Director del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés de la Universidad Europea, Benjamín Herreros es médico especialista en Medicina Interna (disciplina que ejerce en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón) y licenciado en Filosofía. Además, es profesor asociado del Departamento de Legislación Sanitaria y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y autor del libro El médico en el cine: anatomía de una profesión. Recientemente dirigió el taller filosófico ¿Qué es la bioética? en La Térmica, en Málaga.
-¿Es tan pobre el debate sobre la bioética en España como parece?
-Yo distinguiría tres aspectos. A nivel profesional, el debate no es, desde luego, todo lo elevado que podría ser, sobre todo por la falta de formación de profesionales en aspectos éticos, bien porque no la recibieron en su momento o porque en el ejercicio de la profesión prestan más atención a los elementos técnicos. A nivel ciudadano, el nivel es más aceptable, pero muy poco consciente. Es decir, se habla mucho de cuidados paliativos, de la interrupción voluntaria del embarazo y hasta de la gestión subrogada, pero por lo general se desconoce que la bioética se encarga de todas estas cuestiones. Por último, a nivel político, lo que predomina es el electoralismo. Si alguien pone sobre la mesa un plan para la humanización de la Medicina relativo a, por ejemplo, las leyes sobre el final de la vida, cabe esperar que lo haga con objetivos propios del rédito electoral.
-¿No pesa demasiado la ideología, todavía, a la hora de asumir decisiones?
-La influencia de la ideología en la bioética es históricamente clara y directa. Al principio, la ética propia del ejercicio de la Medicina era de carácter parternalista, ya que quedaba absolutamente en manos del médico. Fue a partir del siglo XVIII, por influencia esencialmente católica, cuando la cuestión ética empezó a convertirse en objeto de estudio y análisis para otros. A la hora de establecer una serie de valores, la ideología es fundamental: en lo relativo a la gestación subrogada, por ejemplo, dado que se habla ahora mucho de ella, cada partido consignará en sus programas sus particulares utopías y luego las presentarán a los ciudadanos a través de leyes. Y luego los grupos de presión ideológica harán su trabajo, claro.
-Pero, a la hora de legislar, ¿no sería deseable un pacto de mínimos, como se reclama para la educación?
-En relación a algunos temas contamos ya con ese pacto de mínimos. Así sucede, por ejemplo, con los cuidados paliativos, donde el consenso entre progresistas y conservadores es bastante sólido. En otros asuntos, como la eutanasia, las diferencias son, sin embargo, abismales. Lo mismo ocurre con la interrupción voluntaria del embarazo: contamos con una ley de plazos que ofrece una determinada respuesta y tenemos partidos y colectivos que piden una vuelta atrás. Un consenso total es del todo imposible. Pero otra cosa es que podamos ampliar esos mínimos.
-¿Y no es sospechoso que a ningún partido se le ocurra una vuelta atrás en ningún otro ámbito?
-La ley de plazos actualmente en vigor, que contempla un periodo de catorce semanas para que la mujer tome la decisión respecto a si tener a su hijo o no tenerlo, es consideradA por muchos un mal que hay que evitar a toda costa salvo en casos muy excepcionales. Pero creo que hoy día existe un consenso general en España, incluidos los sectores conservadores, que tiende a respetar la libertad de conciencia de la mujer a la hora de tomar esa decisión, sobre todo al comienzo del embarazo. Los antiabortistas radicales y absolutos, los que de verdad quieren dar un salto atrás de treinta años en esta materia, son muy pocos. Entonces, si alguien plantea como objetivo político este salto atrás, lo hace únicamente con fines electoralistas, por más que haya quien no esté de acuerdo con el statu quo actual.
-¿Es deseable un mayor control público de la industria farmacéutica por una cuestión de bioética?
-La industria farmacéutica representa un papel esencial en la medida en que ningún Gobierno destina millones de euros a investigaciones que en muchos casos terminan con medicamentos fallidos. Y hay que respetar la evidencia de que la industria farmacéutica es una industria. Pero es cierto que desde esta base se cometen abusos. Y que a veces se ha favorecido que salgan los medicamentos al precio más alto, como en el caso de la hepatitis C. Entonces, por mucho que los laboratorios sean dueños de sus patentes, tendría que haber más transparencia, sobre todo en los acuerdos con los poderes públicos. A veces se pretende influir indebidamente en la prescripción, y eso no se puede tolerar.
-En cuanto a la educación, ¿no tiene que ver la escisión entre saberes de ciencias y de letras con la escasa atención que se presta a la bioética en España?
-Desde luego. Siempre digo que esa escisión es una de las peores tragedias de la educación en España. Salvo las excepciones de ciertas oligarquías intelectuales, no hay sintonía entre los estudios científicos y humanísticos. Y esto es un problema, porque cuando yo voy a trabajar al hospital no veo leucocitos ni neumonías: veo pacientes con problemas sociales que precisan una respuesta ética. Las decisiones más difíciles que tienen que tomar los profesionales sanitarios sobre los enfermos no son técnicas, sino éticas. Del mismo modo, no les vendría mal a los profesionales de las humanidades una formación científica.
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