Uno de los chiringuitos de la Costa Tropical, en plena faena.
La modificación afectará a 57 chiringuitos del litoral granadino, así como a varios invernaderos de Albuñol y a viviendas ubicadas entre Salobreña y Almuñécar.
N. M. / MOTRIL, COMARCAS
El pleno del Senado aprobó ayer por 177 votos a favor y 75 en contra (los del PSOE), una moción presentada por el PP por la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Costas de 1988 "para que sea compatible proteger las costas con el crecimiento económico y la seguridad del empleo y con los derechos de los propietarios en estas zonas, y que permita una aplicación homogénea en las concesiones para los chiringuitos". Es el primer paso dado por los populares después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara en sus primeros días de mandato su voluntad de acometer "una profunda" reforma de la Ley de Costas, que pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con "las actividades económicas no perjudiciales".
Dicha modificación afectaría en Granada al más de medio centenar de chiringuitos que están esperando una solución a su problema de regularización, así como a los invernaderos de la parte oriental del litoral y a los cientos de viviendas y chalés que se han levantado desde Salobreña, sobre todo, hasta Almuñécar. Ahora bien, habrá que tener en cuenta que tan sólo las construcciones levantadas sobre dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor en 1988 de la actual Ley de Costas podrían ser legalizadas si el Gobierno central lleva a cabo la modificación.
En cuanto a los chiringuitos, los senadores socialistas andaluces ayer criticaron que, con esta propuesta, el PP "no sólo va en contra del camino emprendido por la UE, sino que además va en contra de la gestión de la Junta de Andalucía, que ha resuelto el 80% de los expedientes en tan sólo 8 meses". De hecho, en la asamblea general de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical que tuvo lugar el martes en Salobreña, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, dio a conocer a los responsables de los 57 chiringuitos del litoral granadino que el 92% de las autorizaciones de licencias están resueltas. Con solapamiento o no, los chiringuiteros -que lo que quieren es que se solucione su situación- aplauden la iniciativa popular. El presidente de la asociación de Chiringuitos, Francisco Trujillo, comenta que es consciente de que "la reforma lo que pretende es alargar las concesiones a los establecimientos de playa y autorizar nuevos usos en la costa", algo que valora como positivo.
Por su parte, los parlamentarios del PSOE subrayaron que los chiringuitos "están siendo utilizados por el PP como una excusa para modificar la ley". Además, añadieron que "el verdadero problema es la preservación del ecosistema, el riesgo de convertir la costa mediterránea en una sucesión de cemento".
En esta línea, grupos ecologistas o partidos como Izquierda Unida de la provincia han denunciado la existencia de "un número incalculable" de construcciones ilegales a lo largo de toda la Costa Tropical, sobre todo, desde Salobreña hasta Almuñécar. Cientos de cortijos y pequeñas casas están diseminados a una distancia de la línea de playa que para la Ley de Costas no era admisible (entre los 100 y los 500 metros, según los casos) y que pronto pueden entrar dentro de la legalidad. Y lo peor, según denuncian, es que se ampararía la construcción de nuevas edificaciones en zonas protegidas como El Caletón, o en otras como la continuación de Playa Granada o La Guardia.
Otra de las cuestiones que podría quedar zanjada es el litigio que mantienen algunos agricultores que poseen fincas en Albuñol desde hace más de 38 años, ya que se trata de terrenos que se ganaron al mar a consecuencia del desbordamiento de la rambla en la riada de 1973.
En abril del año pasado se produjo la demolición de los primeros invernaderos ilegales (de un total de 120) en La Rábita, para llevar a cabo un plan de regeneración medioambiental del litoral de Albuñol. El objetivo era extenderse a otros puntos del municipio como la playa de El Pozuelo o Huarea.
Sin embargo, en diciembre del año pasado la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada dictó un auto por el que se paralizó la demolición de los invernaderos, suspendiendo la ejecución del acto administrativo que ordenaba el desahucio. Miguel Monferrer, secretario provincial de COAG Granada, considera que el auto constituyó un reconocimiento por parte de la justicia de una situación que esta organización agraria ha venido reivindicando a través de informes, reuniones y actos reivindicativos desde el año 2003 a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y de Mar y que, finalmente "han tenido que ser los Tribunales los que pongan las cosas en su lugar", al menos hasta que no se sustancie el recurso contencioso administrativo interpuesto por los afectados o bien entre en vigor el cambio legislativo.
El PSOE piensa que el Ejecutivo de Rajoy llevará el 2 o el 9 de marzo al Consejo de Ministros la reforma de la Ley de Costas y que se trata de "un retroceso en los avances y libertades con la disculpa de la crisis", al tiempo que hace una defensa a ultranza de una ley que "ha funcionado perfectamente durante 24 años".
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