En Europa, siglo XXI, se siguen vulnerando los derechos de los menores.
Por Elena Niño Marina Velasco
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“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”.
Se cumplen 30 años del tratado más ratificado de la historia, la Convención sobre los Derechos del Niño, y a pesar de ello, en la actualidad casi 385 millones de menores viven en situación de pobreza extrema en el mundo, más de 200 millones de niñas han sufrido la mutilación genital femenina y alrededor de 115 millones de jóvenes se casaron cuando todavía eran niños.
La Convención recoge en sus 54 artículos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los niños y su aplicación es de obligado cumplimiento para todos los Estados Miembro. Sin embargo, en la práctica muchos de ellos hacen caso omiso.
Aunque términos como pobreza y abusos puedan sonar a lugares remotos, lo cierto es que los niños en España también sufren carencias y violaciones de sus derechos:
Pobreza infantil
Artículo 27.3. “Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas y proporcionar en caso necesario asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.
A pesar de ello, 1 de cada 3 niños vive en España en riesgo de pobreza y exclusión social. En total, 1.400.000 menores lo hacen en situación de pobreza severa y 2.200.000 están en riesgo.
Los datos son estremecedores si se tiene en cuenta que más de 140.000 familias con niños sobreviven sin ningún tipo de ingreso. Desde Save the Children, pronostican que la tasa aumentará si no se toman medidas efectivas y alertan que este porcentaje debería reducirse un punto porcentual por año, hasta el 17%.
La misma organización arroja más números: 700.000 hogares no consiguen cubrir el coste mínimo para criar a un hijo en condiciones dignas, un valor que oscila entre los 479 euros y los 588 mensuales dependiendo de la edad de los menores y que incluye no sólo la alimentación, sino también la vivienda y la educación.
Todo forma parte del mismo engranaje: sin calefacción (pobreza energética), los niños están más expuestos a enfermar, por lo que el abstentismo escolar está directamente relacionado. Es un 25% más alto en familias pobres que las de nivel socioeconómico más alto.
“Hacen falta medidas urgentes, la pobreza infantil en España significa desigualdad de oportunidades, esto se traduce en que niños y niñas con las mismas capacidades vivirán en su infancia realidades distintas que determinarán su futuro”, recalcan desde la organización.
Abusos sexuales
Artículo 34. “Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales”.
No obstante, entre un 10 y un 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia, según datos de Save the Children.
“El abuso sexual es una manipulación de niños, niñas y adolescentes, sus sentimientos, debilidades o necesidades, basada en una desigualdad de poder, que tiene como objeto una parte íntima y altamente sensible de las personas, su sexualidad, en un momento en el que está en desarrollo y en el que aún no se tienen las capacidades necesarias para entender las implicaciones de lo que está pasando”, explican desde la organización.
Pese a ser una de las formas más traumáticas de abuso a menores, sigue siendo también una de las más invisibles, silenciadas y tabú. “Sólo un 15% de los colegios en los que el niño ha contado que ha sido víctima de un abuso sexual lo han comunicado a las autoridades”, el informe Ojos que no quieren ver, que recalca que, de media, un niño suele sufrir 4 años de abusos. Por eso es fundamental no ocultar y denunciar los casos y, una vez comunicados, apoyar al niño.
Save the Children destaca la importancia de que exista una educación afectivo-sexual desde la infancia, lo cual hace comprender al niño qué comportamientos son aceptables y cuáles no, por mucho que provengan de un superior. La organización también recomienda que todos los centros educativos cuenten con protocolos de prevención, detección y gestión de estos casos.
Violencia
Artículo 19. “Es obligación del Estado proteger a los niños de todas las formas de malos tratos perpetradas por padres, madres o cualquiera otra persona responsable de su cuidado, y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto”.
Y, sin embargo, miles de niños sufren violencia en España. Según datos de Save the Children, en 2017 hubo 38.433 denuncias por delitos contra menores de edad y se calcula que desde 2012 han muerto 118 niños víctimas de la violencia. Sólo en 2018, 22 niños y niñas murieron por causas violentas, de los cuales tres fueron por violencia de género contra sus madres (y 39 han quedado huérfanos).
“Crece la violencia contra la infancia y la adolescencia”, constata la fundación ANAR, que pasó de atender 1.487 casos en el año 2009 a 5.930 en el año 2016. La más frecuente y la más grave, advierten, es el maltrato físico. De hecho, en 1 de cada 3 casos de violencia contra menores “se producen lesiones físicas, golpes, bofetadas, puñetazos, patadas, además de amenazas graves, coacciones y gritos”. El 6,7% de los casos atendidos por ANAR presentaron traumatismos, huesos rotos y contusiones fuertes. La mayoría de las veces, esta violencia tiene lugar en el hogar o en el entorno familiar.
Bullying
Artículo 19 1." Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual″.
Dentro de las formas de violencia, llama la atención una relativamente ‘reciente’: el acoso escolar o bullying. No fue hasta el año 2004 cuando, a raíz del suicidio del adolescente Jokin Ceberio por acoso escolar, esta realidad saltó a los medios de comunicación y empezó a estudiarse.
Actualmente, Save the Children calcula que el 9,3% de la población infantil sufre acoso en las aulas y el 6,9% ciberacoso. En 2017, se denunciaron en España más de 1.000 casos de acoso escolar. Y, si antes esta forma de violencia se limitaba al recinto escolar, ahora va más allá. Es el caso del ciberacoso, del cual son víctimas al menos dos estudiantes en cada clase en España. Cuatro de cada diez chicas (42,6%) afirma haber sido víctima de algún tipo de violencia o acoso sexual en internet, frente a un 35,9% de los chicos, según el informe de Unicef Los niños y las niñas de la brecha digital en España, de 2018. “La LGTBIfobia continúa siendo la principal causa de acoso entre menores”, advierte Save the Children: el 15% del alumnado LGTBI sufre ciberbullying.
Abandono de migrantes
Artículo 22 1. “Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho [...] y se le concederá la misma protección que a cualquier otro niño”.
Están en el foco mediático. Se les vincula con actividades delictivas, se les culpa de aumentar la inseguridad ciudadana y se les criminaliza por venir de donde vienen. Pero, por encima de todo, se oculta su realidad con un discurso xenófobo, racista y anti-inmigratorio.
En España hay más de 12.300 menores extranjeros que han llegado solos, según el registro oficial del Ministerio del Interior, que, sin embargo, no refleja el dato real porque la tutela de los niños es de las Comunidades Autónomas y estas no pueden impedir que los menores se desplacen de unas a otras o que abandonen el país.
El informe Los más solos, de Save the Children, señala que en 2018, el número de niños y niñas extranjeros no acompañados tutelados aumentó en un 60,47%.
Son el colectivo más vulnerable y a pesar de todo, faltan protocolos o guías específicas sobre cómo proceder para llevar a la práctica esa doble protección que se les reconoce a los niños refugiados. Tareas que en la gran mayoría de casos queda delegada a organizaciones sin ánimo de lucro.
Explotación infantil
Artículo 32.1. “Es derecho del niño estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación”.
“En España, el trabajo infantil representa casos marginales, sin embargo, los españoles están consumiéndolo sin saberlo”, apunta el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto.
“Hay 152 millones de niñas y niños atrapados en el trabajo infantil en todo el mundo. Los productos que elaboran pueden llegar a manos de consumidores españoles, en la medida en que no existen mecanismos que informen de que tal producto está libre o no de trabajo infantil”, recalca. Lo más “duro”, precisa, es que suelen ser productos “amables” como “vestidos, juguetes, bombones, flores y joyas”. “No siempre, pero muy a menudo, cuando regalamos estas cosas, estamos regalando trabajo infantil”.
En la mayoría de las ocasiones el trabajo realizado no está supervisado por un adulto que vele por sus condiciones de trabajo, lo cual les convierte en trabajadores particularmente vulnerables a la explotación y los abusos
Discriminación de las minorías
Artículo 30. “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma”.
Sin embargo, está comprobado que los alumnos inmigrantes en España tienen un menor sentimiento de pertenencia a la escuela que los nativos y están menos satisfechos con su vida. A pesar de estar más integrados que en otros países, repiten curso con más frecuencia y son más vulnerables al bullying, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que recoge datos del Informe PISA y de la European Social Survey.
Uno de los colectivos que más sufren la discriminación en las aulas son los menores gitanos. 6 de cada 10 niños abandonan la escuela antes de terminar la Secundaria Obligatoria, frente a 2 de cada 10 en el conjunto de la población. La segregación es una de las principales causas de este abstentismo y, por ello, desde la Fundación Secretariado Gitano (FSG) se reclaman medidas específicas y un plan de choque para controlar la continuidad de estos niños en el sistema educativo.
Para el director de la FSG, Isidro Rodriguez, el principal problema es la falta de un abordaje global y específico: “Nadie piensa de verdad en garantizar este derecho a la educación a los gitanos. Desde la Administración se plantean medidas parceladas: contra el absentismo, contra el fracaso escolar, contra la segregación...”. Un cúmulo de factores hace que este alumnado salga del sistema sin título: “Hay desigualdad desde infantil, con una menor incorporación a edades tempranas; en primaria, con una calidad inferior, muchas veces en centros segregados, y al llegar a secundaria, como poco, han perdido un curso”, señala Rodríguez, que critica que hay conformismo con respecto al acceso a la educación, “sin vincularlo al éxito educativo”.
Promesas en la materia, no obstante, existen. La hasta ahora ministra de Educación y portavoz en funciones, Isabel Celaá, se comprometía hace apenas un mes a formular en una futura ley una asignatura sobre la historia del pueblo gitano de contenido obligatorio, con el objetivo de incluir referentes procedentes de esta comunidad en el plan académico.
Malnutrición y obesidad
Artículo 24.1. “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud [...] y adoptarán las medidas apropiadas para [...] combatir las enfermedades y la malnutrición”.
Pese a este compromiso, un 20,7% de los niños, niñas y adolescentes en España tienen sobrepeso y un 14,2% obesidad, lo que suma un 34,9% de exceso de peso, según datos de Unicef. Dicho de otra manera: uno de cada tres niños españoles no están sanos, atendiendo a la OMS, que considera la obesidad infantil como “uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI”.
Los lactantes y niños obesos, advierte la OMS, tendrán más probabilidades de desarrollar en la edad adulta cardiopatías, resistencia a la insulina, trastornos osteomusculares, algunos tipos de cáncer y discapacidad, entre otros problemas.
Y si antes la pobreza iba asociada a la desnutrición, ahora es sinónimo de sobrepeso y malnutrición, que frecuentemente van de la mano. Numerosos estudios, entre ellos de Unicef, han demostrado que la prevalencia de la obesidad infantil es superior en los grupos con un nivel de pobreza mayor. “Ahora ves a una familia pidiendo para comer y el niño va con una bolsa de Cheetos. Claro, cuesta 30 céntimos y tiene la tripa tranquila durante un rato a base de grasa y malos cereales que sacian”, ilustra el pediatra Jesús Martínez, bloguero deEl HuffPost. “El problema estará en que al disminuir la calidad de lo que comen se resentirá su nutrición”, explica.
El nutricionista Carlos Ríos también va en esta línea: “Una familia desfavorecida con más problemas sociales y económicos se apoyará en la droga del siglo XXI, los ultraprocesados. Además un paquete de galletas o de patatas fritas es más barato que comprar pescado fresco o frutos secos”. El problema no se queda ahí, ya que esos malos hábitos se “contagiarán a sus hijos, que tendrán más riesgo de obesidad por la mala alimentación”, señala. “Si vives en un barrio marginal tienes muchas más probabilidades de padecer estas enfermedades crónicas”, resume el nutricionista.
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