José Torres Hurtado, alcalde de Granada. / M. ZARZA
El gobierno popular no prevé despidos pero sí subida de impuestos
El Ayuntamiento de Granada, gobernado por José Torres Hurtado (PP), anunció el martes un recorte de 17,3 millones de su gasto municipal de 2012 para poder acogerse al plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno central, que le permitirá saldar una deuda de 107 millones. Las medidas de ajuste se aprobarán el próximo viernes en pleno.
Medidas de ahorro
Subida de un 7% en la tasa de basura
Se amortizan todas las vacantes de personal, se elimina la productividad y las gratificaciones
Ajuste en servicios sociales, como la reducción de precios del Servicio de Ayuda a Domicilio en nuevos contrato y otras medidas sobre Dependencia
Búsqueda de patrocinios para actividades deportivas y culturales
Reducción de la ayuda para el transporte urbano
Rebaja del presupuesto para actos culturales
Rescate de servicios, como la limpieza de fuentes
Las nuevas cuentas prevén que el Consistorio granadino termine el año con un superávit de medio millón. No habrá despidos, según recalcó el concejal de Economía, Francisco Ledesma, pero sí una subida de la tasa de la basura, renegociación de contratos y rescate de servicios. PSOE e IU, en la oposición, creen que el plan pondrá en peligro la calidad de los servicios públicos durante los próximos diez años.
A la supresión de los cinco organismos autónomos, ya aprobada este año, se suma ahora la disolución de la sociedad de la televisión municipal, cuyo servicio se asumirá directamente, o el rescate del mantenimiento de fuentes públicas, hasta ahora externalizado.
El plan de ahorro granadino reduce los gastos en servicios sociales, el servicio de limpieza, la subvención del transporte público, las actividades deportivas y culturales. Con tales recortes, el portavoz socialista, Paco Cuenca, auguró una "precarización" de los servicios públicos y tildó las medidas de "gran mentira" y "desfachatez".
Durante la comparecencia, el edil de Economía insistió en que su puesta en marcha no va a suponer despidos entre los 2.100 empleados municipales. La oposición cree acarreará un aumento de la carga fiscal para los ciudadanos, además de la pérdida de empleos indirectos.
La subida de la tasa de la basura será de un 7%, entre 12,4 y 8,2 euros al año según la categoría (hay tres), que se va a revisar. El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tendrá "su techo" en el presente ejercicio, dijo Ledesma, por lo que no se espera una subida tras el incremento del 3,6% aprobado recientemente más el 10% en cumplimiento del decreto de medidas urgentes para corregir el déficit.
El portavoz de IU, Paco Puentedura, criticó que la subida del IBI se planteara en su día como una medida "excepcional" y se vaya a prolongar diez años, hasta 2022.
La capital granadina quiere ahorrar 1,8 millones del capítulo de personal amortizando todas las plazas vacantes con independencia del servicio. El plan también elimina los complementos de productividad, en los que gastaban 1,8 millones, y las gratificaciones especiales por asistencia a reuniones de órganos colegiados. Ledesma justificó que estas medidas, que calificó de "solidarias", buscan evitar despidos.
Para llegar a los 17,3 millones de ahorro, el Ayuntamiento revisará y negociará contratos de prestación de servicios adjudicados a empresas externas como el de Ayuda a Domicilio y otras medidas sobre la Dependencia. Se potenciará la inspección tributaria para perseguir a los que no paguen impuestos y se reducirá la inversión en deportes y cultura buscando patrocinios para que no afecte a la cantidad ni calidad de los eventos actuales, según el concejal. La oposición lo interpreta como una forma de "privatización".
PSOE e IU lamentaron que el mismo partido cuya "nefasta gestión" ha originado "un agujero millonario" —es el tercer mandato consecutivo de Torres Hurtado— sea ahora el que prevé este "irresponsable plan de ajuste" que recaerá, sostienen, sobre los ciudadanos sin aplicar "justicia fiscal". El gobierno defiende que no se pierdan puestos de trabajo pese a que el Ejecutivo central permitiría esta alternativa.
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