Ana Gámez, delegada en Granada, insiste en que se están cubriendo todas las bajas en la provincia en menos de un día
Algunos interinos andaluces afectados por el Decreto 302 de Educación siguen encerrados como protesta en la Catedral de Sevilla. Mientras Educación de la Junta de Andalucía, como hace la delegada provincial de Granada, Ana Gámez, defiende esa norma que ha supuesto que a los docentes con experiencia anterior al 30 de julio de 2010 se les ordene en las bolsas de trabajo por tiempo de servicio; y a los que empezaron a trabajar después de esa fecha se les aplique un nuevo baremo en el que se computa la nota de la oposición, la formación y la experiencia docente en menor medida.
Los que protestan aseguran que se genera una desigualdad entre los antiguos (a los que no se les aplicó el decreto) y los nuevos. Pero Gámez insiste: «Antes, un interino que hubiese trabajado un año completo y obtuviese un dos en el examen siempre iba a quedar por delante de otro que, incluso con un ocho, tuviese tan solo un día menos trabajado. Gracias a la nueva normativa se corrigen situaciones de este tipo». Y remata: «Se ha pretendido valorar el esfuerzo por formarse y por estudiar, que es lo mismo que luego pedimos en las aulas».
La delegada de Educación recuerda que UGT apoya la medida. Hasta la semana pasada, según sus datos, se habían contratado en toda la comunidad autónoma a unos 10.066 interinos, de los que 900 pertenecen a la provincia de Granada. «De los 10.066 de Andalucía, 622 son por el Decreto 302», apostilló la responsable, que dice entender que los afectados no compartan estos esfuerzos.
Notas y bolsa
«En años posteriores -abundó la política- podrán bajar la nota y permanecer en bolsa al mismo tiempo».
Afirma algo diferente el portavoz en Sevilla de la Plataforma de Profesores contra el Decreto 302, Manuel Gómez: «El precepto ha establecido un doble rasero: aquellos que hayan trabajado antes del 30 de julio del 2010 mantienen todos sus derechos, están blindados, pues siguen ordenados en bolsa por tiempo de servicio aunque hayan suspendido el examen. Al resto, si suspenden, los expulsan directamente de la bolsa y los obligan además a hacer cada dos años cursos que no tienen ningún tipo de calidad pedagógica».
Ante esto, Ana Gámez contesta: «Hasta abril de 2010 se respetó el criterio de tiempo trabajado, pero necesariamente se implantó un criterio que acabara con las desigualdades». Además, muestra su confianza en que el nuevo modelo sea más justo con los nuevos estudiantes que salen de la universidad y que por falta de experiencia se quedaban fuera de la bolsa.
La delegada añade que los docentes interinos que se han presentado al concurso-oposición en Andalucía desde el año 2007 han obtenido el 79,71% de las plazas que ha ofertado la Consejería de Educación en este último lustro.
Pero si algo quiere dejar meridianamente claro Gámez es que las suplencias de profesores que están de baja se cubren a rajatabla. «En Granada, además, con mayor celeridad que en otros lugares, pues el primer día de la baja ya se envía a un sustituto».
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