La pérdida de calidad democrática guarda relación con el ascenso de los populismos. Una tendencia que no es patrimonio exclusivo de los partidos así considerados
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| Se deteriora la calidad de la democracia |
El año 2020 ha sido especialmente negativo para la calidad de la democracia en el mundo como consecuencia de las tendencias autocráticas excusadas por la gobernanza de la pandemia. Informes como el de la Universidad de Gotemburgo, para el que la democracia global ha retrocedido al nivel de tres décadas, o el Índice de democracia 2020 de The Economist, que revela que en 2020 "los ciudadanos experimentaron el mayor retroceso de las libertades individuales de la historia emprendidos por los gobiernos durante tiempos de paz", lo ponen de manifiesto.
La pérdida de calidad democrática en los tiempos recientes guarda relación con el ascenso de los populismos. Una tendencia que no es patrimonio exclusivo de los partidos políticos así considerados, sino que casi todos los partidos hacen concesiones populistas, apoyando sus opciones en medias verdades, magnificando las diferencias y tratando de captar el apoyo de los ciudadanos por motivaciones emocionales más que por razones susceptibles de ser falsadas.
En España, el deterioro democrático viene de la mano de la radicalización de una partidocracia sin control externo. El poder de los partidos es casi omnímodo por la debilidad de los contrapoderes y por la irrelevancia de otras instituciones de la sociedad civil (de carácter científico, profesional, social, económico o cultural). Una partidocracia en la que las decisiones políticas relevantes se adoptan por un grupo reducido de personas y, en última instancia, por un líder y su entorno próximo, que deciden a los candidatos elegibles y a los cargos públicos en todos los ámbitos de las administraciones públicas, incluidas empresas, agencias y fundaciones públicas.
No es de extrañar que en este contexto la acción de los partidos políticos no quiera limitarse al ámbito que le es propio; es decir, a los órganos legislativos y ejecutivos, sino que trate de influir en el poder judicial y en otras instancias de la vida pública, como las instituciones de control y de información. Es en este terreno en el que quería aterrizar, porque en las últimas semanas se han producido injerencias políticas en instituciones cuya independencia es fundamental para la calidad de la democracia. Una de ellas es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación se ha frustrado después de más de dos años en funciones por la incapacidad de los partidos políticos para acordar el reparto de los miembros entre sus jueces y fiscales allegados, ante lo que el Gobierno planteó una reforma legal que facilitaba su renovación, pero que decidió aparcar por los recelos manifestados desde la Comisión Europea, aunque sí ha limitado sus competencias mientras se encuentre en funciones.
En Andalucía también se ha producido recientemente interferencias políticas en una institución de control relevante para la calidad democrática. Me refiero a la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador de la gestión económica, financiera y contable de la comunidad autónoma. Una institución que está regida por unos consejeros elegidos por el Parlamento por su formación y experiencia, aunque la práctica tradicional es que cada partido coloca a sus consejeros en función de su peso en el Parlamento.
El conflicto que se ha producido tiene su origen en que los consejeros del Partido Popular, Ciudadanos y Vox no acudieron a tres convocatorias del pleno de la Cámara en el que se debía someter a aprobación el informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Andalucía de 2019. Un informe que pone de manifiesto notables desequilibrios en la ejecución presupuestaria del año 2019, con 1.236 millones de euros en facturas pendientes de pago y sin respaldo presupuestario, un problema para los acreedores que fue un argumento de crítica reiterada en los últimos años contra el Gobierno del Partido Socialista.
Los consejeros justificaron su inasistencia en que el presidente de la Cámara de Cuentas agotaba su mandato como consejero en febrero de este año, por lo que debía convocar un pleno extraordinario para la elección de un nuevo presidente. Por su parte, el todavía presidente alegaba que fue renovado en el cargo por un decreto del presidente de la Junta de Andalucía en septiembre de 2019 y que, aunque estuviese ejerciendo la presidencia en funciones, tenía la obligación de convocar al pleno de la Cámara para la aprobación del informe de la cuenta general antes del 1 de marzo. Finalmente, el presidente de la Cámara accedió a convocar un pleno para desbloquear la situación y fueron elegidas presidenta y vicepresidentas dos consejeras propuestas por Cs y el Partido Popular, pero tras los hechos queda revelado el juego de poderes partidistas al que está sometida una institución que debe reportar su trabajo riguroso e independiente al Parlamento.
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