Clamor social por una financiación justa elhuffingtonpost

EFE

Miles de valencianos salieron a la calle el pasado 18 de noviembre para reclamar una financiación autonómica justa.

La sociedad valenciana salió a la calle el pasado 18 de noviembre para pedir en justicia lo que le corresponde. Sindicatos, asociaciones de empresarios, entidades sociales y partidos políticos, con la ausencia del Partido Popular, hicieron causa común en demanda de un mejor sistema de financiación.

El informe más reciente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), elaborado con la liquidación de 2015, volvía a situar a la Comunitat Valenciana como la peor financiada de España. Cada habitante recibe 2.178 euros por parte del estado, casi 200 menos que la media nacional que se sitúa en 2.354 euros.

Sobran razones para pedir en la calle aquello que, de manera reiterada, el gobierno valenciano del cambio ha exigido al Ejecutivo central del PP

Una injusticia estructural que ha acumulado un déficit de financiación de 20.000 millones de euros desde 2002. Por tanto, sobran razones para pedir en la calle aquello que, de manera reiterada, el gobierno valenciano del cambio ha exigido al Ejecutivo central del PP.

Una reforma del modelo que, tal y como recordó el president Ximo Puig en su reunión con Mariano Rajoy del pasado septiembre, debe tener una primera propuesta antes de que finalice el año. No caben más excusas ni más dilaciones. No cuando lo que está en juego es la cohesión social, unos servicios públicos de calidad y, en definitiva, la mejora del bienestar de la ciudadanía. Es por ello que se entiende poco o nada la ausencia de un partido como el PP que no dudaba en manifestarse contra los derechos de las mujeres o en usar las calles para deteriorar al gobierno socialista a costa de la política antiterrorista. Para esas causas al parecer la pancarta sí le parecía muy útil.

El cambio de modelo es urgente e irrenunciable para el gobierno valenciano

Mariano Rajoy cuenta con toda la disposición al diálogo y a la negociación por parte del gobierno valenciano, pero desde la firmeza y la convicción de que el cambio de modelo es urgente e irrenunciable. Fue un mandato de la Conferencia de Presidentes y, como se ha visto, en la Comunitat Valenciana es un clamor social e institucional. De hecho, el president Puig ya trasladó al presidente del Gobierno un decálogo de peticiones entre las que estarían el estudio de la mutualización de la deuda, reforzar a la autonomía fiscal o suprimir mecanismos extraordinarios de financiación.

Sobre todos los asuntos cabe el diálogo, pero no la pasividad. Hay que negociar y hay que hacerlo ya. Es inaplazable para que el esfuerzo tributario de los valencianos y las valencianas tenga la recompensa equitativa que merece y no se vea lastrado por una situación injusta que no han generado. Hoy en la Comunitat Valenciana hay un gobierno decente que vela por el bien común. El aumento presupuestario en las partidas sociales así lo evidencia. Solo en sanidad el incremento desde el último año del PP se acerca a los 900 millones de euros.

Para asegurar el futuro son necesarios los recursos que una inexplicable discriminación ha hurtado a la sociedad valenciana. Si a ello se suma el expolio de la corrupción durante los gobiernos del PP la Comunitat Valenciana se ha visto doblemente castigada. Hoy los casos de corrupción siguen su curso en los juzgados como recordatorio del más oscuro pasado. Hoy la lucha por una financiación justa sigue viva y este gobierno del cambio pondrá todo su esfuerzo para que también forme parte del pasado.