Sólo un sistema productivo competitivo podrá sostener un crecimiento suficientemente elevado para la sostenibilidad del Estado de bienestar
En la semana que hoy termina se cruzan noticias con impactos opuestos en el estado de ánimo de la ciudadanía. Por una parte, el agravamiento de la pandemia con el aumento de contagios y fallecimientos, a lo que se suman nuevas medidas restrictivas a la movilidad y a las actividades económicas y, como consecuencia de ello, el empeoramiento de las previsiones económicas. Por otra parte, dos noticias que alientan el optimismo. Por un lado, la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EEUU, que permite pensar en el retorno de la sensatez, de la cooperación multilateral y el comercio internacional y, por otro lado, el anuncio de una vacuna contra el coronavirus de Pfizer (con la colaboración de BioNTech) que podría estar disponible a principios del próximo año con un 90% de efectividad, lo que ha provocado una reacción histórica en las bolsas de valores y ha activado las negociaciones de los principales países para su provisión y a implementarse planes nacionales de vacunación.
Por ello, aún conscientes de que tendremos que seguir conviviendo con la Covid-19 durante bastante tiempo, se abre un horizonte de esperanza gracias a la capacidad de la ciencia para dar respuesta en tiempo récord a la pandemia más grave en el último siglo. Esto no significa que la crisis económica y social que ha provocado la pandemia se vaya a resolver de inmediato. En primer lugar, porque aún podríamos enfrentarnos a que la propagación del virus se intensifique y sean necesarias restricciones más severas hasta que se logre una inmunidad generalizada. En segundo lugar, porque la fuerte contracción económica puede dejar dañado a parte del tejido productivo, singularmente a actividades de servicio. Y, en tercer lugar, porque la pandemia ha traído consigo cambios tecnológicos y en la estructura de la demanda, por lo que no sólo se habrán de recuperar las actividades empresariales tal como se desarrollaban antes de la irrupción de la pandemia, sino que en mayor o menor medida gran parte del sistema productivo tendrá que adaptarse a un nuevo escenario.
Por ello, de la preocupación dominante de los economistas en los últimos meses por la evolución y previsiones de los agregados económicos, ante las perspectivas de recuperación en un nuevo escenario, adquieren relevancia los factores determinantes de la capacidad competitiva de las empresas, pues sólo un sistema productivo competitivo podrá sostener un crecimiento suficientemente elevado para la sostenibilidad de un Estado de Bienestar exigido por nuevas demandas y la devolución de la ingente deuda pública, además de atender las necesidades de consumo e inversión.
Por ello, es muy oportuno el documento Mejora de la productividad para acelerar la recuperación del Círculo de Empresarios, del que se deriva que la economía española tiene una posición intermedia en el ranking de competitividad de los países de la OCDE, pero alejada de los países más avanzados. Los déficits de competitividad se encuentran en la calidad de las instituciones, el entorno macroeconómico (básicamente por la dinámica de la deuda), la formación, el mercado de trabajo, el dinamismo en el sector empresarial y la capacidad de innovación, mientras que España tiene mejor valoración que los países avanzados en infraestructura, salud y tamaño del mercado.
De dicho trabajo merecen referirse algunas restricciones singulares, como las instituciones, entre las que destacan la carga regulatoria, la visión de futuro del Gobierno, la eficiencia en la resolución de conflictos o el grado de independencia judicial. En cuanto al dinamismo empresarial las limitaciones se encuentran en el reducido número de empresas que aportan ideas disruptivas, en las actitudes hacia el riesgo empresarial, así como en el crecimiento de las empresas innovadoras y la disposición para delegar en la gestión. En formación, la valoración relativa es baja en habilidades digitales, calidad de la formación profesional y en el pensamiento crítico en la enseñanza. Y en el mercado laboral se distinguen negativamente las cotizaciones laborales, la regulación de la contratación y el despido, la relación salario y productividad y las políticas activas de empleo. Estos apuntes de restricciones a la competitividad solo pretenden llamar la atención sobre los retos a los que se debe enfrentar la economía española para mejorar su base competitiva. Retos que competen a los empresarios y trabajadores, pero también a administraciones públicas que deben de dotar a las empresas de un marco de actuación más ágil, previsible y colaborativo.
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