La recuperación sólo llegará si se modifica el modelo de intervención pública en la economía y se eleva la calidad de los servicios públicos recortando las partidas prescindibles de contenido político
JOAQUÍN AURIOLES
LA gran diferencia con 2015 es que el calendario electoral está completamente vacío y se acaban las excusas para la relajación en la disciplina y la tibieza en el tratamiento de los grandes problemas, entre ellos algunos de gran trascendencia económica, como la reforma del modelo territorial del Estado y el nuevo acuerdo de financiación autonómica. En el caso concreto de Andalucía, y tras un largo periodo de inactividad gubernamental y de deterioro de los servicios públicos, el principal reto es la redefinición de su modelo de bienestar, que si bien mantendrá con toda probabilidad sus parámetros básicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales universales y gratuitos), tendrá que estudiar la forma de encajarlos en un escenario financiero más exigente y abordar el problema de la calidad de los servicios públicos.
No cabe esperar que el futuro acuerdo de financiación autonómico resuelva la asfixia de liquidez en el sector público andaluz, entre otras cosas porque el Gobierno ha encontrado en el Fondo de Liquidez Autonómica un mecanismo tremendamente eficaz para atar corto a las autonomías en sus aspiraciones de redistribución del equilibrio de poderes con el Estado. De lo observado desde el comienzo de la crisis se deduce con claridad, no sólo en Andalucía, sino también en otros sitios como Cataluña, que pretender mantener el mismo nivel de bienestar, pero con menos presupuesto, sólo conduce al deterioro de los servicios públicos, hasta llegar a poner en evidencia su sostenibilidad. Conviene recordar que el actual modelo de bienestar andaluz comenzó a levantarse a raíz de la entrada de España en la Comunidad Europea en 1986 y Andalucía comenzó a beneficiarse de las ayudas estructurales al desarrollo regional.
La incorporación de Portugal, España y, anteriormente, Grecia, no sólo suponía una importante proyección meridional del proyecto, sino también la aceptación en el club de países con economías notablemente menos desarrolladas y con niveles de asistencia social mucho más reducido. Los informes de la época pronosticaban un intenso proceso de fusiones de empresas tras la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de personas, capitales y mercancías y que economías como la española y, sobre todo, la andaluza, estarían entre las más perjudicadas. Se preveía la notable reducción en el tejido productivo que posteriormente tuvo lugar y el aumento del desempleo, de manera que la reforma de los fondos estructurales impulsada por Delors se concibió con el objetivo fundamental de incrementar el nivel de asistencia con el fin de ayudarlas a estas regiones recortar diferencias de productividad con el resto de Europa y a restituir a medio plazo el empleo y el tejido productivo destruido.
En Europa también se temía un desplazamiento masivo de trabajadores en paro o a la búsqueda de un mayor nivel de bienestar, por lo que no hubo demasiados inconvenientes para que los fondos estructurales pudieran también financiar la mejora en el modelo de bienestar. En Andalucía y en otras regiones de características similares, los fondos se emplearon en mejorar las infraestructuras, fundamentalmente las de comunicaciones, y en ampliar la cobertura de los servicios públicos fundamentales, como la educación y la sanidad, pero también otras muchas parcelas del sector público, bastante más prescindibles. La abundancia de recursos permitió a la comunidad andaluza desarrollar toda una trama de empresas públicas, que sería el germen de lo que en la actualidad conocemos como la "administración paralela". Desgraciadamente, los resultados más modestos fueron los relativos a la recuperación del tejido productivo y el empleo, de manera que a medida que el tamaño del sector público aumentaba, la incapacidad de la economía regional para mantenerlo se hacía cada vez más evidente, erosionando la sostenibilidad del modelo. Durante años se pudo disimular gracias a la extraordinariamente flexible cortina del urbanismo y la construcción, pero la crisis y el consiguiente desplome del mercado inmobiliario puso de manifiesto la magnitud de un problema que requería una actuación urgente y comprometida, que sin embargo el Gobierno andaluz ha conseguido esquivar durante años. Los graves problemas económicos y sociales se han conseguido presentar ante la sociedad disfrazados de problemas políticos, pero la cuestión de fondo es que han desparecido empresas, entidades financieras y las cifras de desempleo se han disparado por encima de los máximos históricos.
Salir de esta situación, es decir, iniciar la recuperación, con los mismos parámetros económicos que al principio de la crisis nos condena a afrontar las que vengan en el futuro en similares condiciones de vulnerabilidad. La crisis es una fase del ciclo, y por lo tanto inevitable, que se caracteriza por algo tan natural como que de vez en cuando la economía se sitúa por debajo de su potencial. Nuestro problema principal consiste en elevar ese potencial con el fin de minimizar el impacto de las crisis y reducir el alto grado de desempleo estructural y para ello se necesitan básicamente dos cosas. Por un lado, modificar el modelo de intervención pública en la economía con el fin de incrementar el tamaño del sector privado. Por otro, la calidad de los servicios públicos, asumiendo que el freno al deterioro de los servicios sanitarios o la mejora de los resultados de la educación obliga a redistribuir el gasto, insistiendo en el recorte de las partidas prescindibles de contenido político y de ensanchamiento de la estructura de la Junta, pero sobre todo a realizar reformas estructurales con el fin de intentar seguir haciendo las mismas cosas, pero de manera más eficiente.
No cabe esperar que el futuro acuerdo de financiación autonómico resuelva la asfixia de liquidez en el sector público andaluz, entre otras cosas porque el Gobierno ha encontrado en el Fondo de Liquidez Autonómica un mecanismo tremendamente eficaz para atar corto a las autonomías en sus aspiraciones de redistribución del equilibrio de poderes con el Estado. De lo observado desde el comienzo de la crisis se deduce con claridad, no sólo en Andalucía, sino también en otros sitios como Cataluña, que pretender mantener el mismo nivel de bienestar, pero con menos presupuesto, sólo conduce al deterioro de los servicios públicos, hasta llegar a poner en evidencia su sostenibilidad. Conviene recordar que el actual modelo de bienestar andaluz comenzó a levantarse a raíz de la entrada de España en la Comunidad Europea en 1986 y Andalucía comenzó a beneficiarse de las ayudas estructurales al desarrollo regional.
La incorporación de Portugal, España y, anteriormente, Grecia, no sólo suponía una importante proyección meridional del proyecto, sino también la aceptación en el club de países con economías notablemente menos desarrolladas y con niveles de asistencia social mucho más reducido. Los informes de la época pronosticaban un intenso proceso de fusiones de empresas tras la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de personas, capitales y mercancías y que economías como la española y, sobre todo, la andaluza, estarían entre las más perjudicadas. Se preveía la notable reducción en el tejido productivo que posteriormente tuvo lugar y el aumento del desempleo, de manera que la reforma de los fondos estructurales impulsada por Delors se concibió con el objetivo fundamental de incrementar el nivel de asistencia con el fin de ayudarlas a estas regiones recortar diferencias de productividad con el resto de Europa y a restituir a medio plazo el empleo y el tejido productivo destruido.
En Europa también se temía un desplazamiento masivo de trabajadores en paro o a la búsqueda de un mayor nivel de bienestar, por lo que no hubo demasiados inconvenientes para que los fondos estructurales pudieran también financiar la mejora en el modelo de bienestar. En Andalucía y en otras regiones de características similares, los fondos se emplearon en mejorar las infraestructuras, fundamentalmente las de comunicaciones, y en ampliar la cobertura de los servicios públicos fundamentales, como la educación y la sanidad, pero también otras muchas parcelas del sector público, bastante más prescindibles. La abundancia de recursos permitió a la comunidad andaluza desarrollar toda una trama de empresas públicas, que sería el germen de lo que en la actualidad conocemos como la "administración paralela". Desgraciadamente, los resultados más modestos fueron los relativos a la recuperación del tejido productivo y el empleo, de manera que a medida que el tamaño del sector público aumentaba, la incapacidad de la economía regional para mantenerlo se hacía cada vez más evidente, erosionando la sostenibilidad del modelo. Durante años se pudo disimular gracias a la extraordinariamente flexible cortina del urbanismo y la construcción, pero la crisis y el consiguiente desplome del mercado inmobiliario puso de manifiesto la magnitud de un problema que requería una actuación urgente y comprometida, que sin embargo el Gobierno andaluz ha conseguido esquivar durante años. Los graves problemas económicos y sociales se han conseguido presentar ante la sociedad disfrazados de problemas políticos, pero la cuestión de fondo es que han desparecido empresas, entidades financieras y las cifras de desempleo se han disparado por encima de los máximos históricos.
Salir de esta situación, es decir, iniciar la recuperación, con los mismos parámetros económicos que al principio de la crisis nos condena a afrontar las que vengan en el futuro en similares condiciones de vulnerabilidad. La crisis es una fase del ciclo, y por lo tanto inevitable, que se caracteriza por algo tan natural como que de vez en cuando la economía se sitúa por debajo de su potencial. Nuestro problema principal consiste en elevar ese potencial con el fin de minimizar el impacto de las crisis y reducir el alto grado de desempleo estructural y para ello se necesitan básicamente dos cosas. Por un lado, modificar el modelo de intervención pública en la economía con el fin de incrementar el tamaño del sector privado. Por otro, la calidad de los servicios públicos, asumiendo que el freno al deterioro de los servicios sanitarios o la mejora de los resultados de la educación obliga a redistribuir el gasto, insistiendo en el recorte de las partidas prescindibles de contenido político y de ensanchamiento de la estructura de la Junta, pero sobre todo a realizar reformas estructurales con el fin de intentar seguir haciendo las mismas cosas, pero de manera más eficiente.
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