Imagen de la cruz que idéntica a las farmacias IVÁN BENÍTEZ
El 1 de julio comenzará a aplicarse en España el nuevo "copago" farmacéutico si se subsana en el Consejo Interterritorial de Saluddel próximo miércoles el principal escollo para implantar esta medida: ladescoordinación entre los 17 modelos autonómicos que integran la Sanidad pública.
Así lo evidencian las repuestas ofrecidas a Efe por las distintas Consejerías de Salud al ser preguntadas sobre si están preparadas para incorporarse al nuevo formato de códigos que, en función de la renta, indican en las recetas lo que cada ciudadano debe pagar por sus medicinas.
Cuestiones políticas al margen, las divergencias están en la base porque cada comunidad usa distintos sistemas de prescripción, que van desde el electrónico hasta el tradicional de papel, si bien todas pelean por subirse al tren de la modernidad a finales de año.
A día de hoy, ni siquiera hay acuerdo sobre cómo se reembolsará el dinero a los pensionistas que, obligados a pagar el 10 % de los medicamentos, excedan el tope impuesto en el decreto de ahorro sanitario de entre 8 y 18 euros mensuales.
SUMIDOS EN EL CAOS
La realidad es que farmacéuticos, médicos y ciudadanos no saben muy bien a qué atenerse, como también ha constatado Efe al consultar a las organizaciones del sector.
El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Fernando Redondo, alega que no hay "tiempo material" para adecuar los sistemas informáticos de las boticas ni para resolver las muchas dudas que tienen los profesionales.
Desde las organizaciones de usuarios, se advierte de que la desinformación es total, especialmente entre los pensionistas que, por primera vez en este país, tendrán que pagar por sus fármacos.
También lo constatan los farmacéuticos, hastiados de contestar miles de preguntas sobre el "copago", algo que irá a más cuando se implemente el nuevo modelo, según aventura Redondo.
El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), José Luis Llisterri, sostiene que se trata de una actuación "improvisada y mal comunicada", que ocasiona "confusión en la ciudadanía" y "descontento" en los profesionales.
Mientras tanto, la secretaria general del Ministerio de Sanidad, Pilar Farjas, asegura que este departamento ha hecho todos los deberes y que sus 44 millones de usuarios tienen asignado el código que indica cuál será su nivel de aportación en los medicamentos.
ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA EL CONSENSO
No obstante, Sanidad ha convocado a todos los consejeros el día 27, en un intento urgente de asentar un criterio homogéneo para llevar a cabo esta medida a cuatro días de su entrada en vigor.
La postura más radical la protagoniza el País Vasco, que tramita de urgencia un decreto para evitar que en Euskadi se aplique el "copago", en contra de lo dispuesto por la legislación estatal.
El borrador, al que ha tenido acceso Efe, se basa en las competencias que otorga a Euskadi el estatuto de autonomía y en que la comunidad tiene "suficiencia financiera" para hacer frente al gasto suplementario que supondrán estas actuaciones.
En Cataluña, el conseller de Salud, Boi Ruiz, ya ha avisado de que no llegarán a tiempo, tras comprobar la complejidad de aplicar el euro por receta, exclusivo en esta comunidad. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona cree "técnicamente imposible" hacerlo antes de octubre.
El nuevo Gobierno asturiano, que tomó posesión el pasado 28 de mayo, no ha querido pronunciarse sobre la implantación del "copago" farmacéutico ni sobre la postura que llevará al próximo Consejo Interterritorial.
No obstante, durante la campaña electoral el candidato socialista y ahora presidente, Javier Fernández, se mostró contrario a esta propuesta.
La Junta de Andalucía asume el "copago" por "imperativo legal" pero anuncia que no cobrará a los pensionistas por sus medicinas más del tope que impone el decreto, mientras que en el resto de España se les devolverá lo que adelanten en un plazo máximo de seis meses.
RECETAS ELECTRÓNICAS, EN PAPEL BLANCO O DE COLORES
Aragón dice estar preparada pero anuncia que, como todavía no está implantada la receta electrónica, de momento van a gastar las recetas verdes (con aportación) y rojas (pensionistas) que tiene en "stock" por cuestión de ahorro, antes de expedir las blancas que se repartirán en toda España.
El consejero Ricardo Oliván reconoce que pueden producirse problemas en los primeros "días y meses" pero explica que han puesto unos sistemas especiales para informar a profesionales y pacientes.
En la Comunidad Valenciana la aplicación de las aportaciones de los usuarios a la financiación de los medicamentos va a ser automática, de manera que ningún ciudadano va a tener que pagar más a excepción de las recetas de carácter manual, un 8 % del total.
En los departamentos de salud en los que esté implantada la receta electrónica una alerta le dirá al farmacéutico que un determinado paciente ha llegado al límite y no debe cobrarle más.
Desde el Govern balear admiten que el sistema definitivo para aplicar los parámetros de pago no se conocerá hasta el citado Consejo, pero esperan cumplir los plazos al contar con receta electrónica.
En Galicia se aplicará el "copago" porque es "legislación básica" del Estado que la Xunta debe cumplir, pero adelanta que en los próximos días hará una presentación de "su sistema" para adaptar la norma a esta comunidad.
En Castilla-La Mancha "todo está preparado", según el consejero de Salud, José Ignacio Echániz, también secretario nacional de Sanidad del PP y uno de los máximos defensores del "copago". De hecho, el lunes se comprobó con éxito su funcionamiento.
La consejera de Navarra, Marta Vera, asume la "obligación" de aplicar el decreto aunque incide en que su Gobierno usará su "autonomía" para "garantizar el mejor servicio a los ciudadanos".
En la Comunidad de Madrid, el departamento de Salud manifiesta que está técnicamente dispuesto para el 1 de julio pero sin embargo advierte: "nuestra postura la expresaremos en el Consejo".
También está lista Murcia, donde se están llevando a cabo cursos de formación para los que los profesionales del sector sepan cuáles son los mecanismos a seguir y cómo va a ser su implantación.
La consejería murciana espera que haya consenso en el Consejo para que la norma "sea igual para todos y así no haya diferencias".
La Sanidad de Castilla y León "llegará bien" para aplicar el "copago", aunque en los casos en los que no se tenga la información para cobrar el tipo correcto se aportará el "tramo mínimo". Las principales dificultades se dan en el medio rural, confiesa el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez.
Canarias está a la espera de que el Ministerio les concrete cómo actuar, después de que las comunidades hayan pedido que se especifiquen los criterios. El director general de Farmacia, Buenaventura Fernández, dice que el decreto establece seis meses de máximo de devolución para los pensionistas pero no aclara cómo hacerlo y ve "poco ético" utilizarles como "financiadores".
El consejero de Salud de Extremadura, Luis Alfonso Hernández, cree que la iniciativa aportará una "mayor equidad" y el Gobierno de Cantabria se limita a decir que "la va a aplicar", sin entrar ambas comunidades en cuestiones técnicas. El Ejecutivo de La Rioja, por su parte, ha decidido no hacer declaraciones hasta el miércoles.
Así lo evidencian las repuestas ofrecidas a Efe por las distintas Consejerías de Salud al ser preguntadas sobre si están preparadas para incorporarse al nuevo formato de códigos que, en función de la renta, indican en las recetas lo que cada ciudadano debe pagar por sus medicinas.
Cuestiones políticas al margen, las divergencias están en la base porque cada comunidad usa distintos sistemas de prescripción, que van desde el electrónico hasta el tradicional de papel, si bien todas pelean por subirse al tren de la modernidad a finales de año.
A día de hoy, ni siquiera hay acuerdo sobre cómo se reembolsará el dinero a los pensionistas que, obligados a pagar el 10 % de los medicamentos, excedan el tope impuesto en el decreto de ahorro sanitario de entre 8 y 18 euros mensuales.
SUMIDOS EN EL CAOS
La realidad es que farmacéuticos, médicos y ciudadanos no saben muy bien a qué atenerse, como también ha constatado Efe al consultar a las organizaciones del sector.
El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Fernando Redondo, alega que no hay "tiempo material" para adecuar los sistemas informáticos de las boticas ni para resolver las muchas dudas que tienen los profesionales.
Desde las organizaciones de usuarios, se advierte de que la desinformación es total, especialmente entre los pensionistas que, por primera vez en este país, tendrán que pagar por sus fármacos.
También lo constatan los farmacéuticos, hastiados de contestar miles de preguntas sobre el "copago", algo que irá a más cuando se implemente el nuevo modelo, según aventura Redondo.
El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), José Luis Llisterri, sostiene que se trata de una actuación "improvisada y mal comunicada", que ocasiona "confusión en la ciudadanía" y "descontento" en los profesionales.
Mientras tanto, la secretaria general del Ministerio de Sanidad, Pilar Farjas, asegura que este departamento ha hecho todos los deberes y que sus 44 millones de usuarios tienen asignado el código que indica cuál será su nivel de aportación en los medicamentos.
ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA EL CONSENSO
No obstante, Sanidad ha convocado a todos los consejeros el día 27, en un intento urgente de asentar un criterio homogéneo para llevar a cabo esta medida a cuatro días de su entrada en vigor.
La postura más radical la protagoniza el País Vasco, que tramita de urgencia un decreto para evitar que en Euskadi se aplique el "copago", en contra de lo dispuesto por la legislación estatal.
El borrador, al que ha tenido acceso Efe, se basa en las competencias que otorga a Euskadi el estatuto de autonomía y en que la comunidad tiene "suficiencia financiera" para hacer frente al gasto suplementario que supondrán estas actuaciones.
En Cataluña, el conseller de Salud, Boi Ruiz, ya ha avisado de que no llegarán a tiempo, tras comprobar la complejidad de aplicar el euro por receta, exclusivo en esta comunidad. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona cree "técnicamente imposible" hacerlo antes de octubre.
El nuevo Gobierno asturiano, que tomó posesión el pasado 28 de mayo, no ha querido pronunciarse sobre la implantación del "copago" farmacéutico ni sobre la postura que llevará al próximo Consejo Interterritorial.
No obstante, durante la campaña electoral el candidato socialista y ahora presidente, Javier Fernández, se mostró contrario a esta propuesta.
La Junta de Andalucía asume el "copago" por "imperativo legal" pero anuncia que no cobrará a los pensionistas por sus medicinas más del tope que impone el decreto, mientras que en el resto de España se les devolverá lo que adelanten en un plazo máximo de seis meses.
RECETAS ELECTRÓNICAS, EN PAPEL BLANCO O DE COLORES
Aragón dice estar preparada pero anuncia que, como todavía no está implantada la receta electrónica, de momento van a gastar las recetas verdes (con aportación) y rojas (pensionistas) que tiene en "stock" por cuestión de ahorro, antes de expedir las blancas que se repartirán en toda España.
El consejero Ricardo Oliván reconoce que pueden producirse problemas en los primeros "días y meses" pero explica que han puesto unos sistemas especiales para informar a profesionales y pacientes.
En la Comunidad Valenciana la aplicación de las aportaciones de los usuarios a la financiación de los medicamentos va a ser automática, de manera que ningún ciudadano va a tener que pagar más a excepción de las recetas de carácter manual, un 8 % del total.
En los departamentos de salud en los que esté implantada la receta electrónica una alerta le dirá al farmacéutico que un determinado paciente ha llegado al límite y no debe cobrarle más.
Desde el Govern balear admiten que el sistema definitivo para aplicar los parámetros de pago no se conocerá hasta el citado Consejo, pero esperan cumplir los plazos al contar con receta electrónica.
En Galicia se aplicará el "copago" porque es "legislación básica" del Estado que la Xunta debe cumplir, pero adelanta que en los próximos días hará una presentación de "su sistema" para adaptar la norma a esta comunidad.
En Castilla-La Mancha "todo está preparado", según el consejero de Salud, José Ignacio Echániz, también secretario nacional de Sanidad del PP y uno de los máximos defensores del "copago". De hecho, el lunes se comprobó con éxito su funcionamiento.
La consejera de Navarra, Marta Vera, asume la "obligación" de aplicar el decreto aunque incide en que su Gobierno usará su "autonomía" para "garantizar el mejor servicio a los ciudadanos".
En la Comunidad de Madrid, el departamento de Salud manifiesta que está técnicamente dispuesto para el 1 de julio pero sin embargo advierte: "nuestra postura la expresaremos en el Consejo".
También está lista Murcia, donde se están llevando a cabo cursos de formación para los que los profesionales del sector sepan cuáles son los mecanismos a seguir y cómo va a ser su implantación.
La consejería murciana espera que haya consenso en el Consejo para que la norma "sea igual para todos y así no haya diferencias".
La Sanidad de Castilla y León "llegará bien" para aplicar el "copago", aunque en los casos en los que no se tenga la información para cobrar el tipo correcto se aportará el "tramo mínimo". Las principales dificultades se dan en el medio rural, confiesa el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez.
Canarias está a la espera de que el Ministerio les concrete cómo actuar, después de que las comunidades hayan pedido que se especifiquen los criterios. El director general de Farmacia, Buenaventura Fernández, dice que el decreto establece seis meses de máximo de devolución para los pensionistas pero no aclara cómo hacerlo y ve "poco ético" utilizarles como "financiadores".
El consejero de Salud de Extremadura, Luis Alfonso Hernández, cree que la iniciativa aportará una "mayor equidad" y el Gobierno de Cantabria se limita a decir que "la va a aplicar", sin entrar ambas comunidades en cuestiones técnicas. El Ejecutivo de La Rioja, por su parte, ha decidido no hacer declaraciones hasta el miércoles.
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