La Junta se dio seis meses más en noviembre para estudiar más de 3.500 alegaciones. Planes urbanísticos de ayuntamientos costeros están bloqueados por una medida cautelar.
A. FUENTES
Esta semana concluyen los seis meses de prórroga que la Junta de Andalucía se dio el pasado 27 de noviembre para aprobar un plan de protección para el litoral, una vez que expiraron los dos años de plazo que recogió un decreto ley en noviembre de 2012 para sentar las bases futuras del urbanismo en el litoral de la comunidad autónoma.
Debido a la "activa" participación tanto de organizaciones empresariales, sindicales y ecologistas como de los grupos profesionales y centros universitarios, con más de 3.500 alegaciones, la Consejería de Medio Ambiente dispuso una ampliación de medio año para la aprobación del plan.
Todo este tiempo se ha mantenido vigente una medida cautelar que afecta al desarrollo urbanístico de los ayuntamientos costeros. Aquellos que no tienen planes de ordenación territorial, 52 de los 62, tienen suspendidas sus potestades para aprobar proyectos urbanísticos en los primeros 500 metros de costa con el fin de evitar que se aprueben nuevos desarrollos mientras la Junta regula la ordenación del litoral andaluz. De no aprobarse esta semana una nueva prórroga, las medidas cautelares quedarían extinguidas y estos ayuntamientos podrían aprobar nuevos usos en este tramo.
Las organizaciones ecologistas han sido las más interesadas en la evolución del plan desde que se presentase en 2012 como un proyecto estrella por el entonces consejero Luis Planas, destacado dirigente socialista que intentó enfrentarse en unas frustradas primarias a Susana Díaz en el PSOE andaluz. Planas fue relevado a continuación en el nuevo Gobierno de la Junta y volvió a Bruselas.
El plan del protección del litoral se sometió a información pública el 24 de julio de 2013, aún con Planas en el Gobierno, y dio de plazo hasta el 31 de octubre para la presentación de alegaciones. Después del tiempo transcurrido, los ecologistas dudaron del espíritu del Gobierno de Susana Díaz para poner coto a la actividad urbanizadora en los márgenes que gestó el anterior equipo, liderado por la entonces secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega.
La Consejería de Medio Ambiente, dirigida por la también socialista María Jesús Serrano, se puso como objetivo que el plan se apruebe dentro del plazo. En noviembre Serrano dijo que la aprobación definitiva del Plan del Litoral, para cuyas alegaciones ya existe una propuesta de resolución, no se daría hasta la primavera de 2015.
La consejera señaló que una propuesta de resolución de las alegaciones se elevaría a la Comisión de Redacción del Plan y, una vez que este ente analice la propuesta de resolución, se pedirían los informes preceptivos y se seguiría con la tramitación para que en un plazo de seis meses el plan quedase definitivamente aprobado.
El objetivo esencial del Plan del Litoral es evitar un desarrollo urbanístico al modo de la pasada burbuja inmobiliaria, cuyos planteamientos aún están "latentes" en viejos Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) de algunos municipios.
A la Junta, según explicó la consejera, le "satisface" contar con un "alto interés" en relación a un decreto que "compatibilizará todos los usos y rentabilidades de la costa", donde hay 143.000 viviendas por construir que no quedarán afectadas. "El desarrollo es posible también en el litoral andaluz, pero no a cualquier precio ni a costa de cualquier territorio", añadía.
La oposición de muchos ayuntamientos, de distinto color político y en su mayoría de las provincias de Málaga y Almería, y la presión de los constructores motivaron la incertidumbre sobre la aprobación del plan.
En este último año ninguno de los 52 municipios costeros pendientes de adaptar sus PGOU a la ley andaluza de ordenación del territorio lo ha hecho, a pesar de que se ha flexibilizado el procedimiento en varias ocasiones.
El plan de protección del litoral andaluz se gestó tras la polémica de hace casi tres veranos en la playa de Valdevaqueros, en Tarifa. El pleno del Ayuntamiento de Tarifa, con los votos a favor del equipo de Gobierno del PP y el apoyo de PSOE y PA, sacó adelante un plan urbanístico que previó levantar 1.400 plazas hoteleras y 350 viviendas en este entorno virgen del litoral gaditano. Una plataforma ciudadana se opuso desde el primer momento. El plan general era del año 1995.
La entonces Consejería de Planas decidió revisar todos los planteamientos urbanísticos metidos en un cajón, ya que muchos se remontan a la época del auge inmobiliario. Se filtrarían cuáles pueden salir adelante por interés económico y medioambiental, y cuáles no. Por eso la Consejería decretó una suspensión cautelar de los planeamientos y será el prometido plan el que decida qué proyectos siguen adelante.
Debido a la "activa" participación tanto de organizaciones empresariales, sindicales y ecologistas como de los grupos profesionales y centros universitarios, con más de 3.500 alegaciones, la Consejería de Medio Ambiente dispuso una ampliación de medio año para la aprobación del plan.
Todo este tiempo se ha mantenido vigente una medida cautelar que afecta al desarrollo urbanístico de los ayuntamientos costeros. Aquellos que no tienen planes de ordenación territorial, 52 de los 62, tienen suspendidas sus potestades para aprobar proyectos urbanísticos en los primeros 500 metros de costa con el fin de evitar que se aprueben nuevos desarrollos mientras la Junta regula la ordenación del litoral andaluz. De no aprobarse esta semana una nueva prórroga, las medidas cautelares quedarían extinguidas y estos ayuntamientos podrían aprobar nuevos usos en este tramo.
Las organizaciones ecologistas han sido las más interesadas en la evolución del plan desde que se presentase en 2012 como un proyecto estrella por el entonces consejero Luis Planas, destacado dirigente socialista que intentó enfrentarse en unas frustradas primarias a Susana Díaz en el PSOE andaluz. Planas fue relevado a continuación en el nuevo Gobierno de la Junta y volvió a Bruselas.
El plan del protección del litoral se sometió a información pública el 24 de julio de 2013, aún con Planas en el Gobierno, y dio de plazo hasta el 31 de octubre para la presentación de alegaciones. Después del tiempo transcurrido, los ecologistas dudaron del espíritu del Gobierno de Susana Díaz para poner coto a la actividad urbanizadora en los márgenes que gestó el anterior equipo, liderado por la entonces secretaria general de Ordenación del Territorio, Gloria Vega.
La Consejería de Medio Ambiente, dirigida por la también socialista María Jesús Serrano, se puso como objetivo que el plan se apruebe dentro del plazo. En noviembre Serrano dijo que la aprobación definitiva del Plan del Litoral, para cuyas alegaciones ya existe una propuesta de resolución, no se daría hasta la primavera de 2015.
La consejera señaló que una propuesta de resolución de las alegaciones se elevaría a la Comisión de Redacción del Plan y, una vez que este ente analice la propuesta de resolución, se pedirían los informes preceptivos y se seguiría con la tramitación para que en un plazo de seis meses el plan quedase definitivamente aprobado.
El objetivo esencial del Plan del Litoral es evitar un desarrollo urbanístico al modo de la pasada burbuja inmobiliaria, cuyos planteamientos aún están "latentes" en viejos Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU) de algunos municipios.
A la Junta, según explicó la consejera, le "satisface" contar con un "alto interés" en relación a un decreto que "compatibilizará todos los usos y rentabilidades de la costa", donde hay 143.000 viviendas por construir que no quedarán afectadas. "El desarrollo es posible también en el litoral andaluz, pero no a cualquier precio ni a costa de cualquier territorio", añadía.
La oposición de muchos ayuntamientos, de distinto color político y en su mayoría de las provincias de Málaga y Almería, y la presión de los constructores motivaron la incertidumbre sobre la aprobación del plan.
En este último año ninguno de los 52 municipios costeros pendientes de adaptar sus PGOU a la ley andaluza de ordenación del territorio lo ha hecho, a pesar de que se ha flexibilizado el procedimiento en varias ocasiones.
El plan de protección del litoral andaluz se gestó tras la polémica de hace casi tres veranos en la playa de Valdevaqueros, en Tarifa. El pleno del Ayuntamiento de Tarifa, con los votos a favor del equipo de Gobierno del PP y el apoyo de PSOE y PA, sacó adelante un plan urbanístico que previó levantar 1.400 plazas hoteleras y 350 viviendas en este entorno virgen del litoral gaditano. Una plataforma ciudadana se opuso desde el primer momento. El plan general era del año 1995.
La entonces Consejería de Planas decidió revisar todos los planteamientos urbanísticos metidos en un cajón, ya que muchos se remontan a la época del auge inmobiliario. Se filtrarían cuáles pueden salir adelante por interés económico y medioambiental, y cuáles no. Por eso la Consejería decretó una suspensión cautelar de los planeamientos y será el prometido plan el que decida qué proyectos siguen adelante.
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