La creación y puesta en marcha de una empresa pública es urgente en España.
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| CHUCHART DUANGDAW VIA GETTY IMAGES |
El pasado 14 de septiembre el Foro Nuclear lanzaba un comunicado a la prensa en el que anunciaba, literalmente, el “cese de actividad del parque nuclear si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados”. Este comunicado surgía en medio de una situación sin precedentes creada por la subida del precio de la luz, debida al incremento del gas en el mercado mayorista. Y era el primer aviso de las empresas eléctricas al Gobierno de que no estaban dispuestas a que se tocaran sus beneficios extraordinarios obtenidos al calor del alto precio del gas. O mejor dicho, la primera amenaza (y no pequeña).
La subida sin freno del precio de la luz es motivo de profunda preocupación: para muchas familias y pequeños negocios una subida importante de la luz es un verdadero quebradero de cabeza, que incluso puede llevarles a la ruina. La respuesta del Gobierno se centró en un principio en reducir la presión fiscal: como medida inmediata se redujo de forma temporal el IVA de la electricidad hasta el 10%, y se eliminó el impuesto a la producción eléctrica.
Las medidas fiscales han atenuado el impacto de la subida, pero hacía falta un mayor esfuerzo, y es entonces cuando el Gobierno plantea que las empresas eléctricas tienen que ser partícipes de ese esfuerzo para reducir el impacto de la subida la del gas para los consumidores.
Plantea entonces el Gobierno el Proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Básicamente se trata de poner freno a los ingresos que obtienen las empresas eléctricas por instalaciones energéticas que reciben de forma sistemática el sobre precio asociado a los derechos del CO2 (nucleares e hidroeléctrica) estando en funcionamiento antes de la entrada en vigor del mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Y aquí empezó la guerra.
Lo relevante a estas alturas es que las empresas eléctricas han vuelto a poner de manifiesto que constituyen un lobby con un inmenso poder en España. A la amenaza del cierre nuclear se han ido sumando otras, como la del parón de renovables anunciado por Iberdrola o la amenaza de Endesa de reabrir el carbón. Todas ellas medidas contrarias a la política de Transición Energética que impulsa el Gobierno para hacer frente al cambio climático. Muestran con ello las eléctricas que les importan bien poco la lucha contra el cambio climático, cuando lo que se pone en juego sus sus pingues beneficios, obtenidos de forma extraordinaria debido a los altos precios del gas y al mercado marginalista.
La propuesta de una empresa pública de energía en España adquiere en este contexto todo su valor. Hay quien desde el Gobierno ha manifestado, para no apoyar esta propuesta, que en realidad una empresa pública tendría un impacto menor sobre el precio de la luz en corto plazo. Esta afirmación es cierta. Pero la reflexión debe mirar a más largo plazo. La mayor parte de países de nuestro entorno cuentan con empresas públicas, o participadas públicamente en el sector energético.
En este momento la producción energética en España está controlada por tres empresas: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Este oligopolio supervisa cualquier medida política que afecte al sector. Y estamos viendo cómo reacciona cuando percibe que sus intereses pueden verse perjudicados.
El sector energético es estratégico para un país. Por ello la creación y puesta en marcha de una empresa pública es urgente en España. El actual oligopolio energético nos hace tremendamente vulnerables como país, y desde luego condiciona a cualquier Gobierno para legislar, como estamos viendo. No es esto una cuestión de empatía de las empresas, sino que responde a la necesidad de que el Estado debe estar presente en sectores estratégicos, tal y como por cierto recoge la propia Constitución.
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