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Se dice que las guerras aceleran los cambios. Y, sin duda, la guerra que todo el planeta está librando contra la COVID-19 no es una excepción. Desde el comienzo de esta emergencia sanitaria, sin precedentes en los últimos cien años, tenemos muchos ejemplos en todos los ámbitos; particularmente en el de la salud.
La profesión farmacéutica constituye un buen exponente de esa capacidad. En escenarios complejos los farmacéuticos hemos afrontado con solvencia retos y desafíos, aportando nuestro conocimiento y profesionalidad. Hasta el punto de que sería difícil imaginar cómo hubiera impactado la pandemia en el conjunto del Sistema Nacional de la Salud (SNS) y en la sociedad, especialmente entre los colectivos más vulnerables, sin los farmacéuticos.
La actitud constructiva y las soluciones eficaces aportadas desde la Organización Farmacéutica Colegial han contribuido a garantizar la continuidad asistencial de los pacientes; evitar situaciones de desabastecimiento de medicamentos; o facilitar el acceso de los ciudadanos a sus tratamientos, incluidos los medicamentos de dispensación hospitalaria.
Aprendamos la lección de todo lo ocurrido en estos dos años. Ha llegado la hora de que los farmacéuticos comunitarios desarrollemos más funciones asistenciales. Es tanto una demanda ciudadana, como la respuesta al inaplazable desafío de ampliar la capacidad asistencial de nuestro SNS, especialmente en materia de salud pública.
“Las 22.137 farmacias comunitarias constituyen la mayor red de inteligencia sanitaria.”
También es uno de los puntos consensuados en el dictamen de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, que insta a: “Impulsar buenas prácticas en farmacia comunitaria y el desarrollo del papel asistencial y sanitario del farmacéutico, en coordinación con los profesionales de Atención Primaria”.
Basta poner el foco en el valor añadido que la actuación de las farmacias está aportando en el cribado y detección precoz de la COVID-19, especialmente en esta sexta ola.
La intervención de los farmacéuticos comunitarios - mediante la supervisión, realización, registro y notificación de casos positivos a través de los test de antígenos de autodiagnóstico - está permitiendo descargar la Atención Primaria de doce autonomías en las que viven más de 27 millones de ciudadanos.
Autonomías en las que los farmacéuticos han colaborado en la detección de la COVID-19 con más de un millón de test realizados o asistidos en las farmacias, de los cuáles han notificado 110.000 positivos.
En concreto y solo durante 2022, coincidiendo con la sexta ola, las farmacias han realizado o supervisado más de 600.000 pruebas y notificado al SNS más de 82.000 positivos, lo que representa el 13,6% de total de las pruebas realizadas. Además, la farmacia ha sido el canal por el que se han notificado al SNS los resultados de 329.446 pruebas positivas domiciliarias.
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Cada dato cuenta, y más en un contexto de pandemia. Por eso, los acuerdos suscritos entre los Colegios de Farmacéuticos y las autoridades sanitarias, aunque varían en su contenido, coinciden en su objetivo: asegurar la trazabilidad de los resultados, sobre todo cuando estos son positivos, contribuyendo a frenar la propagación de la enfermedad. A través de esta colaboración se está poniendo de manifiesto una realidad: las 22.137 farmacias comunitarias constituyen la mayor red de inteligencia sanitaria, tanto para recoger datos como para generar conocimiento que permita adoptar decisiones adecuadas en tiempo real.
Y es importante insistir en todos estos aspectos justo cuando se están sentado las bases del modelo de salud pública del futuro; pues el Gobierno está impulsando la elaboración tanto de la Ley de Creación del Centro Estatal de Salud Pública como del Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública. Normas que regularán la gestión de crisis sanitarias y el conjunto de actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir información relacionada con el estado de la salud de la población, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud pública. Unas normas que, para cumplir sus fines con eficacia, deben reconocer la labor que desarrollan los farmacéuticos, y contar con un recurso sanitario como es la farmacia comunitaria.
Es, por tanto, el momento de un debate sosegado y objetivo sobre qué puede y debe aportar la profesión farmacéutica, siempre con argumentos orientados al interés general y la salud y bienestar de los ciudadanos. Ahí está nuestra experiencia, nuestra actitud sincera, y nuestra decisión de contribuir a que España cuente con el mejor sistema de salud pública posible.
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