En el pulso que mantienen las eléctricas con el Gobierno habrá que demostrar que España no es una república bananera
La subida del precio de la luz es uno de los grandes problemas a los que enfrenta España en los próximos tiempos. Su efecto es transversal. Para los consumidores supone una pérdida de poder adquisitivo, pues deben dedicar a pagar la luz una parte mayor de sus ingresos y para autónomos o empresas supone un incremento de costes cuando debían empezar a recuperarse de la crisis del Covid-19. Es lógico que el Gobierno adopte medidas para abordar esta situación y eso que su instrumental es limitado, por dos razones. En primer lugar, porque la regulación del mercado eléctrico es fundamentalmente europea, y la capacidad de actuación de los estados es limitada. Y, en segundo lugar, porque las medidas más efectivas, como el impulso de las renovables ,no puede hacerse de un día para otro, especialmente después de haber estado topado durante todo el gobierno Rajoy con medidas como el "impuesto al sol".
Aun así, se han adoptado medidas coyunturales pero incisivas: reducción de algunos impuestos de los que se incluyen en la factura de la luz (IVA o especial eléctrico) y supresión de otros (impuesto de producción eléctrica); refuerzo de la tarifa de último recurso y prohibición de la interrupción del servicio para las familias más desfavorecidas o reducción temporal, hasta marzo de 2022, de los denominados "beneficios caídos del cielo" que reciben las eléctricas. La explicación de qué son estos beneficios y porqué los reciben es difícilmente comprensible pero su denominación no puede ser más descriptiva.
Lo cierto es que esta última medida ha generado un duro enfrentamiento con algunas empresas eléctricas. Es notorio que estas eléctricas están utilizando artillería pesada en una auténtica guerra para que no le reduzcan dichos beneficios. Hemos asistido a episodios bochornosos como la contratación de políticos no para intentar acuerdos sino para trasladar la idea de que todos tienen un precio; se han producido amenazas de desinvertir en España, con la banderita en la pulsera; o se ha intentado chantajear prometiendo no subir la tarifa a las grandes empresas si el Gobierno retira el decreto ley.
Todos hemos utilizado alguna vez la expresión "república bananera". Tiene su origen en el control que ejercían algunas empresas, en especial la United Fruit Company, sobre el gobierno y la política económica de algunos países centroamericanos. En este pulso que mantienen determinadas empresas eléctricas con el Gobierno habrá que demostrar que España es una democracia plena y no una república bananera
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