El delegado de Fomento y Vivienda exige cambios legislativos para evitar que aumente esta "tragedia social" Manuel Morales llama a los afectados a "resistir" en sus casas
G. S. M. GRANADAEl delegado llama a los ciudadanos a unirse al movimiento social contra los desahucios. |
La oficina de intermediación del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda ha atendido 125 casos en Granada. |
Porque Morales, que ayer hizo balance de los tres primeros meses de funcionamiento de la oficina de intermediación puesta en marcha por la Junta en el marco del Programa de Defensa de la Vivienda, recordó ayer que las escandalosas cifras de granadinos que han perdido su vivienda en lo que va de crisis no son más que el principio. "El problema de los desahucios no ha hecho más que empezar", aseguró el delegado de Vivienda, recordando que los expedientes que están ejecutándose ahora corresponden a los primeros años de la crisis, así que es previsible que a partir de ahora se produzca una nueva oleada, aún más virulenta, de lanzamientos hipotecarios derivados de procesos iniciados en 2010 y 2011. Ante esta situación, Morales no escondió que las administraciones tienen hoy en día "pocas herramientas para hacerle frente".
Por ello desde la Junta de Andalucía reclamaron ayer una "modificación del marco legal" que regularice, entre otras cuestiones, la dación en pago, la moratoria de intereses bancarios, el carácter social de la vivienda (con penalizaciones a quienes acumulen demasiados inmuebles) y el alquiler social para las viviendas vacías que acumulan las entidades financieras. "Es necesario todo un paquete de medidas urgentes si queremos evitar que decenas de miles de andaluces pierdan su vivienda", alertó Manuel Morales, que aseguró que "si no se produce ese cambio legislativo, prevemos un escenario de extraordinaria conflictividad social, mucho mayor que el actual".
Por su parte, el delegado de Fomento y Vivienda aseguró que la Junta pondrá en marcha "las medidas legislativas que estén a su alcance" para ayudar a las familias que están en riesgo de perder su vivienda. "Los desahucios nos ponen en la disyuntiva de elegir entre lo que es justo y lo que es legal. Y la Junta de Andalucía está de parte de la justicia".
De todos modos, mientras llegan o no los cambios legislativos que exigen desde la Junta de Andalucía, la administración seguirá apostando por medidas de apoyo como la oficina de intermediación. En los tres meses que lleva funcionando la oficina para la Defensa de la Vivienda, la Junta de Andalucía ha "ayudado" a 125 familias granadinas, y aunque no en todos los casos se han conseguido grandes éxitos, sí se ha logrado en muchos otros ganar tiempo, negociar los periodos de pago o carencia, reducir los intereses e impedir la subasta de pisos.
Además, también se ha puesto a disposición de los afectados el "escaso" parque público de viviendas de la Junta y se ha iniciado una campaña por todos los municipios granadinos para que se comprometan a colaborar con la oficina de intermediación, "facilitando la resolución de la situación de las familias". El convenio que la Junta quiere que firmen los ayuntamientos granadinos incluye la colaboración permanente a nivel informativo con la oficina -redirigiendo a las familias afectadas- y la puesta en común del parque público de viviendas, para dar cobijo a las familias que se vean abocadas al desahucio.
El delegado de Fomento y Vivienda lanzó un llamamiento a los posibles afectados por los desahucios: "que resistan", que aguanten tanto como puedan en sus viviendas aunque el desahucio que se les viene encima tenga todas las de la ley. De ahí que Morales pidiera que "crezca el movimiento social contra los desahucios y que los ciudadanos ayuden a sus vecinos a resistir en sus casas".
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