La Junta desobedece las instrucciones del Ministerio de Sanidad, que recuerda que la medida entra en vigor en enero
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M. D. TORTOSA/AGENCIAS |
El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, y el portavoz, Miguel Ángel Vázquez.:: EFE
El Gobierno andaluz volvió a insistir que no piensa aplicar el copago de los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales pese a la advertencia del Ministerio de Sanidad. El departamento que dirige Ana Mato recordó ayer, a través de Efe, que la medida es de obligado cumplimiento por las comunidades autónomas desde el 1 de enero.
Ninguna comunidad la ha puesto en marcha aún, salvo las ciudades de Ceuta y Melilla, unas por la complejidad del sistema a aplicar y otras, como Andalucía, por estar en contra. La Junta recurrió el pasado 18 de diciembre la orden gubernamental por la vía de lo contencioso administrativo, lo mismo que Castilla León (PP), Canarias (CC-PSOE) y País Vasco (PNV).
La medida entró en vigor el pasado 1 de octubre, pero el Ministerio de Sanidad facilitó un plazo de tres meses para que las comunidades pudieran adaptarse. Desde el 1 de enero, todas debían haber empezado a aplicarla, pero no ha sido así. En el caso andaluz, el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, reiteró ayer tras el Consejo de Gobierno, que Andalucía desobedecerá la orden ministerial tal como había anunciado la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio. Esta ha reiterado varias veces que la orden es «injusta» que rompe con los «principios de equidad» del sistema sanitario, sobre todo para las personas con enfermedades crónicas graves como el cáncer. La consejera también ha mostrado su duda de que signifique un ahorro en gasto farmacéutico, ya que los cálculos reconocidos en el último consejo interterritorial de sanidad eran de aproximadamente 1,7 millones de euros en todo el territorio nacional.
Un diez por ciento
La medida –derivada de un decreto ley de abril de 2012– afecta a 43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C) no hospitalizados, que tendrán que pagar un 10 % de estas medicinas, con un tope de 4,26 euros mensuales. El motivo de que se dispensen en las farmacias de los hospitales es su alto precio (en algunos casos pueden alcanzar los 40.000 euros anuales) o la necesidad de hacer un seguimiento médico del tratamiento, explica Efe.
También Cataluña (CiU-ER), Baleares (PP) y Asturias (PSOE) rechazan el copago. Solo parecen estar dispuestas a aplicarlo a regañadientes Navarra (UPN), La Rioja (PP), Comunidad Valenciana (PP), Castilla-La Mancha (PP), Cantabria (PP), Galicia (PP), Madrid (PP), Murcia (PP) y Aragón (PP). Esta comunidad podría convertirse en la primera en hacerlo a final de mes.
La explicación que ha dado el Ministerio de Sanidad en su defensa es la misma que argumenta la Junta para rechazarla. Según dijo el director general de Farmacia, Agustín Rivero, cuando entró la medida en vigor, si el hipertenso o el diabético «paga parte de la receta en su farmacia, también se deben pagar los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales». El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, acusó al Gobierno de atacar a los más débiles por subir los topes máximos del copago farmacéutico a los pensionistas.
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