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| una pensionisa hace números en el botiquín de su caso: Alez Garcia. |
Según los cálculos del departamento dirigido por Ana Mato, la medida supondrá un ahorro de 440 millones de euros
Madrid
El Gobierno parece decidido a sacar de la financiación pública un total de 456 farmacos de uso común. La ministro Ana Mato así lo planteará hoy a los consejeros autonómicos en una reunión que se prevé polémica no sólo por el debate político que suscita, sino también por cuanto afecta al bolsillo del ciudadano. Estos medicamentos susceptibles de ser excluidos sumaron una facturación al sistema nacional de salud el año pasado de 458 millones de euros. Sobre esta base, el ahorro neto que el Gobierno calcula será de 440 millones.
La decisión se anuncia cuatro días antes de que entre en vigor el nuevo copago sanitario, que fija el pago del 10% del medicamento a los pensionistas que hasta ahora estaban exentos, y en el caso de Catalunya apenas una semana después de la aplicación del euro por receta.
La lista de productos susceptibles de exclusión incluye principios activos como la acetilcisteina, utilizada como mucolítico -y base de medicamentos como el Fluimucil-, el aciclovir, usado para combatir los herpes; la loperamida (que se comercializa, entre otros nombres, como Fortasec) y que se destina a cortar las diarreas; o tratamientos de la tos, como aquellos que contengan dextrometrorfano (en jarabes como el Bisolvón).
En concreto, la propuesta incluye algunos fármacos (aunque no todos) asociados a los siguientes tratamientos: la acidez gástrica, el estreñimiento (además de las diarreas), vasodilatadores periféricos, corticoides para las hemorroides, fármacos para varices, cremas para dermatitis del pañal, tratamientos para la psoriasis y para virasis tópicas y antiinflamatorios no esteroideos tópicos (es decir, cremas antiinflamatorias).
Además, se sacan de la financiación pública productos para la ansiedad leve, algunos para el deterioro cognitivo por la edad, ciertos mucolíticos, lágrimas artificiales, antiinflamatorios leves y otros para dislipemias leves (esto es, para el colesterol). Los inhaladores para la congestión nasal, también fuera.
La ministra Mato se había limitado hasta ahora a decir que sacarían de la financiación pública aquellos fármacos con escaso valor terapéutico, que sirvan para síntomas menores y cuyo precio sea bajo. El borrador así lo recoge y justifica la exclusión en la necesidad de "mantener la capacidad de financiación de nuevas terapias, indicadas en enfermedades graves, invalidantes o de pronóstico fatal".
Sin embargo, fuentes de la industria farmacéutica consultadas por La Vanguardia aseguraron que el recorte es enorme y no sólo afecta a medicamentos para síntomas leves, sino a otros como los relacionados con trastornos psíquicos. Sanidad sostiene además que se ha estudiado el riesgo de desplazamiento. Eso quiere decir que se ha estimado que la exclusión de los fármacos de la nueva lista no inducirá a que se utilice otro medicamento que sea más caro para el sistema público para curar esos males.
Sin duda este será el punto más conflictivo de la reunión de los consejeros con el ministerio esta tarde. Pero en el orden del día figura una treintena de puntos. Uno de ellos, el copago ciudadano de otros productos, los ortoprotésicos o los dietéticos, incluidos en la nueva cartera de servicios suplementarios creada por el Gobierno y que también estarán "sujetos a la aportación del usuario".
El trabajo con las comunidades está más avanzado en el caso de los productos dietéticos, según fuentes del ministerio, y se espera que en la reunión de hoy se fije un factor de facturación común para los ciudadanos en todo el SNS. También se estudiará un proyecto de real decreto para regular la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica y fijar las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación.
En ambos casos, el objetivo de Sanidad es que el copago se rija por los mismos criterios que ha marcado el de medicamentos: renta y edad. Para la misma reunión queda también la discusión sobre un acuerdo marco para la selección de suministradores de vacunas del calendario infantil, un informe sobre compras centralizadas, la creación de la Red Española de Escuelas de Salud para ciudadanos o el proyecto de real decreto de troncalidad
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