La concejal del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada Maite Molina ha acompañado a un grupo de mujeres con movilidad reducida a hacer entrega al Defensor del Ciudadano de 5.000 firmas que reclaman la eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad, un asunto que afecta al "10 por ciento de la población granadina".
GRANADA.- La concejal del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Granada Maite Molina ha acompañado a un grupo de mujeres con movilidad reducida a hacer entrega al Defensor del Ciudadano de 5.000 firmas que reclaman la eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad, un asunto que afecta al "10 por ciento de la población granadina".
La edil de izquierdas ha lamentado que el equipo de gobierno local, del PP, rechazara en el pleno de noviembre del pasado año una moción para que se ejecutara "con partidas presupuestarias reales" el plan de accesibilidad de 2010, el cual cuenta en los presupuestos de este año con 90.000 euros, una cantidad a su juicio "ridícula e insuficiente".
Según los datos que baraja la edil, existen más de 100 puntos negros inaccesibles y ha reclamado al alcalde, José Torres Hurtado, que tenga en cuenta las demandas de estas ciudadanas "de pleno derecho" y las cuales "se sienten excluidas de la ciudad".
Una de estas ciudadanas con movilidad reducida, Ana Domínguez, ha pedido al alcalde que "tome en consideración la grave situación en la que vivimos miles de granadinos a los que se nos impide el acceso y la habitabilidad normal por las calles de Granada, tanto para entrar a numerosos edificios públicos, como en las limitaciones que nos encontramos en zonas culturales de la ciudad".
Domínguez ha considerado "alarmante la odisea que tenemos que pasar para poder acceder a un autobús urbano, pues las rampas generalmente no funcionan y nos quedamos como si fuéramos bichos raros sin poder utilizar el transporte público debido a estas barreras arquitectónicas que nos impiden llevar una vida digna en nuestra ciudad".
Molina ha confiado en que estas 5.000 firmas lleguen al alcalde vía defensor del ciudadano y que el regidor valore esta discriminación que se está produciendo y dé cumplimiento al plan de accesibilidad aprobado en 2010 "y que a día de hoy sigue sin implementarse".
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