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| La denuncia de Fiscalía llega a raíz de un escrito que presentó la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia. / |
La Fiscalía denuncia a los ediles por cometer presuntamente un delito contra el medio ambiente | El análisis de las muestras que recogió el Seprona dice que los vertidos suponen un «grave perjuicio» para la salud de los vecinos
La sección de delitos urbanísticos y medioambientales de la Fiscalía Provincial de Granada ha presentado denuncia contra siete alcaldes de la Costa Tropical por cometer, presuntamente, un delito contra el medio ambiente. Según ha podido saber IDEAL a través del ministerio fiscal, la sección de delitos urbanísticos ha reunido suficientes indicios para denunciar a los alcaldes desde 2014 Vélez de Benaudalla, Albuñol, Ítrabo, Sorvilán, Molvízar, Jete y Otívar por verter aguas residuales a caudales y arroyos públicos sin autorización. El decreto de denuncia ya ha sido remitido a los juzgados de Motril para que continúe la investigación de los hechos.
La fiscal se ha basado en un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para considerar que las aguas residuales que se están vertiendo sin depurar suponen un «peligro para el medio ambiente» que afecta a la calidad de las aguas y son, a su vez, un «grave perjuicio para la salud de las personas». Delitos urbanísticos considera que los Ayuntamientos implicados podrían haber tomado cartas en el asunto y poner solución para aminorar el impacto que altera a los ecosistemas de la costa. El seprona recogió muestras de agua, tierra y vegetales en distintos y gracias a los análisis se pudo determinar el riesgo para las aguas receptoras, para los humanos, además de posibles filtraciones la capa freática.
En la denuncia consta que la Junta de Andalucía remitió un informe solicitado por la propia fiscalía en el que ponen de manifiesto tener en conocimiento la existencia de varios núcleos, que se extienden alrededor de unos 500 kilómetros, en los que se desagua vertidos sin depurar, aunque según la Junta el efecto sería mínimo. La delegación territorial de la Consejería de Turismo fundamenta su argumento en la facultad de los ecosistemas para depurarse.
La denuncia de Fiscalía llega a raíz de un escrito que presentó la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia. La asociación avisaba que las aguas residuales acababan en cauces de dominio público y ponía énfasis en el municipio de Ítrabo. Eldiario.es adelantó que las balsas que emplea la comunidad de regantes para abastecer a sus cultivos estaban contaminadas con restos fecales. Ítrabo estuvo regando sus campos con este agua desde enero de 2018 a febrero de 2019, fecha en el que la Junta de Andalucía ordenó el cese del riego.
Área Metropolitana
En marzo la Fiscalía presentó otras 13 querellas a los alcaldes de los municipios de Churriana de la Vega,Nívar, Atarfe, Jun, Peligros, Fuentevaqueros, Vegas del Genil, Güevéjar, Colomera, Cijuela, Víznar, La Zubia y Ogíjares, por las mismas razones. Los municipios carecen desde 2008 de autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para realizar los vertidos a los cauces de los ríos y continuaron haciéndolo. De acuerdo con la Fiscalía, «las querellas siguen su curso y los juzgados encargados están haciendo las investigaciones pertinentes». Algunos de los alcaldes ya han declarado ante el tribunal.
La consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía remitió un escrito de alegaciones, que consta en la querella, que refleja que «la depuración de los municipios integrados en el área metropolitana de Granada, es sin duda, la que presenta un mayor grado de complejidad de toda Andalucía». La Junta alega en el escrito que se han tomado medidas para ampliar, financiar y ejecutar las obras «para la mejora de la gestión de los servicios públicos y la red integral de agua».
La falta de ampliación de conductos a las depuradoras y la construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) que estaban previstas financiar con el canon finalista del agua que recaudó la Junta, es uno de los obstáculos que afrontan estos Ayuntamientos. La Junta anunció que este año se destinarían 150 millones de euros en mejorar las EDAR de la provincia. La administración construyó en 2018 una nueva estación de tratamiento en Albuñol que permite que no lleguen hasta el mar aguas residuales en el Pozuelo y la Rábita. Además, la Junta tiene prevista la construcción de una depuradora en Zújar y se elaborará un proyecto para que Alhama pueda depurar también sus aguas. En el área Metropolitana, tras la aprobación de las obras, los Ayuntamientos esperan que la agrupación de vertidos llegue a las estaciones de Granada Sur y a la depuradora de Los Vados.
La primera estación recogerá, tras la construcción de los nuevos colectores, las aguas residuales procedentes de la Zubia, Ogíjares, Gójar y una parte del municipio de Armilla. Por su parte, la depuradora de Los Vados recogerá las aguas procedentes de Albolote, Atarfe, Churriana de la Vega, Jun, Maracena, Peligros y Pulianas.
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