Un juzgado de Granada obliga a adaptar el puesto de una docente con sordera profunda, incluyendo un intérprete granadahoy.com

 Durante diez años ha trabajado sin adaptación en su puesto de trabajo

Imagen de archivo de un aula. / R. G

R.G.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada emitió el pasado 29 de marzo una sentencia "histórica" en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, indica el sindicato Ustea. Según explica el sindicato, "el caso concierne a una trabajadora docente funcionaria con discapacidad auditiva por sordera profunda, que había obtenido su plaza en las oposiciones de 2011 por el turno de discapacidad". Sin embargo, "tras la obtención de la plaza, durante más de 10 años, ha tenido que afrontar su día a día laboral sin adaptación alguna a su puesto de trabajo, tal y como afirma rotundamente la sentencia judicial". Según añade Ustea esto dio lugar a “la existencia de una situación de discriminación patente, manifiesta, flagrante e intolerable”.

Por todo lo anterior se obliga a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a facilitarle un intérprete de lengua de signos y a que lleve a cabo todas aquellas "medidas adaptativas que le sean necesarias para el desarrollo de su labor en condiciones de igualdad" con el resto del claustro docente.

Desde el momento de la incorporación de esta al cuerpo docente hasta la presentación de la demanda, "se presentaron unos 15 escritos y reclamaciones que pedían la adaptación al puesto de trabajo", indica Ustea. "Todas ellas fueron desestimadas por la Consejería de Educación. Sin embargo, dos servicios de prevención vinculados a la Administración andaluza reconocieron en sendas ocasiones la necesidad de que la trabajadora dispusiese de un intérprete de lengua de signos, entre otras adaptaciones".

Finalmente, los servicios jurídicos de Ustea presentaron un recurso contencioso-administrativo en el que se pedía precisamente que se adaptara el puesto mediante un intérprete de signos, entre otras cuestiones. Más tarde, un informe del Defensor del Pueblo Andaluz dio argumentos que sostenían las demandas interpuestas en favor de la trabajadora.

"La contundencia de la sentencia judicial no deja lugar a dudas y supone un importante avance en el derecho al trato en igualdad de las personas trabajadoras discapacitadas", añade el comunicado.

"Si bien este derecho está reconocido por ley, en muchas ocasiones, y por criterios meramente economicistas, el camino al que se enfrentan estos trabajadores y trabajadoras para ver adaptado su puesto de trabajo está lleno de laberintos y de vías muertas, que los deja en un situación de desamparo. Esta frustración laboral y personal origina consecuencias negativas en la salud de dichas personas, tal y como apunta la propia sentencia judicial", razona el sindicato.