La UE debe ahora exigir que las compañías farmacéuticas honren los contratos firmados y cumplan lo pactado
Tras el aciago 2020, minado por una pandemia global como no recordábamos, tan inesperada como abrupta, y desde luego devastadora en sus consecuencias económicas y sociales, recibimos 2021 con el corazón encogido, abrigando tantos deseos como esperanzas de que los anuncios de una rápida y eficaz campaña de vacunación masiva nos permitiesen vislumbrar luz al final de un túnel tan prolongado como oscuro.
Con el arranque del nuevo año 2021, la UE parecía situarse a la vanguardia de la respuesta: aprendiendo las lecciones obligadas de su pésima respuesta frente a la Gran Recesión, se emplazaba a una inversión milmillonaria (con la perspectiva de obtener 2.000 millones de dosis, en contratos negociados con seis firmas farmacéuticas), con vocación cohesiva (coordinar la campaña de vacunación a nivel paneuropeo) y solidaria (remanentes para países en desarrollo).
Sin embargo, en los últimos días la Comisión Von der Leyen (muy particularmente, su vicepresidente para Asuntos Económicos y de Comercio, el ultraliberal Dombrovsky) ha sido puesta bajo el foco de intensas críticas cruzadas. Recuérdese: AstraZeneca, gran compañía farmacéutica, anuncia que no se encuentra en disposición de cumplir su contrato con la UE, optando por erigir a su CEO, Pascal Soriot, en una suerte de “villano en jefe” a ojos de una ciudadanía exasperada por los sufrimientos infligidos en su lucha contra el virus a todo lo ancho de la UE. Acto seguido asistimos a la precipitación de una cascada de opiniones expertas que buscan tanto esclarecer las responsabilidades políticas por la frustración generada como sugerir y explorar opciones alternativas. Desde las que añorarían un sistema (hoy inexistente) de intervención pública de activos empresariales estratégicos (la “nacionalización” de la producción de vacunas y de la industria farmacéutica), a las que invocan los resortes que el Tratado de Lisboa (art. 122 TFUE) contemplan para activar respuestas extraordinarias de “solidaridad” ante emergencias y crisis (y sin duda la pandemia lo es para la Sanidad y sistemas de salud de los Estados miembros de la UE, así como de “Seguridad pública” para el conjunto de la UE). Y se abre además la discusión sobre los dispositivos que el derecho nacional de los EEMM contempla para intervenir (mediante remuneración) el régimen de licencia de patentes científicas industriales sujetas a sus legislaciones respectivas de propiedad intelectual y propiedad industrial.
Repasemos un momento. Justo es resaltar ahora que, para muchos de nosotros -y, por supuesto, para los miembros de la familia socialista europea-, una de las más acuciantes preocupaciones suscitadas de inmediato la expansión de la pandemia fue la de dar lugar a un mundo aún más injusto y desigual. No solo por el brutal empobrecimiento individual y colectivo que prosiguió a las inéditas medidas de emergencia ante la Covid-19, sino por un reparto sumamente insolidario del impacto de la crisis generada por el cese de actividad y el derrumbamiento del PIB y renta familiar disponible, de una magnitud y crudeza como no habíamos conocido desde la II Guerra Mundial.
Ante las sumas invertidas, la UE debe ahora exigir que las compañías farmacéuticas honren los contratos firmados y cumplan lo pactado.
A estas alturas, la situación describe ya un escenario despiadado en que se multiplican quienes se sienten perdedores (casi todo el mundo), pero en el que emergen también arrogantes ganadores a la búsqueda del lucro más desacomplejado: así, los laboratorios privados de análisis clínicos que están haciendo su agosto con una demanda masiva de pruebas de PCR obligatorias y, sin embargo, muy caras (llegando a ser prohibitivas para economías muy modestas: desempleados, estudiantes...), pero también, y sobre todo, las grandes industrias farmacéuticas, en cuyas investigaciones la UE invirtió preventivamente cantidades millonarias, pero cuyos beneficios aspiran a un crecimiento exponencial una vez que han patentado sus diversas fórmulas de vacuna contra el virus.
Es cierto, y hay que repetirlo, que la única manera de acometer una negociación con esas grandes corporaciones era la de hacerlo juntos: la alternativa de intentarla a solas, país a país, cada uno librando por su lado y por su cuenta una guerra desigual, era peor a todas luces. Por eso el Consejo (órgano en que se sientan los Gobiernos de los EEMM) mandató a la Comisión Europea que preside Von der Leyen que condujese y concluyese una negociación conjunta con los gigantes farmacéuticos. Ser globalmente relevante: esa es, no cabe duda, es la única estrategia válida para aspirar a negociar un contrato equilibrado y ventajoso con las industrias del ramo.
Pero, una vez hecho esto, que fue la opción elegida, habrá que proseguir ahora el guion elaborado hasta el final. Con todas sus consecuencias. Lo que en este caso implica que bajo ningún concepto ni en modo alguno se puede tolerar ni transigir que un acuerdo contractual sea sometido después, por una sola de sus partes (en este caso AstraZeneca), a un virtual deslizamiento a una suerte de puja para incrementar los precios y cosas de producción. O, en otras palabras, hacia una subasta al alza de los precios contratados, por la que se acabe arrumbando fuera de toda esperanza no ya la UE, sus EEMM, su ciudadanía y sus maltrechas condiciones de vida, sino a la mayor parte de una humanidad global en que la desigualdad darwinista frente al virus y a los daños por su impacto no ha hecho sino incrementarse.
Una consecuencia se impone: ante las sumas invertidas, la UE debe ahora exigir que las compañías farmacéuticas honren los contratos firmados y cumplan lo pactado. Cierto que es exigible una mejor dación de cuenta y una mayor transparencia respecto de lo hasta ahora invertido, negociado y contratado en nombre de la ciudadanía europea. Pero también que ahora urge exigir el cumplimiento de términos, cantidades y plazos comprometidos.
En un escenario de gobernanza global de la solidaridad, sería menester considerar la vacuna como un bien público global.
Porque, cabe aquí objetar, si habiendo negociado juntos y concluido juntos un contrato que compromete a entregar unas cantidades en los plazos convenidos, y, aun así, no ha sido posible evitar el fraude en perjuicio de la UE, ¿qué puede ocurrir entonces con las aspiraciones a ser parte cuanto antes de una equitativa estrategia de distribución y administración de la vacuna que franquea el acceso a la esperanza de la inmunización cuantitativamente relevante de la humanidad que habita en los países menos desarrollados?
Y otra pregunta inevitable: ¿Hubiese sido posible, en tan corto espacio de tiempo de reacción disponible, haber debatido o arbitrado otro enfoque diferente por parte de la UE? Se ha barajado, en efecto, la “prohibición de exportaciones” a territorios terceros (hacia “terceros Estados”) de vacunas producidas desde las plantas industriales radicadas en el ámbito espacial de la UE. Pero, si esto es así, ¿dónde queda el debate acerca de la hipótesis jurídica de la licencia obligatoria en favor de otras empresas, como mecanismo de fuerza para poder incrementar de forma significativa y suficientemente rápida el ritmo de producción de vacunas en todas las instalaciones y establecimientos cuyas condiciones técnicas lo permitan si se les suministra la fórmula?
Para los socialistas del Parlamento Europeo (PE), la conclusión es inapelable: en un escenario de gobernanza global de la solidaridad, sería menester considerar la vacuna como un bien público global sujeto a las condiciones que se estimen requeridas para garantizar una respuesta de emergencia ante una necesidad de seguridad pública y de una crisis sanitaria en términos de force majeure. Con el objetivo de forzar la producción, producir más y más deprisa, apuntando cuanto antes a una inmunización general, solidaria, equitativa y tendencialmente global.
¿Cuánto tiempo nos queda para que, una vez más, la política consista en hacer que sea posible lo que se ha hecho necesario, y que a menudo coincide con lo que es inevitable?
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