Diputación, Mancomunidad, empresarios y ayuntamientos del PP entendían que se trataba de un freno al crecimiento
ROSA FERNÁNDEZ MOTRIL 
El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, previsto en el decreto ley de medidas urgentes de 2012 para garantizar la preservación de los espacios no urbanizados de la franja costera y evitar el deterioro de su paisaje. En el caso de Granada, los municipios que incluye este Plan son Almuñécar, Salobreña, Los Gualchos, Albuñol, Motril, Sorvilán, Polopos, Rubite y Lújar, con una superficie de 2.114 hectáreas de superficie, que presenta el 7,3% de todo el litoral andaluz.
En la provincia, el Plan recoge ocho ámbitos de suelo urbanizable con capacidad para 1.616 viviendas y también terrenos con protección ambiental, como son el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo en Almuñécar o la reserva natural concertada de la Charca de Suárez de Motril. Del mismo modo, reconoce la protección territorial en dos tramos colindantes con la costa y de valor ambiental y paisajístico, como son el Barranco de Enmedio y los del Cambrón y Safio, además del frente litoral entre Calahonda y Castell de Ferro. Igualmente, el documento protege los suelos con potencialidad agrícola y los terrenos con elevadas pendientes y valor paisajístico del litoral de La Contraviesa.
El nuevo instrumento de planificación que, según el Gobierno andaluz, fija los objetivos y criterios a los que ha de atenerse el planeamiento municipal en relación con aquellos terrenos que destacan por sus valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales, sin embargo, encontró la oposición de numerosos particulares e instituciones. En concreto, hubo 200 alegaciones de personas físicas, 20 de asociaciones empresariales, comerciales y sociales, y 11 de ayuntamientos (de signo contrario al entonces gobierno autonómico formado por PSOE e IU). Todos ellos exigieron sin matices la retirada de este plan, y también la Diputación.
El objetivo central, según el Ejecutivo en funciones, se orienta a garantizar la conservación y revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de protección.
La visión de José García Fuentes, presidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical (PP), que aglutina a 19 municipios, de los que 9 tienen litoral, es que supone "un enorme varapalo que coarta y condena el presente y el futuro de la comarca". Además, cree que a la "inmensa mayoría de ciudadanos, colectivos y asociaciones" están en contra de este documento.
En el caso de Motril, la alcaldesa Luisa García Chamorro (PP) ya se manifestó en este sentido: "esto va a suponer la paralización de importantes desarrollos urbanísticos que generarían empleo y riqueza". Y añadió que "es un ataque a nuestra Costa Tropical que va a perjudicar al desarrollo turístico, a la agricultura y, por tanto, a la creación de empleo". Sin embargo, Salobreña (PSOE) entendió que no le afectará, porque ya tiene aprobados sus planes parciales y está en tramitación la adaptación del PGOU al POTA.
Por otro lado, para los ecologistas, el documento es insuficiente. La asociación Buxus asegura que "no supondrá la ruina económica que pronostica la derecha, pero tampoco se corresponde con la euforia preservacionista de la que alardea la Junta de Andalucía".
En la provincia, el Plan recoge ocho ámbitos de suelo urbanizable con capacidad para 1.616 viviendas y también terrenos con protección ambiental, como son el paraje natural de los acantilados de Maro-Cerro Gordo en Almuñécar o la reserva natural concertada de la Charca de Suárez de Motril. Del mismo modo, reconoce la protección territorial en dos tramos colindantes con la costa y de valor ambiental y paisajístico, como son el Barranco de Enmedio y los del Cambrón y Safio, además del frente litoral entre Calahonda y Castell de Ferro. Igualmente, el documento protege los suelos con potencialidad agrícola y los terrenos con elevadas pendientes y valor paisajístico del litoral de La Contraviesa.
El nuevo instrumento de planificación que, según el Gobierno andaluz, fija los objetivos y criterios a los que ha de atenerse el planeamiento municipal en relación con aquellos terrenos que destacan por sus valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales, sin embargo, encontró la oposición de numerosos particulares e instituciones. En concreto, hubo 200 alegaciones de personas físicas, 20 de asociaciones empresariales, comerciales y sociales, y 11 de ayuntamientos (de signo contrario al entonces gobierno autonómico formado por PSOE e IU). Todos ellos exigieron sin matices la retirada de este plan, y también la Diputación.
El objetivo central, según el Ejecutivo en funciones, se orienta a garantizar la conservación y revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como de todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de protección.
La visión de José García Fuentes, presidente en funciones de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical (PP), que aglutina a 19 municipios, de los que 9 tienen litoral, es que supone "un enorme varapalo que coarta y condena el presente y el futuro de la comarca". Además, cree que a la "inmensa mayoría de ciudadanos, colectivos y asociaciones" están en contra de este documento.
En el caso de Motril, la alcaldesa Luisa García Chamorro (PP) ya se manifestó en este sentido: "esto va a suponer la paralización de importantes desarrollos urbanísticos que generarían empleo y riqueza". Y añadió que "es un ataque a nuestra Costa Tropical que va a perjudicar al desarrollo turístico, a la agricultura y, por tanto, a la creación de empleo". Sin embargo, Salobreña (PSOE) entendió que no le afectará, porque ya tiene aprobados sus planes parciales y está en tramitación la adaptación del PGOU al POTA.
Por otro lado, para los ecologistas, el documento es insuficiente. La asociación Buxus asegura que "no supondrá la ruina económica que pronostica la derecha, pero tampoco se corresponde con la euforia preservacionista de la que alardea la Junta de Andalucía".
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