“Eso no pasa en ninguna universidad del mundo”, denuncian los autores.
VLADIMIR BOROVIC VIA GETTY IMAGES |
La situación del sistema científico español no mejora en lo sustancial. Acogotada por la burocracia, la endogamia, la falta de fondos y una gestión inadecuada, sigue en un preocupante impass que no ha cambiado en su anquilosada estructura con la creación de un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Así lo asegura el segundo informe sobreLa ciencia y la tecnología en España 2019 de la Fundación Alternativas, que fue presentado en la Residencia de Estudiantes y en el que han participado 15 investigadores y expertos en diagnosis de esta ya endémica enfermedad investigadora.
En realidad, decir que la ciencia está de capa caída no es nuevo. Desde 2009 ha sufrido recortes y más recortes que la han dejado tiritando, pero mientras vemos resurgir de sus cenizas sectores tan peligrosos como la construcción o un turismo insostenible, las inversiones en I+D+i, tanto públicas como privadas, andan lejos de la sociedad del conocimiento que nos aleje de más crisis laborales y ambientales, y por lo tanto económicas y sociales. Si a esto sumamos normativas y leyes que no tuvieron en cuenta las peculiaridades del sistema científico, es fácil comprender la frustración de quienes en lugar de buscar soluciones a enfermedades, atender impactos en nuestro entorno o buscar tecnologías punteras, están sumidos en un marasmo burocrático que en febrero pasado se intentó paliar, pero que, visto lo visto en este informe, no es suficiente.
El documento, si bien se centra tanto en datos como en estructuras anquilosadas, no obvia el peliagudo asunto de una inestabilidad política que nos hace seguir con los mismos presupuestos de 2018, que ya eran prorrogados del 2017. Para los autores, el 8% que el Gobierno preveía aumentar en presupuesto en I+D+i este año es insuficiente para paliar la caída en picado que nos ha llevado a que el sector suponga un raquítico 1,2% del PIB, frente a una media europea del 2%, pero es que ese 8% ni está ni se le espera, con la amenaza de nuevas elecciones en el horizonte.
“Estamos perdiendo el tren de la sociedad del conocimiento porque el mundo ha cambiado y no nos hemos dado cuenta. Hace 25 años, España estaba por delante de China en todos los parámetros. Hoy China va por delante de EE UU porque hicieron una apuesta. Ahora tenemos un Ministerio de Ciencia, que pedíamos, pero el cambio real cuesta verlo”, reconocía el coordinador del estudio de la Fundación Alternativas, el investigador del CSIC Vicente Lárraga.
Lárraga y el reconocido investigador del CNIO Mariano Barbacid destacan en su capítulo otro dato: la media de fondos para los 1.500 proyectos de investigación que son financiados con dinero público, es decir, los mejores, ronda los 34.000 euros de media anuales y sólo el 3% obtienen el dinero suficiente para su total desarrollo. “Eso es insostenible. La cuestión es que si no se cambian estructuras, no cambiará nada. Ese cambio supondría un gasto de 4.000 millones de euros en una legislatura, con lo que pasaríamos del 1,2% al 1,6%. Eso conllevaría muchos otros cambios detrás”, aseguraban los científicos.
“Eso no pasa en ninguna universidad del mundo”, denuncian los autores.
Uno fundamental es la gestión, porque resulta que entre el 60% y el 70% de los escasos fondos presupuestados, no se gastan. Y no se gastan porque son créditos que los investigadores públicos no piden porque es un riesgo que no podrían asumir, pero tampoco lo hacen las empresas, en general en España poco proclives a la innovación, que el ladrillo es más seguro... “Entre investigadores y empresas hay una barrera a romper. Y mientras vemos pasar por delante millones de euros presupuestados que van del Ministerio de Ciencia al de Hacienda, lo que es una vergüenza. Eso es muy grave y debemos pelear para que se arregle y se conviertan esos créditos en subvenciones no financieras, que son las que sostienen la ciencia en España”, señalaba Barbacid. En su caso, reconocía que sólo el 10% de lo que cuestan sus pioneros proyectos contra el cáncer procede de dinero público.
Ante este panorama, la búsqueda de fondos en Europa tampoco parece ser la solución mientras no se logre tener un sistema competitivo. Así lo asegura la investigadora del CSIC Paola Bovolento, miembro del comité científico del Consejo de Europa de Investigación (ERC). Bien es cierto, según sus datos, que en general España tiene un retorno económico del 10% frente al 9% que invierte en la UE. Pero cuando Bovolento entra en el detalle, el panorama cambia porque resulta que son las empresas, y no nuevas sino multinacionales o ya consolidadas, las que reciben más dinero comunitario (38%), mientras que los centros públicos de investigación (OPIS) se quedan con el 11%. Y además resulta que aunque los investigadores se han lanzado a presentar proyectos en Europa masivamente, hasta 32.000, al final se aprobaron 4.000. En total, cuatro millones de horas de trabajo de científicos gastadas en gestiones, un tiempo en el que no investigaron. ¿Realmente eso es un éxito?
Más triste es, según Bovolento, asomarse al ERC, que financia proyectos de excelencia. Sólo el 7,7% de los proyectos apoyados tiene sello español, porcentaje menor aún que el promedio cuando se trata de jóvenes científicos (otros países los cuadriplican) debido a su peor preparación, su baja incorporación al sistema científico y los pocos fondos que tienen disponibles para sus proyectos. “El programa Ramón y Cajal es un fracaso, con una media de 45 años de edad de incorporación. Son ya viejos cuando entran en el sistema”, argumentaba la científica. Y es un envejecimiento que aboca a un desastre futuro, sobre todo en el CSIC, con una media de edad de su personal de 61 años. “En mi centro acaba de entrar una nueva persona de 49, a sólo 16 de la jubilación. Así no es posible rejuvenecer familia”, apuntaba Lárraga
Presentación del informe. |
Y para colmo, la endogamia, crítica en el caso de las universidades. Datos oficiales señalan que, en 2017, el 74% de los académicos estaban en la misma institución en la que se doctoraron. “Eso no pasa en ninguna universidad del mundo”, denuncian los autores. La excepción, la Universidad Pompeu Fabra. Es más, el 30% de los catedráticos y el 70% de los profesores reconocen que no investigan lo suficiente, muchos acuciados por la docencia y temas de gestión que les roban el tiempo.
La investigadora Amaya Moro Martin, hoy en la NASA y a la espera de poder regresar a España, hace hincapié en su capítulo en los males de un sistema de doctorado, el primer paso de una carrera investigadora, que no ha cambiado en esencia en 50 años, así como de un alumnado que no sale del país (sólo el 5% hace fuera el doctorado). Lo peor es que los que se van, por la funesta endogamia reinante, cuando regresan tienen tres veces más dificultades para encontrar trabajo que los que no se mueven, pese a que la incorporación de ideas nuevas y la experiencia internacional, debiera ser un plus y no una rémora.
Lo peor es que los que se van, por la funesta endogamia reinante, cuando regresan tienen tres veces más dificultades para encontrar trabajo que los que no se mueven.
“Tampoco sabemos cuántos doctorandos se integran en empresas, pero son pocos. Así que entiendo la preocupación los doctorandos españoles por su futuro, pero la verdad es que se necesita una reforma y también una actitud diferente en los estudiantes y más competitividad. Es evidente que no todos los doctores españoles pueden salir con un cum laude en sus tesis [actualmente lo logran el 80%]”, apuntaba Bovolento.
Otro de los puntos que aborda el documento tiene que ver con cambios en el sistema de reclutamiento de científicos. No puede ser, afirman, que el sistema se base únicamente en generar funcionariado, por lo que apuestan por contratos que estén sujetos a evaluación y con unas garantías de permanencia, para acabar con la rigidez actual, que genera pérdidas y camufla contratos temporales. De hecho, este año se ha permitido hacer 1.450 contratos permanentes a cargo de los proyectos, pero ¿tienen recursos para asumirlo?
Para el coordinador del informe, una prioridad es tener ya un plan de ciencia para fijar nuestras prioridades. “Queremos los fondos necesarios para ciencia y tecnología, pero también tenemos que saber adonde queremos ir porque sabemos que el Gobierno quiere apostar por la ciencia pero no el cómo o el qué; y no podemos ser excelentes en todo. Debemos ser capaces de aunar nuestras capacidades con las oportunidades, como ocurre en el caso ambiental por nuestra situación geográfica, o con la Astronomía. Y además de definir el plan, darle continuidad con un Pacto por la Ciencia”, señala Lárraga.
Para Santiago M. López, la cuestión está en que “tenemos en España un sistema de generación de conocimiento y otro de importación tecnología, más que un sistema de ciencia y tecnología. Si cogemos personas para promover ciencia y dejamos a investigadores investigar conseguimos un -mejor sistema, menos funcionarial”.
RECOMENDACIONES
- Plantear áreas prioritarias de acción con apoyo Parlamento y con un Pacto de Estado que garantice el largo plazo.
- Mejorar la gobernanza del sistema implicando a los investigadores
- Eliminar sistema funcionarial exclusivo y apostar por contratos estables y competitivos.
- Combatir la endogamia
- Cambiar la elección de la dirección de los OPIS y universidades para primar la calidad científica sobre la gestión.
- Dotar a los centros de más autonomía de gestión de equipamiento y personal
- Aumentar el gasto en I+D+i
- Un plan de choque de salvamento del sistema.
- Eliminar trabas en la gestión para que la Administración General del Estado no asfixie el sistema.
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