Justicia al alcance de los ciudadanos granadahoy.com

DENTRO de pocas semanas el acceso a la Justicia será más caro para una mayoría de los españoles, al empezar a pagarse las nuevas tasas judiciales implantadas por el Ministerio que entraron en vigor ayer. Excluidos de la subida los ciudadanos de rentas más bajas, los implicados en procesos penales y otros pleitos específicos, se verán afectados por el aumento millones de españoles que acudan a las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativa. A partir de ahora plantearse un divorcio con reclamaciones, recurrir una multa de tráfico o apelar contra una sentencia de despido supondrá hacer un desembolso económico tan considerable que muchos españoles se verán tentados de desistir porque no les merecerá la pena asumir el gasto que se les exige para hacer valer sus derechos. La medida ha tenido la extraña virtud de concitar el rechazo y la movilización de jueces, letrados y funcionarios judiciales, además de los sindicatos, organizaciones de consumidores y la oposición política en pleno. El Ministerio de Justicia asegura que no le guía un afán recaudatorio, sino el propósito de disminuir la elevada litigiosidad que se produce habitualmente en España, muy superior a la media de los países europeos. Pero la subida es a todas luces excesiva y producirá unos efectos contraproducentes y más graves que los derivados del atasco que pretende combatir. Porque es grave, en efecto, que la igualdad ante la Justicia y la tutela judicial efectiva de derechos e intereses legítimos, consagradas en la Constitución vigente, se vean deterioradas para la gran mayoría de ciudadanos que no se pueden beneficiar de las excepciones contempladas en la nueva normativa. Todavía está a tiempo el Gobierno de reconsiderar su decisión, modulando con prudencia el actual sistema de tasas y sin exponerse así, no sólo a la indignación de los agentes judiciales y los ciudadanos, sino a un previsible recurso ante el Tribunal Constitucional que eche para atrás unas medidas desproporcionadas y de dudosa constitucionalidad.