Es evidente que el acuerdo no ha representado una derogación total de la reforma laboral del PP del año 2012. No estamos en presencia de un nuevo marco de relaciones laborales
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| Un acuerdo social necesario |
El acuerdo tripartito firmado el pasado mes de diciembre contrasta con la polarización que domina la vida política española. Tiene importancia que, en un ambiente político enrarecido, el Gobierno, los trabajadores y los empresarios, a través de sus organizaciones representativas, hayan afrontado con éxito una reforma laboral para eliminar determinados aspectos abusivos que lastraban negativamente nuestro marco de relaciones laborales.
Como todo acuerdo importante, en el que se negocian intereses contrapuestos que afectan a millones de personas, este es un acuerdo limitado. Quizás es la razón por la que ha recibido criticas y rechazos de expertos y políticos. Es evidente que el acuerdo no ha representado una derogación total de la reforma laboral del PP del año 2012 y, en consecuencia, no estamos en presencia de un nuevo marco de relaciones laborales que sustituya al vigente Estatuto de los Trabajadores. Con toda seguridad, haber planteado en la negociación la derogación total hubiera conducido a la negociación al fracaso e imposibilitado el acuerdo final. Por otra parte, un nuevo sistema laboral que aborde los nuevos cambios sociales y los efectos de las tecnologías y de la digitalización en las relaciones laborales deberá ser el resultado de un proceso gradual de reformas consensuadas como la que ha dado lugar a este acuerdo.
El núcleo fundamental, que lo define como un acuerdo trascendente, radica en la modificación sustancial de normas que habían provocado un gran desequilibrio en las relaciones laborales: se restablece el principio de "igualdad de armas" en la negociación colectiva, se reduce la dualidad contractual y trata de evitar que la contratación temporal derive en un deterioro de las condiciones de trabajo, especialmente de jóvenes y mujeres, los más perjudicados por los contratos precarios y los bajos salarios. Este era, en mi opinión, el objetivo básico del Gobierno y de los sindicatos a cambio, evidentemente, del mantenimiento del resto de la Reforma Laboral de 2012.
El nuevo acuerdo recupera la tradición de los grandes pactos sociales que han contribuido a la estabilidad y confianza en las instituciones y a la configuración normativa de buena parte de nuestra sistema económico y laboral. El Gobierno ha remitido al Parlamento el Decreto Ley, que regula el contenido del acuerdo, para su aprobación y algunos portavoces de partidos políticos, presentes en el Congreso, ya han declarado su intención de rechazar o modificar sustancialmente su contenido.
Si es así, ¿que efectos puede producir el rechazo o la alteración sustancial del acuerdo por el Parlamento? Está fuera de toda duda que el Parlamento, que representa al pueblo español en el que reside la soberanía nacional, puede aprobar, rechazar o modificar cualquier ley derivada o no de acuerdos sociales. Pero creo que estamos ante un tema delicado, porque si la decisión del Parlamento, democrática en todo caso, rechazara o modificara sustancialmente el acuerdo, supondría un cuestionamiento serio del dialogo y del consenso social así como de la participación de trabajadores y empresarios y sus organizaciones en la vida política, social y económica de nuestro país.
Dicho lo anterior, sólo se me ocurre una llamada a la responsabilidad. Por una parte, el acuerdo social, en la medida que ha sido el resultado del consenso, impulsará la recuperación económica y mejorará el funcionamiento del mercado de trabajo. Pero también, el dialogo social, como señala Montalvo Correa, es un ingrediente básico de las democracias avanzadas, plurales y participativas. Los sindicatos y organizaciones empresariales tienen sus presupuestos básicos en los derechos de libertad sindical, asociación y negociación colectiva reconocidos en la Constitución Española y son componentes fundamentales del Modelo Social Europeo recogido en los Tratados de la Unión Europea. Cualquiera que sea su legítima decisión, los partidos políticos deben tener en cuenta el valor democrático del diálogo y el consenso social que han hecho posible el acuerdo.
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