Caja Rural de Granada también cederá 23 inmuebles al fondo impulsado por el Gobierno
REDACCIÓN GRANADA Una "segunda oportunidad". Así calificó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al Fondo Social de Viviendas, el parque de inmuebles cedidos por las entidades financieras que se destinarán a alquileres social para los afectados por la lacra de los desahucios. Durante la firma del convenio que regulará el funcionamiento de este fondo, Sáenz de Santamaría destacó que las 5.891 viviendas que en principio se ponen a disposición de las familias que han sufrido un desalojo son una muestra del esfuerzo "solidario y conjunto" de un país "que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar".
De esas casi 6.000 viviendas a las que podrán acceder los desahuciados que cumplan los muchos requisitos del Decreto del Gobierno, más de la mitad (3.196) serán aportadas por las cajas de ahorro. Entre ellas, 180 serán cedidas por BMN, el grupo del que forma CajaGranada junto a CajaMurcia y Sa Nostra.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y el director general de BMN, Joaquín Cánovas, suscribieron ayer el convenio para la creación de este fondo social de viviendas, que "será destinado a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual y en las que se dan circunstancia de especial vulnerabilidad".
Según informó BMN, de los 180 inmuebles, 60 están situados en Andalucía, de acuerdo con la proporcionalidad de este territorio en el seno de BMN. Las viviendas aportadas por CajaGranada y sus socias en el banco serán arrendadas, como las del resto del Fondo Social de Vivienda, por una renta de entre 150 y 400 euros, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. La duración del contrato de arrendamiento será de dos años, prorrogables por uno más.
Las principales condiciones para acceder a una de estas viviendas en arrendamiento especial determinan que podrán ser arrendatarios las personas físicas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual con posterioridad al 1 de enero de 2008, y cuando el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples.
Además, son tenidas en cuenta circunstancias de especial vulnerabilidad, como la condición de familia numerosa o monoparental con varios hijos, las familias con hijos menores de tres años o con discapacidad, la situación de parados que hayan agotado las prestaciones por desempleo o las víctimas de violencia de género.
Además de la aportación de BMN, el Fondo Social de Vivienda cuenta también con 23 inmuebles aportados por Caja Rural de Granada, cuyo director, Dimas Rodríguez, acudió ayer a la firma del convenio, acto en el que también estuvieron presentes los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fomento; el Banco de España; la FEMP, y la plataforma Tercer Sector.
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