RAFAEL SÁNCHEZ SAUS
España no tuvo una política de extensión del español ni en tiempos del Imperio.
Que España ha sido siempre un país peculiar ya nadie lo discute, pero a menudo esa originalidad da lugar a hechos tan sorprendentes como difíciles de entender. Para sorpresa de los oyentes, hace unos meses, en su excelente discurso de ingreso en la Real Academia Hispano Americana de Cádiz, el filólogo José Luis Girón Alconchel señaló una paradoja desconocida y típicamente española: la implantación del español en América no fue tanto obra de la colonización cuanto del empeño de los estados surgidos de la emancipación, que vieron en esa lengua un elemento imprescindible en la construcción de las nuevas naciones. Como dijera el lingüista cubano Humberto López Morales, un "patrimonio común, bien irremplazable y soporte histórico". ¿Cuál había sido la política anterior, la propia de la Monarquía española? Pues la de favorecer, a través de la acción evangelizadora de la Iglesia, las principales lenguas indígenas, de forma que "el nahua y el quechua habían incrementado notablemente el número de sus hablantes y llegaron a alcanzar una extensión geográfica superior a la que habían tenido en el máximo esplendor de sus respectivos imperios azteca e inca". A fines del XVIII el español era, en América, una lengua minoritaria hablada por apenas tres millones de personas. La evangelización se llevó a cabo en las lenguas nativas de los indios, la independencia se abrazó al español.
El español goza hoy de inmejorable salud y extensión muy a pesar, nuevamente, de las políticas lingüistas aplicadas en su propia patria. A nadie debiera preocuparle el futuro de nuestra lengua, lo que sí debiera habernos soliviantado desde hace décadas es la sistemática conculcación de los derechos de sus hablantes en porciones cada vez mayores del territorio nacional, con creciente crudeza. Los intentos de marginación social, la coacción sistemática ejercida sobre ellos ha llevado a la aparición de meritorias asociaciones de defensa que sólo reciben maltrato y desprecio de las instituciones a pesar de las numerosas sentencias judiciales que avalan su trabajo. La semana próxima, en Valencia, en un curso de verano dirigido por eJosé Manuel Cansino y organizado por las universidades Católica de Valencia y Cardenal Herrera CEU, estas asociaciones, extendidas por Galicia, Cataluña, Baleares, el País Vaco o la propia Valencia tendrán ocasión de denunciar lo que viene pasando con la connivencia de casi todo el arco político y en medio de la indiferencia general de ese país peculiar, incomprensible, que es España.
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