Las denuncias penales por la «ley del enchufismo» cercan a la Junta abc

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Protesta ante el edificio de Torretriana, sede de varias consejerías

El sindicato Safja se querella también contra el delegado provincial de Cultura de Granada

Sindicatos de funcionarios y plataformas de empleados públicos están cercando a la Junta a través de denuncias penales contra altos cargos de las consejerías, en un intento de frenar definitivamente el proceso de reordenación de la Administración andaluza a través de una ley que también se encuentra pendiente de su valoración por parte del Tribunal Constitucional, a raíz del recurso presentado por el PP.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha presentado recientemente una nueva denuncia, vía penal, ante los Juzgados de Instrucción de Granada contra el delegado provincial de Cultura en Granada, Pedro Benzal Molero, y contra todos aquellos que puedan resultar responsables. Es la cuarta acción legal similar que emprende esta central por la usurpación de las labores que realizan los funcionarios por parte del personal procedente de la Administración paralela, a través de la denominada «ley del enchufismo».

Este sindicato ha tenido conocimiento que los técnicos del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, personal externo contratado por la Delegación Provincial de Cultura en Granada, desarrollan tareas encomendadas por ley a los funcionarios. Todo ello, con el conocimiento y autorización del delegado provincial y del jefe de Servicio de Bienes Culturales.

El mencionado personal, según Safja, asume funciones de inspección e intervención, depósito e inventario de los bienes muebles hallados, labores todas ellas reservadas exclusivamente a los funcionarios. Por ello, Safja entiende que los hechos denunciados podrían ser constitutivos, entre otros, de un presunto delito de usurpación y otro de prevaricación.

Junto a la denuncia, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía aporta varias resoluciones de la Dirección General de Bienes Culturales, firmadas algunas por el delegado provincial de Cultura, e informes de las intervenciones realizadas, firmados por técnicos del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, el personal externo.

Según la página web de la Consejería de Cultura, la Dirección General de Bienes Culturales tiene atribuciones como la protección de los bienes del patrimonio histórico andaluz mediante los instrumentos jurídico-administrativos existentes; hacer efectivo el deber de custodia y acceso que corresponde a las personas propietarias, titulares de derechos o simple poseedores de bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz; la intervención activa en la formación, modificación, revisión y aprobación del planeamiento urbanístico y de los programas, proyectos y planes.

Autoridad
Pero en opinión de Safja no sólo estas potestades públicas son llevadas a cabo por personal ajeno a la Administración, vulnerando la legislación vigente y usurpando el carácter de autoridad o funcionario, sino que este personal «firma los informes como arqueólogos de la Delegación Provincial de Cultura o como miembros del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico».

Con esta nueva denuncia penal, son ya cuatro los procesos abiertos en esta vía por Safja en el marco de la reordenación del sector público andaluz. Precisamente, la resentada ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba contra la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social y el director-gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, entre otros, ha sido admitida a trámite por el Juzgado, que asimismo ha abierto diligencias previas, ha citado a declarar y recoge que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal. También ha sido admitida la denuncia contra el director gerente del SAE y la delegada de Granada por la «subrogación» del personal.

Toda esta dinámica ha sido valorada de forma positiva por el presidente de Safja, José Manuel Mateo, informa Ep, «No debemos olvidar —dijo— que la Junta lo que pretende es mantener al personal enchufado, ahora lo llama subrogado, y alejar el dinero de los ciudadanos andaluces de un exhaustivo control económico, contable y financiero. Y añadió que «Safja lleva años denunciando este auténtico sablazo a los derechos, no sólo de los funcionarios a los que este Sindicato representa, sino a todos los ciudadanos andaluces».

Una lluvia de recursos judiciales
Además de las cuatro denuncias por la vía penal presentadas en las últimas semanas por Safja, este sindicato mantiene abierto contra la Junta una lluvia de procedimientos judiciales contra la reordenación del sector público andaluz. Así, desde que comenzó este proceso, primero como decreto y posteriormente como ley, ha presentado hasta treinta recursos y alegaciones. Igualmente, colaboró en la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional y presentó denuncias en todas las fiscalías de las audiencias provinciales de Andalucía. Finalmente, por vía administrativa ha presentado para que se acaten las sentencias contrarias a la reordenación.