Tenemos 32 meses para seguir caminando, acercándonos a ese futuro de país que soñamos, construido sobre los principios de libertad, igualdad y justicia social.
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| PIERRE-PHILIPPE MARCOU - POOL / GETTY IMAGES |
Esta legislatura puede, sin duda alguna, calificarse como extraordinaria debido a las terribles consecuencias provocadas por la pandemia del covid-19, de la que poco a poco vamos viendo el final del túnel en gran parte gracias a la campaña de vacunación, que sigue las previsiones previstas por el Ejecutivo.
Hoy cumplimos tres años de Gobierno progresista. Y por delante tenemos todavía 32 meses de mandato para seguir caminando hacia adelante, acercándonos a ese futuro de país que soñamos, construido sobre los principios de libertad, igualdad y justicia social.
A pesar de las dificultades vividas en este duro presente, el Gobierno de España no ha perdido de vista su agenda social, impulsada por una serie de normativas y medidas que están diseñadas para situar a los grupos sociales históricamente discriminados en nuestro país en el centro del debate político, y también como protagonistas de una transformación legislativa que situará a nuestro país en la vanguardia mundial en materia de defensa de los derechos sociales.
En ese sentido, es indudable que la presentación de la propuesta de ley de igualdad de trato y no discriminación sigue este camino, pues supone un antes y un después en nuestro ordenamiento jurídico en la lucha contra todo tipo de discriminación. Esta futura normativa, que se encuentra tramitándose en estos momentos en el Congreso, viene a completar el derecho antidiscriminatorio español dando respuesta a una petición ampliamente solicitada por importantes sectores sociales: que cualquier hecho considerado discriminatorio por razón de sexo, etnia, nacionalidad u orientación sexual, pero sin entidad penal, sea perseguido por las autoridades competentes desde un punto de vista administrativo y no quede impune.
Esta ley, conocida por el nombre de su principal impulsor, el inolvidable Pedro Zerolo, pretende cumplir con la premisa establecida por el tristemente desaparecido político socialista, que defendía con ahínco que “discriminar no puede salir gratis”. Por ello esta ley compagina la prevención, la sensibilización y en última instancia la persecución y castigo de los infractores.
Abrir las puertas del poder legislativo a los grupos sociales vulnerados y discriminados es una gran noticia que nos hace albergar fundadas esperanzas de que, con este Ejecutivo progresista en el poder liderado por Pedro Sánchez, podemos aspirar a disfrutar de una sociedad más igualitaria, justa y en la que predomine la convivencia en paz. Y en este aspecto, no puedo más que congratularme ante la reciente creación de la subcomisión para un pacto de Estado contra el antigitanismo y por la inclusión del pueblo gitano.
Este organismo, situado en el seno de la comisión de derechos sociales del Congreso, es un acontecimiento histórico, fruto del consenso de las principales fuerzas políticas, y que viene a cubrir una demanda histórica del pueblo gitano, que durante demasiado tiempo se ha sentido huérfano de las instituciones.
Por primera vez vamos a debatir, en la sede de la soberanía popular, sobre la necesidad de elaborar un pacto que implique a todas las fuerzas del Estado contra la mayor expresión de la discriminación que sufre el pueblo gitano, el antigitanismo. Un fenómeno arraigado en nuestra sociedad y aceptado de manera natural por parte de gran parte de la misma, que es el principal causante de la difícil situación que sufren muchos gitanos y gitanas en España y que además impide el ejercicio pleno de sus derechos de ciudadanía reconocidos constitucionalmente.
Es de esperar que con esta subcomisión, y de la mano de otras organizaciones políticas comprometidas con la igualdad y el respeto a la diversidad, consigamos importantes resultados inminentes a la hora de acelerar la inclusión del pueblo gitano en nuestra sociedad con todas las garantías.
Esta legislatura será también la del impulso del pacto de Estado contra la violencia de género. Este acuerdo, fruto también del acuerdo de las principales fuerzas políticas de este país, pone negro sobre blanco los ejes primordiales sobre los que hay que trabajar para erradicar este mal de nuestra sociedad. El desarrollo de este pacto es fundamental para emprender este camino, que nos atañe a todos y a todas y que debe estar en la agenda de todas las administraciones públicas, independientemente del color político que las gobierne.
Incidir en ampliar y mejorar las políticas de igualdad es la base sobre la que debe asentarse la lucha contra la violencia de género. No se trata solo de aplicar con rigor las normas penales sobre los agresores, se trata de hacer desde lo público una sociedad más igualitaria, justa y sin brechas económicas y sociales motivadas por el género.
Veo con especial preocupación, en ese sentido, el auge de la extrema derecha que hoy en día tiene capacidad para influenciar de manera decisiva en muchos gobiernos autonómicos y locales y cuyo discurso negacionista de la violencia de género también se extiende a al racismo antigitano y a todas las discriminaciones que sufren otros colectivos.
Ante quienes niegan la existencia de este problema, el mensaje debe ser claro: no vamos a dar un paso atrás en la defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres. Los negacionistas ni nos amedrentan ni nos asustan. Seguiremos trabajando intensamente desde la unidad y el consenso, en el seno de la comisión del pacto contra la violencia de género, que tengo el honor de presidir en el Congreso, al objeto de instar a todas las autoridades competentes para que sigan poniendo todos los mecanismos necesarios en esta batalla.
Batalla en la que los y las socialistas defenderemos con firmeza nuestras posiciones, porque como decía nuestro fundador, Pablo Iglesias Posse, “sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes”.
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