos en el exterior de los invernaderos, y el riesgo de propagación de plagas, y hemos agilizado todo lo que ha estado de nuestra mano la apertura», aseguró Peramos. La diputada agradeció su colaboración a los ayuntamientos de Castell y Albuñol, que durante este tiempo han facilitado a los agricultores puntos de acopio para la basura y no olvidó afear su «falta de compromiso al Ayuntamiento de Motril, que sólo se ha quejado y exigido sin poner nada de su parte».
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